CONFINAMIENTO Y CLÍNICAS ABORTISTAS EN LA COMUNIDAD CATALANA

 

 

Es irracional y vergonzoso que el gobierno catalán (el Departamento de Salud), y el Ministerio de Salud lo esta estudiando, no solo autoricen la actividad a las clínicas abortivas si no que agilicen los trámites, para continuar con su tarea de matar a los más inocentes, débiles, e indefensos de los seres humanos, cuando la mayoría de actividades de la sociedad están paralizadas y los trabajadores y profesionales están confinados por el peligro de contagio que pueda producir la muerte de otros seres humanos. Esos “médicos y enfermeros” profesionales del aborto, en lugar de estar provocando muertes, debieran “quedarse en casa” o, mejor aún, colaborando en los hospitales para salvar cuantas más vidas humanas mejor de mayores y pequeños.

La inhumanidad del aborto y de unos poderes públicos que en lugar de limitarlo y proteger la vida de aquellos inocentes e indefensos víctimas del mismo, lo facilitan y se ponen al servicio de quienes se lucran con ello, es todavía más evidente en el contexto de una pandemia que pone en peligro la vida de miles de seres humanos, y evidencia el papel mojado de los muy dignos artículos: 15 de la Constitución (“Todos tienen derecho a la vida …”) y 14 (“Todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna …”), puesto que los profesionales del aborto, que se dedican a matar, son unos privilegiados frente al resto de ciudadanos que tienen la obligación justificada de estar confinados para que otros no enfermen.

Ojala después de esta pandemia progrese la conciencia y la humanidad, la compasión y la racionalidad y podamos asistir a la abolición del aborto y se haga realidad el respeto a la vida de todo ser humano.

 Por Sr. D. Pau Sanfeliu Arboix 

EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CATALÁN FUERA DE LA LEY, ATACA LA LIBERTAD DE LOS PADRES Y MADRES

Nuevo modelo de alegaciones para que el Departamento ha presentado un nuevo decreto, en esta ocasión el decreto de conciertos.

En esencia ambos dicen lo mismo:
– la programación pasa por delante del derecho de las familias a elegir la educación de los hijos
– establecen muchos requisitos – algunos de ellos contrarios a la legislación actual – para que una escuela reciba concierto.
– Se exige mucho pero sin dotar económicamente la escuela concertada a pesar de reconocer la infrafinanciación a la que está sometida.

Pero para  cada decreto necesitamos la respuesta contundente – en forma de alegaciones  – de las familias de las más de 320.000 niños que escolariza la escuela concertada.

Estos decretos se presentan para trámites de urgencia para que no haya tiempo de presentar alegaciones. En esta ocasión incluso se ha encontrado una fecha perfecta (carnaval + fiestas de libre disposición). Que el calendario no sea un impedimento!

La mayoría de escuelas concertadas de Cataluña están en marcha. Y nosotros nos queremos sumar a esta nueva campaña de recogida de alegaciones para superar las 150.000 alegaciones.

Seguramente el Consejero seguirá haciendo declaraciones a los medios – un terreno en el que se mueve muy bien – para decir nuevamente lo de que saldrá adelante el decreto aunque “entiende perfectamente las críticas”. Sr. Bargalló  125.000 alegaciones en cinco días no es una crítica es un alud social que manifiesta el rechazo contundente a sus políticas.

Todos queremos combatir la segregación escolar! Y si él quisiera realmente podría empezar por aplicar la recomendación que hace el propio Síndic al pacto contra la segregación la principal causa de la segregación es que la educación no está bien financiada. Por eso sorprende que, entre tanto decreto, no haya ni un euro más para la concertada. Puede ser esto no interesa … *

Por tanto, ahora toca hacer un nuevo esfuerzo para recoger alegaciones. Y si con todo esto el Departamento no rectifica o reabre la vía del diálogo las familias tendremos que seguir insistiendo. La escuela concertada está más unida que nunca y las familias defenderemos nuestro derecho a elegir la educación de nuestros hijos e hijas.

