LA JUSTICIA RESUELVE QUE LA GENERALITAT CATALANA NO PUEDE CONDICIONAR EL CONCIERTO A LA ESCUELA DIFERENCIADA

Una resolución de un juzgado del contencioso administrativo de Barcelona concluye que las 11 escuelas de educación diferenciada catalanas accederán al concierto

La escuela concertada ha conseguido que se haga justicia en Cataluña. Una resolución de un juzgado del contencioso administrativo de Barcelona concluye que las 11 escuelas de educación diferenciada catalanas tendrán una medida cautelar por medio de la cual se paraliza un requerimiento del 3 de marzo, en el que el Departament d’Educació pedía “documentación adicional” para concederles la renovación del concierto, ya fuera de plazo.

La Generalitat de Cataluña había aprovechado el desconcierto provocado por el estado de alarma que regía en España como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19 para anunciar que retiraría el concierto a las escuelas de educación diferenciada.

“Retiraremos el concierto a los centros que segregen por sexo”, afirmó entonces el conseller de Educación, Josep Bargalló, en sede Parlamentaria el pasado febrero y finalmente cumplió su amenaza.

Sin embargo, la nueva realidad que propone el juzgado obliga a que la Generalitat renueve los conciertos educativos a estas escuelas. Paralelamente se abre un plazo de 15 días para que Educació contesta la decisión. Aunque una medida cautelar no se presume definitiva, ya anuncia la dirección hacia la que el juez tomará su decisión final. 

En la práctica, el auto viene a decir al departamento del conseller Josep Bargalló, por el cual suspendía los conciertos a la escuela diferenciada, que no es legítimo el principal motivo para denegar el concierto a los centros afectados.

La escuela diferenciada, seis años de concierto

“Estamos convencidos de que, a la luz de este auto judicial, el Departament renovará por seis años los conciertos de la primaria de las escuelas diferenciadas de Catalunya”, afirma en una carta enviada a los padres afectados la Institució Familiar d’Educació (IFE), que reúne a estos centros educativos.

La decisión de la Generalitat se presumía anticonstitucional, ya que existe el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y al Estado a ofrecérsela. Sin embargo, la estrategia de Educació era erosionar a estos centros de educación diferenciada con un proceso largo judicial y, al mismo tiempo, ahogar sus finanzas.

Ahora, la pronta decisión del tribunal, que hace que la situación se relaje para estos centros, acepta las cuatro peticiones formuladas por Institució Familiar d’Educació y obliga al Departament “a que se respeten los derechos fundamentales en el proceso de elección de centro de todos aquellos padres y madres que desean matricular sus hijos e hijas en centros diferenciados”, según la carta.

También requiere a Educació “que no emita comunicados públicos o haga declaraciones a los medios de comunicación instando a las familias a cambiar de escuela para disfrutar del concierto”; que “no se perjudique a las escuelas diferenciadas en el normal desarrollo del proceso de matriculación”, y que “se abstenga de dar ninguna eficacia al requerimiento del 3 de marzo, donde se pedía documentación adicional para conceder la renovación del concierto.”

Para IFE, “una vez más, los tribunales han ratificado la plena legalidad de la educación diferenciada y el derecho de nuestras escuelas a recibir financiación pública como cualquier otro centro educativo“.

Por su parte, el presidente de la patronal Fapel, Josep Manuel Prats, ha lamentado “el cansancio de las familias de la escuela concertada, y en particular de la diferenciada, por las dificultades que a menudo sufren a la hora de elegir en condiciones de igualdad la escuela de sus hijos e hijas”. “Los centros de iniciativa social”, añade, “prestan, desde hace décadas, un servicio respetuoso con toda la normativa vigente y con la calidad que Catalunya merece”.

POR FORUM LIBERTAS

DESCONCIERTO CON LA EDUCACIÓN DIFERENCIADA EN CATALUÑA

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POR FERNANDO RODRÍGUEZ-BORLADO PARA ACEPRENSA, 1 JUNIO, 2 0 2 0

 

La Generalitat de Cataluña ha decidido no renovar el concierto educativo a las aulas de Primaria de once colegios de educación diferenciada, aunque prorroga los actuales durante el próximo curso. Según el decreto publicado el 22 de mayo, el motivo es que estos colegios no habrían acreditado las razones pedagógicas para elegir este modelo en vez de la enseñanza mixta.

Los centros afectados están estudiando una respuesta conjunta ante los tribunales, y confían en que las más recientes resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional amparando este modelo educativo dejen sin efecto el anuncio del gobierno autonómico.

Sin tiempo ni razones

No obstante, el anuncio ha provocado un gran malestar por la incertidumbre que traslada a las familias. Sorprenden, más que el sentido de la decisión, las formas escogidas para comunicarla. A mediados de febrero, el gobierno autonómico abrió el periodo para solicitar el concierto para el curso próximo, pero denegó el acceso a los once colegios. Tras interponer una queja formal, finalmente se les permitió, aunque al mismo tiempo el Consejero de Educación declaraba en el parlamento catalán que no se les concertaría. Sin que mediara otra comunicación oficial, a primeros de marzo los colegios recibieron una petición de la Generalitat en la que se les instaba a presentar, en un plazo de diez días, “las razones pedagógicas en que se fundamenta la elección del modelo de educación diferenciada por sexos”. Así lo hicieron. Por ejemplo, el colegio Xaloc, de Barcelona, remitió el Proyecto Educativo del centro, uno de cuyos anexos explica, con abundante bibliografía, la idoneidad de este modelo.

