El Gobierno de Cantabria ya intentó en 2017 eliminar las vacaciones escolares de Semana Santa, para poner una semana festiva cada dos meses. La asociación Enraizados expresa su preocupación por lo que entiende que es un “ataque laicista contra la mayoría de la población”.
El presidente regionalista de Cantabria Miguel Ángel Revilla ha puesto de nuevo en marcha la maquinaria del gobierno autonómico para eliminar las vacaciones escolares de Semana Santa en la comunidad autónoma.
El dirigente del Partido Regionalista Cántabro (PRC) ya intentó en 2017 dejar a los alumnos sin las tradicionales vacaciones escolares a través de la Consejería de Educación en manos del PSOE, formación con la que gobernaba en coalición.
Aquella intención fue postergada ante la avalancha de protestas de los padres, que alegaban problemas para la conciliación laboral y familiar y reivindicaban poder acudir junto a sus hijos a los oficios religiosos. Muchas de aquellas protestas se canalizaron a través de una campaña realizada por la Asociación Enraizados que, liderada por una vecina de la comunidad uniprovincial, aunó las voces de más de 8.000 personas.
Tres años después, el ejecutivo autonómico ha recuperado la idea, esta vez de manos de la consejera actual de Educación, Marina Lombó, miembro del PRC. Y, en consecuencia, Enraizados ha lanzado una nueva campaña en la que recuerda que el 75% de los cántabros se declara católico según la encuesta del CIS, a los que habría que sumar los cristianos de otras confesiones que también resultarían afectados por la eliminación de las vacaciones escolares de Semana Santa.
El PRC es partidario ahora de modificar el calendario escolar poniendo una semana de vacaciones cada dos meses manteniendo los días lectivos. Pero desde Enraizados se advierte que si bien es cierto que se mantienen los días, «no así las horas, ya que cambian días de jornada completa por días de media jornada».
Además de dificultar la conciliación familiar y suponer «un desembolso económico extra para las familias en las que trabajan ambos progenitores», la medida no tiene en cuenta que espacios como las ludotecas públicas no cubren el horario laboral de la mayoría de los padres y los campus privados «son totalmente inasequibles para una familia media».
«Nos preocupa enormemente el significado de este ataque laicista contra la mayoría de la población. Sobremanera ahora que nos vemos privados del derecho fundamental de la libertad religiosa a causa de la pandemia», explica la campaña.
Y añaden, dirigiéndose al Gobierno de Cantabria: «¿No les parece suficiente que hayamos pasado esta Semana Santa encerrados en nuestras casas sin poder manifestar públicamente nuestra fe, sin siquiera poder celebrarlo en las iglesias manteniendo las distancias de seguridad?».