Más información.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/laeto-animo/som-families-escola-concertada-252586

SR. DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A LA FAMILIA Y COMUNIDAD EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
SR.
El señor / la Señora ……………………………………… ………………………….., mayor de edad, con DNI núm. …………………… con domicilio en ………………….. ……………………………………….., y con dirección electrónica ………………………………. ante USTED comparecen y con el debido respeto, EXPONE:
Que dentro del plazo fijado en el Edicto de 14 de febrero de 2020, por el que se somete a información pública el Proyecto de Decreto por el que se regulan los conciertos educativos en trámite en el Departamento de Educación, formula las siguientes
ALEGACIONES:
El proyecto de decreto supedita el concierto en una programación anual de la oferta educativa que podrá comportar la supresión de unidades concertadas antes que las familias hayan podido optar por el centro de su preferencia. Además, impone un único modelo de organización escolar mixto.
El concierto tiene una duración y un número de unidades de acuerdo con el contrato firmado entre la escuela y la Administración. Retirar unidades concertadas antes de poder hacer la oferta es un incumplimiento de las condiciones del concierto y una vulneración del derecho de los padres y madres a elegir escuela. Esta revisión anticipada también supone la desaparición de proyectos educativos y pone en peligro puestos de trabajo del personal que presta servicios en el centro concertado.
La programación educativa debe armonizar los derechos de padres y madres a elegir escuela, con el derecho de todos a una educación de calidad. Hay que eliminar del decreto cualquier previsión de retirada de unidades antes del periodo de preinscripción, respetando la oferta existente.
El Proyecto de Decreto establece nuevos requisitos en las escuelas si quieren mantener el concierto, que conllevan necesariamente un incremento del gasto, pero no hay ninguna previsión de aplicación económica que permita hacer frente a estas nuevas condiciones, que conllevará la retirada de los conciertos o un incremento de las aportaciones que deben hacer las familias.
El nuevo decreto prevé que las escuelas concertadas escolaricen alumnado con necesidades educativas específicas de acuerdo con la media de los otros centros de su zona educativa. También garantizar al alumnado con condiciones socioeconómicas desfavorecidas, durante el periodo de vigencia extinguido, el acceso equitativo a las actividades complementarias, extraescolares y los servicios y escolarizar alumnado con domicilio habitual en la zona educativa respectiva en una proporción no inferior al 60% en relación con el número total de alumnado del centro.
Si no se cumplen estas nuevas condiciones, se producirá la retirada del concierto, pero se imponen sin prever aplicar la dotación económica que permita al centro el cumplimiento de estas exigencias.
Estos requisitos son un callejón sin salida para las escuelas. Pedimos la aplicación de las medidas económicas adecuadas para poder afrontar y para garantizar que no incrementará el coste de la educación para las familias y que no se retirarán los conciertos. Y si no es posible, pedimos la supresión de estos nuevos requisitos.
El proyecto de decreto reconoce la falta de financiación de las escuelas concertadas, pero no afronta su solución. Crea inseguridad y no resuelve la infrafinanciación.
La memoria económica del proyecto de decreto reconoce que la financiación que reciben los centros concertados no cubre el gasto que hacen en conceptos necesarios y básicos para su funcionamiento ordinario, y que las plantillas de profesores también son insuficientes. Esta falta de inversión pasa a cubrirse por medio de las aportaciones de las familias. La memoria concluye que es necesario incrementar la dotación de los módulos de los conciertos educativos para llegar a la gratuidad, pero no establece ni un calendario de aplicación ni una consignación en el presupuesto que permita una mejora en la financiación de las escuelas. Es más, para este año 2020 no se ha contemplado ninguna partida económica al presupuesto para atender cualquier mejora en la dotación.
Pedimos que el nuevo decreto no se apruebe hasta que la comisión de expertos determine el coste de la plaza escolar y que, entonces, contemple un calendario de financiación para el incremento de los módulos económicos de los conciertos educativos que garantice la gratuidad, permita hacer efectivos todos los principios que incorpora el nuevo decreto y evite que las familias tengan que hacer aportaciones económicas por estos conceptos.
Todo esto lo hacemos constar, respetuosamente con la voluntad que se atiendan estas alegaciones.
firma

ÉXITO DE ALEGACIONES DE LA ESCUELA CONCERTADA AL DECRETO DE ENSEÑANZA DE CATALUÑA

El nuevo decreto levanta recelos en la escuela concertada, ya que limita el derecho de los padres a la elección de centro

Las escuelas concertadas han reaccionado contra el decreto de enseñanza de Cataluña que se prepara para ser lanzado y que afecta a la oferta educativa y el derecho de admisión.