Sin embargo, antes de que se cumpliera el tiempo se declaró el estado de alarma, interrumpiendo todos los trámites. El decreto del gobierno autonómico lo reconoce pero, a continuación, señala que se deniegan los conciertos solicitados por considerar no probado que la educación diferenciada no suponga un “obstáculo para la igualdad”.

La actual ley de educación (LOMCE) establece efectivamente, aunque de manera poco precisa, que los colegios que adopten la enseñanza diferenciada deben fundamentar su elección desde un punto de vista pedagógico, y declarar las medidas que llevan a cabo para favorecer la igualdad. No obstante, una cosa es estar sujetos a esta obligación de forma genérica, y otra que la renovación o no del concierto –la fuente de ingresos vital para estos colegios– dependa de que en diez días puedas “probar” de manera irrecusable los efectos de un modelo pedagógico, como si se tratara de un teorema matemático. ¿Pedían las autoridades una certeza “científica”? ¿La piden para el caso de la enseñanza mixta? Por otra parte, la exigencia probatoria que muestra la Generalitat con los colegios no se la aplicó a sí misma, pues para justificar su decisión le bastó con declararse “no convencida” por los argumentos de los colegios, sin explicar sus razones.

Quizás esta falta de explicación se debe a que la Generalitat intuye que el decreto va a ser anulado en los tribunales. Con todo, como señalan algunos medios, no ha querido ahorrarse este “golpe de efecto”, y ahora tiene la oportunidad de achacar su fracaso a los jueces.

El fondo de la cuestión

Si la decisión de la Generalitat sorprende en cuanto a las formas, no se puede decir lo mismo respecto al fondo de la cuestión. En los últimos años, el ejecutivo ha ido lanzando mensajes sobre su voluntad de excluir a las escuelas diferenciadas de la financiación pública. Ya en la Ley de Educación de Cataluña (LEC), aprobada en 2009, se establecía que el modelo de enseñanza mixta sería objeto de “atención preferente”, otra fórmula vaga a la que el gobierno autonómico se ha agarrado ahora para justificar la denegación de los conciertos.

No obstante, ninguno de los argumentos esgrimidos, cogidos con alfileres a dos pasajes ya de por sí ambiguos de la LOMCE y la LEC, parece que puedan ser suficientes para enfrentarse a la sólida jurisprudencia que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han ido forjando en los dos últimos años en favor de la legalidad de la escuela diferenciada, y de su acceso en igualdad de condiciones a la financiación pública.

La sentencia más contundente en este sentido es la dictada por el Tribunal Constitucional (TC) en abril de 2018, tras un recurso de inconstitucionalidad contra la LOMCE presentado por el grupo parlamentario socialista. La sentencia avala que el modelo de enseñanza diferenciada es una opción pedagógica, y no filosófica o religiosa, y que resulta perfectamente compatible con el principio de no discriminación requerido por la Constitución y por otras leyes internacionales de obligado cumplimiento para España, especialmente la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 14 de diciembre de 1960. Esta niega el carácter discriminador de la enseñanza diferenciada siempre que los contenidos y el nivel de exigencia de los colegios de chicos y chicas sean iguales.

La sentencia del TC dedica un apartado específico a defender el derecho de los colegios diferenciados a acceder a los conciertos en igualdad de condiciones que los mixtos. Aunque el fallo recuerda que no existe un “derecho a la subvención” como tal, establece que las condiciones exigidas serán las marcadas por la ley, “pero sin que el carácter del centro como centro de educación diferenciada pueda alzarse en obstáculo para dicho acceso”.

También el Tribunal Supremo (TS) ha avalado este modelo en varias sentencias dictadas en los últimos años. Una de ellas, de 2018, nace de un caso muy parecido al de las escuelas catalanas. Entonces se trataba de varios colegios de Andalucía, a los que el gobierno autonómico decidió no renovar los conciertos por ser de educación diferenciada, pese a que también les concedía un año de prórroga. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya dio la razón a los centros educativos, pero ante el recurso del ejecutivo, el caso llegó al TS, que reiteró la legalidad de esta opción pedagógica, su carácter no discriminatorio y su legitimidad para recibir financiación pública. Lo hizo, además, apoyándose en otras sentencias del TC (entre ellas, la de abril), por lo que se puede decir que existe ya una “red” de jurisprudencia concordante y emitida por los dos tribunales más importantes del país. No obstante, hay que recordar que en su día el TS dictó algunos fallos en sentido contrario ateniéndose a la redacción de la ley entonces vigente (LOE), ya que en su articulado no se protegía explícitamente la enseñanza diferenciada y en cambio había una ambigua mención a la preferencia de la educación mixta. Conocer estos precedentes es importante ya que el texto del proyecto de ley que se está tramitando actualmente, la llamada “ley Celaá”, es prácticamente igual que el de la LOE en lo que toca a la diferenciada.

Asentada fuera de España

Por otra parte, este modelo pedagógico también ha sido avalado en las cortes de otros países, como Estados Unidos o Alemania. En este último, fue el Tribunal Administrativo Federal, máxima instancia en este ámbito, quien confirmó la legalidad de la enseñanza diferenciada con argumentos parecidos a los que después emplearía el TC español (ver Aceprensa, 4-2-2013 y 14-6-2013).

Aunque en Alemania, la gran mayoría de los colegios diferenciados son privados, en otros lugares este modelo también está asentado en el sector público. Tal es el caso de países de cultura anglosajona como Irlanda, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Australia o Nueva Zelanda, además de la región de Oriente Medio. En todos ellos, la no identificación del Estado con un modelo pedagógico se demuestra en la práctica, y no solo en teoría como en España.

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LA EDUCACIÓN DIFERENCIADA: BUENOS RESULTADOS Y FAVORECE EL LIDERAZGO DE LA MUJER

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La educación diferenciada no es solamente un modelo educativo amparado por la constitución, además, demuestra buenos resultados académicos

El reciente revés de la Generalitat de Cataluña a la escuela diferenciada al retirarle en concierto pone de relieve el valor de la metodología de este tipo de docencia.

Y es que la educación diferenciada no es solamente un modelo educativo amparado por la constitución, sino que, además demuestra buenos resultados académicos.

La educación diferenciada favorece el liderazgo de la mujer

La educación diferenciada favorece el liderazgo de la mujer. De hecho, por todos es conocido el caso de Nancy Pelosi, primera mujer portavoz de la Casa Blanca, Sally Ride, primera mujer que viajó al espacio, Madeleine Albright, primera mujer Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, primera mujer responsable de la Seguridad Nacional y después Secretaria de Estado; Christine Todd Whitman, primera mujer gobernadora de un Estado (New Jersey); Hillary Clinton, ExSecretària de Estado; Oprah Winfrey, primera mujer afroamericana a tener un programa de televisión y primera a ser billonaria.

Todas ellas son de orígenes socioeconómicos varios y en cambio tienen una cosa en común: estudiaron en centros educativos para chicas, un tipo de colegio que sólo representa el 7% de las escuelas privadas en Estados Unidos.

Este tipo de colegios trabajan asimismo en eliminar los estereotipos de género que están tan arraigados a nuestra sociedad y que favorecen que el índice de acceso de las mujeres a las carreras del ámbito de la ciencia y la tecnología sea siempre marcadamente inferior al de los hombres.

Un modelo con buenos resultados académicos

Datos estadísticos de Inglaterra confirman que los resultados académicos de enseñanza diferenciada son muy positivos: de las 10 mejores escuelas públicas (state schools), 4 (40%) son de chicos, 4 (40%) son de chicas y 2 (20%) son mixtas.

Si comprobamos los resultados de las 50 mejores escuelas públicas del país: 15 (30%) son masculinas, 19 (38%) son femeninas y solo 16 (32%) son mixtas, es decir que un 68% corresponde a escuelas con educación diferenciada por sexo.

educación diferenciada

En el año 2002 en Estados Unidos, después de rigurosos estudios impulsados por el Departamento de Educación, se retiró la prohibición de optar por el modelo de educación diferenciada en la escuela pública.

En los siete años posteriores se han superado el medio millar de centros públicos de estas características, con resultados muy positivos. El ex presidente Obama se pronunció públicamente a favor del modelo.

Son abundantes los ejemplos que demuestran que esta forma de organización escolar puede ayudar a combatir el fracaso escolar y fomentar la igualdad de oportunidades entre el alumnado recién llegado. En los barrios más desfavorecidos de Chicago, por ejemplo, solo uno de cada 40 alumnos afroamericanos llegaba a la universidad.

A raíz de estas cifras tan preocupantes, nació el proyecto Prep Urban Project –instituto público para muchachos afroamericanos al que se entra por sorteo-. La cuota de éxito escolar de estos centros está por encima del 95%.

POR FORUM LIBERTAS

“Los abogados estamos notando un aumento de las consultas para iniciar la separación o el divorcio”, afirma la Asociación Española de Abogados de Familia

 

familia COVID-19

“Los abogados estamos notando un aumento de las consultas para iniciar la separación o el divorcio”, afirma la Asociación Española de Abogados de Familia

La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) ha informado de un aumento de las personas que realizan consultas para iniciar procesos de divorcio desde el inicio del confinamiento provocado por la crisis sanitaria del COVID-19.

Del mismo modo, también han identificado, que las peticiones para rebajar las pensiones de alimentos de hijos en situaciones de padres separados o divorciados han aumentado debido a la pérdida de ingresos provocada por el paro económico.

“En los despacho de abogados estamos notando un aumento de las consultas para iniciar la separación o el divorcio”, ha afirmado la presidenta de la AEAFA, María Dolores Lozano.

La situación de confinamiento también está suponiendo un duro golpe a la institución familiar, que ya estaba profundamente golpeada por las leyes que facilitan el divorcio exprés, el denominado ‘matrimonio’ homosexual, entre otras.

A esto se le suma que no está habiendo un repunte de la natalidad, y que se ha multiplicado la demanda del porno durante el confinamiento por las agresivas campañas de difusión que están desarrollando los principales portales de este tipo de contenido. Un contenido que numerosos estudios han demostrado contraproducente para la estabilidad familiar y destacado sus cualidades adictivas.