Las escuelas concertadas han lanzado una campaña con un éxito notable, que han presentado ante el Departamento de Educación precisamente para pararlo, ya que, según las asociaciones de padres, supone un menosprecio a este tipo de educación, y además limita el derecho de los padres a la elección de centro.

La iniciativa del Gobierno de coalición catalán nace del Pacto contra la Segregación Escolar que impulsó el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo en Cataluña) dirigido por el antiguo líder de Iniciativa, Rafael Ribó.

La iniciativa de gobierno supuestamente nacía para garantizar una distribución más equitativa del alumnado entre la escuela pública y la concertada. Sin embargo, hay puntos que levanta los recelos de la concertada: será el Departamento de Educación el que decida el número de plazas que pueden ofrecer cada curso estos centros, los concertados, cuando hasta ahora cada escuela planificaba su oferta y pedía el concierto.

Por lo tanto, el número de plazas se determinará antes de saber cuántas familias quieren llevar sus hijos a esos centros, y no al revés como sucede en la actualidad.

Es por eso que las familias de la concertada tienen miedo de que con este sistema la consejería aproveche para recortar la concertada, para cerrar grupos. A esto hay que añadir una financiación insuficiente.

Un decreto de enseñanza que limita un derecho

Desde la Federación de Asociaciones de padres de Escuelas Libres (FAPEL), su presidente, Josep Manuel Prats, lamenta  que este proyecto de decreto ” ignora el derecho de los padres y madres a escoger el centro educativo público o concertado, que mejor responde a nuestras preferencias”.

De la misma manera, el presidente de la Confederación de Centros Autónomos de Enseñanza de Cataluña, Carles Camí, ha afirmado que “esta herramienta en manos de una persona como Bargalló, que ha hecho manifiestamente gala de su animadversión hacia la concertada, lógicamente tememos que la más perjudicada sea ésta”.

Es por eso que ambos grupos no descartan movilizaciones si no se repiensan estos puntos polémicos.

POR FORUM LIBERTAS

AL CONSEJERO DE EDUCACIÓN CATALÁN, SR. D. JOSEP BARGALLÓ

ALEGACIONES AL PROYECTO DE DECRETO OFERTA EDUCATIVA Y PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN

El Partido Familia y Vida apoya las alegaciones abajo manifestadas, para la mejora del Proyecto de Decreto Oferta Educativa y Procedimiento de Admisión.

Dirección General de Atención a la Familia y Comunidad Educativa.

Departamento de Educación.

El / la señor/a …………………………………………………………….., mayor de edad, con DNI núm…………………….. en su calidad de (marcar la que corresponda)

Titular / Representante Tit. Director / a Coordinador / a / Jefe de estudios o similar Profesor / a Personal de Administración o Servicios Padre / madre / tutor / a Interesado que no se encuentra en ninguna de las situaciones anteriores con domicilio en …………………………. …………………………………………………………………………………, y con dirección electrónica …………………………………………..
ante Usted comparece y con el debido respeto,

EXPONE:

Que dentro del plazo otorgado al efecto por Edicto de 24 de enero de 2020, por el que se somete a información pública el Proyecto de decreto de la programación de la oferta educativa y del procedimiento de admisión en los centros del Servicio de Educación de Cataluña en trámite en el Departamento de Educación,

MANIFIESTA

Este proyecto de decreto afecta de manera directa a los derechos constitucionales y estatutarios a la educación, el de elección de centro docente que tienen los padres y las madres de los alumnos, y al de creación y dirección de centros docentes.

La programación de la oferta educativa debe garantizar simultáneamente el derecho a la educación y la posibilidad de escoger centro docente dentro de la oferta de puestos escolares gratuitos, ya que esta libertad no existe verdad si ese derecho no está asegurado para todos . La programación debe garantizar también la calidad de la educación y una adecuada y equilibrada escolarización de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo que propicie la cohesión social.

Los padres tienen el derecho fundamental de escoger para sus hijos, el Centro Docente público o privado, que responda mejor a sus preferencias; y los poderes públicos tienen la obligación, dentro de sus efectivas posibilidades, de garantizar el ejercicio de este derecho de elección de Centro. El proceso de admisión de alumnos en un Centro escolar sostenido con fondos públicos, supone necesariamente la existencia de una solicitud de plaza por parte de los padres o tutores interesados ​​en la admisión, sin que en ningún momento pueda pensar- en adscripciones forzosas de alumnos, ni en que la Administración o las Comisiones creadas al efecto los destinen a un Centro determinado sin tener en consideración la voluntad de los padres y madres.