La familia, desestucturada

Esta situación y estos elementos hacen que haya más familias desestructuradas. 

Del mismo modo, sobre la presión que está ejerciendo esta situación sobre las familias, la presidenta de la AEAFA explica que “después de las vacaciones de verano, Navidad o Semana Santa, cuando las parejas conviven más tiempo, se suele producir un repunte importante de las rupturas y ahora está ocurriendo una situación parecida”.

También llama la atención sobre el hecho de que, en el contexto del COVID-19, están recibiendo una “avalancha de peticiones para rebajar o extinguir las pensiones alimenticias de los hijos y las compensaciones económicas a la expareja debido a la pérdida de ingresos provocada por la actual crisis sanitaria”, que ha abierto un campo de incertidumbre en el mercado laboral.

Asimismo, María Dolores Lozano asegura que en el futuro habrá un aluvión de procesos para solicitar una compensación de tiempo por parte de padres y madres divorciados que se han visto desprovistos de la compañía de sus hijos debido al confinamiento impuesto por el estado de alarma decretado ante la pandemia.

POR FORUM LIBERTAS

BANCO DE ESPAÑA – BDE: EL TELETRABAJO HA VENIDO PARA QUEDARSE

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En el último estudio del Banco de España (BdE) se asegura que el teletrabajo se implantará de manera generalizada después de la pandemia. En el caso de los perfiles cualificados, el BdE cree que aún más españoles pueden trabajar mediante esta modalidad

Según el último estudio del Banco de España (BdE), el teletrabajo debería seguir aumentando, llegando hasta el 60% en el caso de los trabajos con mayor cualificación. En el estudio se estima que el 30,6 % de los ocupados podría teletrabajar, al menos ocasionalmente, lo que supone 22,3 puntos porcentuales más que en la actualidad.

Los empleos donde es más probable que se implante definitivamente el teletrabajo son los perfiles de tipo técnicos y profesionales científicos e intelectuales, los directores y gerentes, los empleados contables, los administrativos y otros empleados de oficina.

El Banco de España basa su informe en la Encuesta de Población Activa y señala que el porcentaje de ocupados en 2019 que trabajó ocasionalmente desde su residencia ascendió al 8,4 %, lo que representó un crecimiento de 2,4 puntos porcentuales desde 2009.

La entidad afirma que la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 ha obligado a muchas empresas a adoptar de forma excepcional y apresurada el teletrabajo pero incide en que más allá del teletrabajo como una solución para amortiguar los efectos negativos de una situación de confinamiento como la actual, existen estudios que muestran otras características vinculadas a la productividad.

Aunque el Banco de España es partidario de que, poco a poco, la presencia del teletrabajo vaya teniendo más peso en la economía española, también reconoce que tiene algunos problemas. Para echa mano de algunos estudios y encuestas en donde los trabajadores sostienen que echan de menos la “falta de comunicación con los colaboradores, la sensación de trabajar en solitario y la dificultad para desconectar”.

En el lado contrario, se valora positivamente “la flexibilidad para distribuir la jornada laboral y realizar tareas en distintos lugares y el no tener que perder el tiempo en desplazamientos”. Ante esta situación, el regulador recuerda que hay muchos estudios que aconsejan “favorecer el teletrabajo, pero no de forma continuada, sino alternando el trabajo en casa con la presencia física en la empresa”. E insiste en que el trabajo en remoto “puede convertirse en una buena opción para alargar la vida laboral de los trabajadores, ya que la flexibilidad horaria es algo que valoran especialmente las personas que se aproximan a la edad de jubilación”.

Por edad, los mayores de 65 años tendrían un elevado margen de mejora en esta modalidad, y prácticamente la mitad de este colectivo (43,5%) podría pasar a trabajar de forma no presencial, al tiempo que los menores de 24 años podrían incrementar el uso del teletrabajo en casi 20 puntos porcentuales.

Asimismo, las comunidades autónomas que cuentan con un mayor margen de aplicación del trabajo a distancia son la Comunidad de Madrid, que podría aumentar el teletrabajo en 28 puntos porcentuales, el País Vasco (26 pp) y Cataluña (25 pp).

POR FORUM LIBERTAS

ENTIDADES EDUCATIVAS DENUNCIAN QUE EL GOBIERNO APROVECHE EL ESTADO DE ALARMA PARA IMPONER LA LOMLOE

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El CEU, la CONCAPA, la CEAAAEC, la Fundación Educatio Servanda y la Plataforma por las Libertades, entre otras, denuncian que se haga al margen de toda la comunidad educativa

El Gobierno y el Ministerio de Educación y Formación Profesional están aprovechando el Estado de Alarma para intentar imponer la Lomloe, al margen de toda la comunidad educativa. Este modo de proceder por imposición es contrario a las constantes llamadas al dialogo, consenso, equidad e igualdad a la que tanto apela la ministra de educación.

Es por eso que las entidades Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), Confederación Española de Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica (CEAAAEC), CEU San Pablo, Fundación Educatio Servanda, Plataforma por las Libertades, Plataforma Yolibre.org, Plataforma Libres para Educar a nuestros hijos, se adhieren al contenido descrito en la nota de prensa publicada el día 27 de abril por la plataforma Concertados en los medios de comunicación.

“Al mismo tiempo -prosiguen- queremos destacar nuestro malestar y perplejidad por la publicación el pasado día 24 de abril de la Orden EFP/365/2020 de 22/04/20 del Ministerio de Educación y Formación Profesional por la que “se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 20202021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19”, donde se permite decidir a las Comunidades Autónomas el número de asignaturas suspensas para obtener el título o promocionar, orden que atenta y vulnera la Ley Orgánica de Educación actualmente vigente LOE-LOMCE y que podría ser inconstitucional”.

Este proceder, a juicio de estas instituciones, “demuestra la prisa con que el Gobierno, por medio de la ministra de Educación, Isabel Celaá, y sus socios, quieren imponer una Ley educativa que no nació del consenso. Es más, esta Ley tiene indignada a la comunidad educativa por no contar con ella, elimina la educación especial, limita al máximo la libertad de educación, la de elección de los padres y la libertad religiosa-moral, al mismo tiempo que suprime la “demanda social” que es la verdadera garantía de libertad de las familias, presionando aún más a la red de iniciativa social -centros sostenidos parcialmente con fondos públicos “concertados”- que han sido vitales para vertebrar, estas últimas décadas, la educación de nuestro país”.

Siete puntos sobre la Lomloe

Por todo lo descrito anteriormente, las asociaciones manifiestan:

1.- Este modo de proceder por imposición es contrario a las constantes llamadas al dialogo, consenso, equidad e igualdad a la que tanto apela la ministra en todas sus declaraciones, despreciando una vez mas la libertad de las familias para poder elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos según sus convicciones religiosas y morales, según se afirma en el Art. 27 de la Constitución Española.

2.- Se limita o elimina la posibilidad, a la iniciativa social, de creación de centros educativos de cualquier otro tipo de inspiración, religiosa o no.

3.- Hace saltar nuevamente por los aires el pacto “social y político por la educación”, tan necesario en este momento en el que se quiere desarrollar una nueva Ley Orgánica de Educación, sin tener en cuenta las aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil y de las familias, primeras educadoras de sus hijos.

4.- Es necesario no olvidar que el Estado es subsidiario a la responsabilidad educativa de las familias. Por ello, debe estar siempre a su servicio para trabajar complementariamente en la educación y formación con ellas. La patria potestad de nuestros hijos la tenemos las familias y es nuestra responsabilidad vigilar y velar por su protección.

5.- La citada Orden Ministerial echa por tierra el esfuerzo y el trabajo, no sólo de los alumnos sino de los propios docentes, al dejar en manos de las Comunidades Autónomas las decisiones de las promociones o titulaciones, sin adquirir las competencias necesarias, induce el desamparo legal y la inseguridad jurídica de los docentes y de los equipos directivos frente a los servicios de inspección educativa. Además de vulnerar la ley educativa actualmente vigente LOE-LOMCE, crea claras y sangrantes diferencias y discriminaciones dentro de la población escolar, más cuando estamos en un estado de alarma y en una situación muy excepcional.

6.- Es imperativo que las normas que se dicten sean claras y no contradictorias. Las dictadas hasta ahora generan incertidumbre y malestar en toda la comunidad educativa. Queremos que se cuente con todas las organizaciones antes de tomar decisiones unilaterales que, como estamos viendo, son cambiadas una y otra vez con el consiguiente perjuicio para la comunidad educativa. El Ministerio debe de asumir sus competencias, generales e iguales para todo el territorio y las Comunidades Autónomas las que su propia normativa, por tener las competencias transferidas, les atribuye.

7.- Pedimos a nuestros políticos “altura de miras” para trabajar, desde el consenso y el dialogo, por mejorar nuestro sistema educativo y la formación que reciben nuestros menores y universitarios, desde el consenso y el dialogo. El valor que determina el crecimiento y la prosperidad de una sociedad es su educación y su formación, que siempre es una inversión de futuro. Algo falla cuando nuestros mejores cerebros abandonan su país, con la pérdida de la inversión que se ha hecho en ellos.

Finalmente, dicen a la ministra que, en un momento tan excepcional como el que vivimos, “no son apropiadas estas decisiones, que lo único que quieren es imponer sus propias medidas y las de sus socios de gobierno, excluyendo a la gran parte de la sociedad que no piensa de la misma forma. No es el momento para tratar de aprobar, de manera tan irregular y rozando la inconstitucionalidad, una Ley Orgánica de tanta importancia como la de Educación“.

Finalmente, consideran que “la política debería estar fuera de la tarea educativa. Hay que trabajar por una educación gratuita y universal, estatal o de iniciativa social, en equidad e igualdad y sobre todo de calidad, respetando en todo momento la libertad de educación y la libre elección de las familias”.

POR FORUM LIBERTAS

REVILLA INTENTA DE NUEVO ELIMINAR LAS VACACIONES ESCOLARES DE SEMANA SANTA

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El Gobierno de Cantabria ya intentó en 2017 eliminar las vacaciones escolares de Semana Santa, para poner una semana festiva cada dos meses. La asociación Enraizados expresa su preocupación por lo que entiende que es un “ataque laicista contra la mayoría de la población”.

El presidente regionalista de Cantabria Miguel Ángel Revilla ha puesto de nuevo en marcha la maquinaria del gobierno autonómico para eliminar las vacaciones escolares de Semana Santa en la comunidad autónoma.

El dirigente del Partido Regionalista Cántabro (PRC) ya intentó en 2017 dejar a los alumnos sin las tradicionales vacaciones escolares a través de la Consejería de Educación en manos del PSOE, formación con la que gobernaba en coalición.

Aquella intención fue postergada ante la avalancha de protestas de los padres, que alegaban problemas para la conciliación laboral y familiar y reivindicaban poder acudir junto a sus hijos a los oficios religiosos. Muchas de aquellas protestas se canalizaron a través de una campaña realizada por la Asociación Enraizados que, liderada por una vecina de la comunidad uniprovincial, aunó las voces de más de 8.000 personas.

Tres años después, el ejecutivo autonómico ha recuperado la idea, esta vez de manos de la consejera actual de Educación, Marina Lombó, miembro del PRC. Y, en consecuencia, Enraizados ha lanzado una nueva campaña en la que recuerda que el 75% de los cántabros se declara católico según la encuesta del CIS, a los que habría que sumar los cristianos de otras confesiones que también resultarían afectados por la eliminación de las vacaciones escolares de Semana Santa.

El PRC es partidario ahora de modificar el calendario escolar poniendo una semana de vacaciones cada dos meses manteniendo los días lectivos. Pero desde Enraizados se advierte que si bien es cierto que se mantienen los días, «no así las horas, ya que cambian días de jornada completa por días de media jornada».

Además de dificultar la conciliación familiar y suponer «un desembolso económico extra para las familias en las que trabajan ambos progenitores», la medida no tiene en cuenta que espacios como las ludotecas públicas no cubren el horario laboral de la mayoría de los padres y los campus privados «son totalmente inasequibles para una familia media».

«Nos preocupa enormemente el significado de este ataque laicista contra la mayoría de la población. Sobremanera ahora que nos vemos privados del derecho fundamental de la libertad religiosa a causa de la pandemia», explica la campaña.

Y añaden, dirigiéndose al Gobierno de Cantabria: «¿No les parece suficiente que hayamos pasado esta Semana Santa encerrados en nuestras casas sin poder manifestar públicamente nuestra fe, sin siquiera poder celebrarlo en las iglesias manteniendo las distancias de seguridad?».

POR ANA FUENTES PARA ACTUALL

 

LA MINISTRA DE IGUALDAD DE UK DICE NO A LA CIRUGÍA DE CAMBIO DE SEXO PARA MENORES

La Ministra para la Mujer y la Igualdad del Reino Unido ha anunciado que planea prohibir que los menores se sometan a cualquier procedimiento permanente destinado a cambiar de sexo. Esta política fue anunciada por la ministra, Liz Truss, el pasado 22 de abril.

En una comparecencia ante el Comité de Mujeres e Igualdad de la Cámara de los Comunes, Truss afirmó que se comprometía a “asegurar que los menores de 18 años estén protegidos de las decisiones que puedan tomar, que son irreversibles en el futuro“.

Truss añadió que los adultos deben ser libres de hacer lo que quieran con sus cuerpos, pero que “es muy importante que mientras las personas estén desarrollando su capacidad de decisión los protejamos de tomar decisiones irreversibles“.

El Reino Unido tiene un centro de salud “de género” dirigida a niños, el “Servicio de Desarrollo de la Identidad de Género (GIDS)”, que forma parte del Tavistock and Portman NHS Trust. Tavistock, como se suele denominar al centro de salud, ha sido objeto de un creciente escrutinio público debido al número cada vez mayor de niños, en particular de niñas, que son remitidos a sus servicios.

En el año 2009-2010, un total de 72 menores, 32 niñas y 40 niños, fueron referidos a Tavistock. Según las cifras publicadas en el sitio web de Tavistock, para 2018-2019 esa cifra había aumentado a 2.590, con 1.740 niñas y 624 niños. De las 2.590 remisiones, todas menos 30 eran menores de 18 años.

Un total de 1.814 eran menores de 16 años, que es la edad de consentimiento médico en la legislación del Reino Unido; 171 eran menores de 10 años.

En el Reino Unido un menor está técnicamente autorizado a obtener una cirugía de reasignación de sexo con el permiso de sus padres, aunque los reglamentos del Servicio Nacional de Salud establecen que esto es poco frecuente. Sin embargo, es mucho más común la distribución de “bloqueadores de la pubertad” y tratamientos hormonales cruzados que hacen que el cuerpo no se desarrolle naturalmente y que imite las características del sexo opuesto. Aunque algunos afirman que los bloqueadores de la pubertad son “totalmente reversibles”, algunos expertos médicos refutan esta afirmación.

La política de Tavistock permite que pacientes de tan sólo 11 años reciban medicamentos “bloqueadores de la pubertad”. Antes de 2011 el límite de edad más bajo para estas drogas era de 16 años.

Tavistock ha sido denunciado por un grupo de antiguos pacientes que han tratado de revertir sus tratamientos de reasignación de sexo y por los familiares de estos pacientes.

Kiera Bell, una antigua paciente de Tavistock que durante un tiempo se identificó como varón, es una de las principales demandantes en una de las denuncias interpuestas contra el centro de salud. La denuncia, que se presentó en enero de 2020, afirma que Tavistock actuó de manera irresponsable en su modelo de atención “afirmativa”.

Bell, que recibió tratamientos hormonales a los 17 años y una doble mastectomía a los 20 años, se refirió a los tratamientos que recibió como “un camino tortuoso e innecesario que es permanente y que cambia la vida“.

No creo que los niños y jóvenes puedan dar su consentimiento al uso de drogas hormonales potentes y experimentales como yo lo hice“, afirmó Bell. Bell recibió medicamentos para bloquear la pubertad a la edad de 16 años tras sólo tres citas de una hora en Tavistock. A pesar de haber dejado de tomar hormonas sexuales durante un año, Bell todavía tiene vello facial.

Creo que el actual sistema de Tavistock es inadecuado, ya que no permite la exploración de estos sentimientos disfóricos de género, ni busca encontrar las causas subyacentes de esta condición“, añadió.

Bell declaró que las hormonas y la cirugía no funcionan para todo el mundo, y “ciertamente no deberían ser ofrecidas a alguien menor de 18 años cuando son emocional y mentalmente vulnerables“.

La respuesta al anuncio de Truss ha sido diversa. La diputada conservadora Jackie Doyle-Price tuiteó que estaba “muy contenta” con el discurso de Truss y dijo que era un “enfoque de sentido común que defiende los derechos de las personas trans y protege a las mujeres y los niños“.

La ex-empleada de Tavistock, Susan Evans, dijo que las propuestas políticas eran “fantásticas“.

Esperemos que este sea otro paso para asegurar que los niños sanos no sean innecesariamente objeto de una transición médica“, dijo.

Los grupos de activistas transexuales han condenado las declaraciones de la ministra.

Mermaids, una organización que apoya “a los niños y jóvenes trans y de género diverso y sus familias ” calificó la propuesta de “un paso grave” y acusó a la ministra de apoyar “la introducción de una nueva forma de desigualdad en la práctica médica británica“.

POR FORUM LIBERTAS

CONFINAMIENTO Y CLÍNICAS ABORTISTAS EN LA COMUNIDAD CATALANA

 

 

Es irracional y vergonzoso que el gobierno catalán (el Departamento de Salud), y el Ministerio de Salud lo esta estudiando, no solo autoricen la actividad a las clínicas abortivas si no que agilicen los trámites, para continuar con su tarea de matar a los más inocentes, débiles, e indefensos de los seres humanos, cuando la mayoría de actividades de la sociedad están paralizadas y los trabajadores y profesionales están confinados por el peligro de contagio que pueda producir la muerte de otros seres humanos. Esos “médicos y enfermeros” profesionales del aborto, en lugar de estar provocando muertes, debieran “quedarse en casa” o, mejor aún, colaborando en los hospitales para salvar cuantas más vidas humanas mejor de mayores y pequeños.

La inhumanidad del aborto y de unos poderes públicos que en lugar de limitarlo y proteger la vida de aquellos inocentes e indefensos víctimas del mismo, lo facilitan y se ponen al servicio de quienes se lucran con ello, es todavía más evidente en el contexto de una pandemia que pone en peligro la vida de miles de seres humanos, y evidencia el papel mojado de los muy dignos artículos: 15 de la Constitución (“Todos tienen derecho a la vida …”) y 14 (“Todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna …”), puesto que los profesionales del aborto, que se dedican a matar, son unos privilegiados frente al resto de ciudadanos que tienen la obligación justificada de estar confinados para que otros no enfermen.

Ojala después de esta pandemia progrese la conciencia y la humanidad, la compasión y la racionalidad y podamos asistir a la abolición del aborto y se haga realidad el respeto a la vida de todo ser humano.

 Por Sr. D. Pau Sanfeliu Arboix 

EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CATALÁN FUERA DE LA LEY, ATACA LA LIBERTAD DE LOS PADRES Y MADRES

Nuevo modelo de alegaciones para que el Departamento ha presentado un nuevo decreto, en esta ocasión el decreto de conciertos.

En esencia ambos dicen lo mismo:
– la programación pasa por delante del derecho de las familias a elegir la educación de los hijos
– establecen muchos requisitos – algunos de ellos contrarios a la legislación actual – para que una escuela reciba concierto.
– Se exige mucho pero sin dotar económicamente la escuela concertada a pesar de reconocer la infrafinanciación a la que está sometida.

Pero para  cada decreto necesitamos la respuesta contundente – en forma de alegaciones  – de las familias de las más de 320.000 niños que escolariza la escuela concertada.

Estos decretos se presentan para trámites de urgencia para que no haya tiempo de presentar alegaciones. En esta ocasión incluso se ha encontrado una fecha perfecta (carnaval + fiestas de libre disposición). Que el calendario no sea un impedimento!

La mayoría de escuelas concertadas de Cataluña están en marcha. Y nosotros nos queremos sumar a esta nueva campaña de recogida de alegaciones para superar las 150.000 alegaciones.

Seguramente el Consejero seguirá haciendo declaraciones a los medios – un terreno en el que se mueve muy bien – para decir nuevamente lo de que saldrá adelante el decreto aunque “entiende perfectamente las críticas”. Sr. Bargalló  125.000 alegaciones en cinco días no es una crítica es un alud social que manifiesta el rechazo contundente a sus políticas.

Todos queremos combatir la segregación escolar! Y si él quisiera realmente podría empezar por aplicar la recomendación que hace el propio Síndic al pacto contra la segregación la principal causa de la segregación es que la educación no está bien financiada. Por eso sorprende que, entre tanto decreto, no haya ni un euro más para la concertada. Puede ser esto no interesa … *

Por tanto, ahora toca hacer un nuevo esfuerzo para recoger alegaciones. Y si con todo esto el Departamento no rectifica o reabre la vía del diálogo las familias tendremos que seguir insistiendo. La escuela concertada está más unida que nunca y las familias defenderemos nuestro derecho a elegir la educación de nuestros hijos e hijas.

Más información.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/laeto-animo/som-families-escola-concertada-252586

SR. DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A LA FAMILIA Y COMUNIDAD EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
SR.
El señor / la Señora ……………………………………… ………………………….., mayor de edad, con DNI núm. …………………… con domicilio en ………………….. ……………………………………….., y con dirección electrónica ………………………………. ante USTED comparecen y con el debido respeto, EXPONE:
Que dentro del plazo fijado en el Edicto de 14 de febrero de 2020, por el que se somete a información pública el Proyecto de Decreto por el que se regulan los conciertos educativos en trámite en el Departamento de Educación, formula las siguientes
ALEGACIONES:
El proyecto de decreto supedita el concierto en una programación anual de la oferta educativa que podrá comportar la supresión de unidades concertadas antes que las familias hayan podido optar por el centro de su preferencia. Además, impone un único modelo de organización escolar mixto.
El concierto tiene una duración y un número de unidades de acuerdo con el contrato firmado entre la escuela y la Administración. Retirar unidades concertadas antes de poder hacer la oferta es un incumplimiento de las condiciones del concierto y una vulneración del derecho de los padres y madres a elegir escuela. Esta revisión anticipada también supone la desaparición de proyectos educativos y pone en peligro puestos de trabajo del personal que presta servicios en el centro concertado.
La programación educativa debe armonizar los derechos de padres y madres a elegir escuela, con el derecho de todos a una educación de calidad. Hay que eliminar del decreto cualquier previsión de retirada de unidades antes del periodo de preinscripción, respetando la oferta existente.
El Proyecto de Decreto establece nuevos requisitos en las escuelas si quieren mantener el concierto, que conllevan necesariamente un incremento del gasto, pero no hay ninguna previsión de aplicación económica que permita hacer frente a estas nuevas condiciones, que conllevará la retirada de los conciertos o un incremento de las aportaciones que deben hacer las familias.
El nuevo decreto prevé que las escuelas concertadas escolaricen alumnado con necesidades educativas específicas de acuerdo con la media de los otros centros de su zona educativa. También garantizar al alumnado con condiciones socioeconómicas desfavorecidas, durante el periodo de vigencia extinguido, el acceso equitativo a las actividades complementarias, extraescolares y los servicios y escolarizar alumnado con domicilio habitual en la zona educativa respectiva en una proporción no inferior al 60% en relación con el número total de alumnado del centro.
Si no se cumplen estas nuevas condiciones, se producirá la retirada del concierto, pero se imponen sin prever aplicar la dotación económica que permita al centro el cumplimiento de estas exigencias.
Estos requisitos son un callejón sin salida para las escuelas. Pedimos la aplicación de las medidas económicas adecuadas para poder afrontar y para garantizar que no incrementará el coste de la educación para las familias y que no se retirarán los conciertos. Y si no es posible, pedimos la supresión de estos nuevos requisitos.
El proyecto de decreto reconoce la falta de financiación de las escuelas concertadas, pero no afronta su solución. Crea inseguridad y no resuelve la infrafinanciación.
La memoria económica del proyecto de decreto reconoce que la financiación que reciben los centros concertados no cubre el gasto que hacen en conceptos necesarios y básicos para su funcionamiento ordinario, y que las plantillas de profesores también son insuficientes. Esta falta de inversión pasa a cubrirse por medio de las aportaciones de las familias. La memoria concluye que es necesario incrementar la dotación de los módulos de los conciertos educativos para llegar a la gratuidad, pero no establece ni un calendario de aplicación ni una consignación en el presupuesto que permita una mejora en la financiación de las escuelas. Es más, para este año 2020 no se ha contemplado ninguna partida económica al presupuesto para atender cualquier mejora en la dotación.
Pedimos que el nuevo decreto no se apruebe hasta que la comisión de expertos determine el coste de la plaza escolar y que, entonces, contemple un calendario de financiación para el incremento de los módulos económicos de los conciertos educativos que garantice la gratuidad, permita hacer efectivos todos los principios que incorpora el nuevo decreto y evite que las familias tengan que hacer aportaciones económicas por estos conceptos.
Todo esto lo hacemos constar, respetuosamente con la voluntad que se atiendan estas alegaciones.
firma