El procedimiento de “selección” de las solicitudes presentadas sólo se produce en caso de insuficiencia de puestos escolares para atender todas las solicitudes presentadas en un centro concreto. Este procedimiento se hace de acuerdo con los criterios prioritarios que la Ley establece.

En los Centros Privados Concertados, el titular de cada centro es el responsable de llevar a cabo el proceso de admisión de alumnos, y una vez terminado dicho proceso, dará información al Consejo Escolar para que este órgano de participación tenga ocasión de verificar el cumplimiento de la normativa vigente. La gestión de las solicitudes no puede derivarse a otros órganos o entidades diferente de esta titularidad.

La programación de sitios que pretende hacer el Decreto modificará conciertos existentes autorizados, previamente a la demanda que puedan hacer las familias. Esta situación afectará muy negativamente a la conservación de las unidades y de los puestos de trabajo relacionados, con independencia de que la revisión posterior a las preinscripciones también incidiría sobre las unidades concertadas y los puestos de trabajo.

A los órganos de programación de puestos escolares se debe garantizar la participación efectiva de los representantes de los centros concertados, de su personal docente y de los padres y madres de los alumnos. El 40% del sistema debe estar presente en estos órganos.

El apoyo financiero que la administración debe procurar al alumnado socioeconómicamente desfavorecido no puede ser potestativo en ningún caso. Las políticas compensatorias son obligatorias, y deben quedar claramente definidas y garantizadas. No es proporcional que un decreto que destina tanta atención a combatir la segregación no dedique más articulado a la política de medidas y acciones compensatorias y su garantía, y exija a los centros y las familias un esfuerzo que no podrán afrontar. El redactado no asegura las ayudas, es genérico y poco comprometido en esta cuestión tan importante.

Los padres no pueden encontrar obstáculos económicos a la hora de ejercer su derecho a elección de centro. Exigimos a la Administración que, en cumplimiento del mandato legal, dote al sistema de una financiación suficiente que garantice la gratuidad de la plaza escolar en los centros concertados y permita los recursos suficientes para escolarizar a los alumnos con necesidades específicas y especiales de apoyo educativo.

Este proyecto de Decreto, en muchos de sus artículos, no respeta los principios, preceptos legales y también la jurisprudencia que se relaciona en los procedimientos de programación de puestos escolares y en el régimen de admisión de alumnos, y la imposición, contra la ley y la jurisprudencia, de un único modelo de organización escolar mixto. Es intervencionista, da un carácter meramente anecdótico a la participación efectiva de los representantes de los centros concertados (titulares, personal docentes, familias) en la programación de puestos escolares, toma ilegalmente las atribuciones, competencias y funciones de las titularidades de los centros concertados, también los directores de los centros públicos.

También el decreto atribuye de facto a la Administración la determinación y el destino de los puestos escolares, prescindiendo de la voluntad familiar; el control de las solicitudes, la distribución de las solicitudes hechas fuera del calendario ordinario. Pretende alterar la oferta con carácter previo, con el grave perjuicio del mantenimiento de puestos de trabajo en los centros concertados. Todo ello son elementos que deben modificarse en interés del sistema educativo y del Servicio de Educación de Cataluña.

Tampoco garantiza políticas compensatorias efectivas. En este momento no hay ninguna previsión de incremento de la financiación y por el contrario avanzamos en una nueva normativa que quiere combatir la segregación sin dar respuesta a su primera y principal causa, la infrafinanciación público de la educación. Exigir más esfuerzos económicos a los centros, como hace el proyecto de Decreto, en este contexto económico de la enseñanza, lo único que hará será dificultar aún más el funcionamiento de los centros, tensionando más la situación.

Todo esto lo hacemos constar, respetuosamente y en cumplimiento del ejercicio del derecho a alegar que contempla la normativa, con la voluntad de que, al modificar el texto propuesto en el sentido que aquí se argumenta, el texto pueda ajustarse más bien a las prescripciones existentes en nuestro ordenamiento.

 

Firmado:……………………………….     Fecha:……………

 

DNI: ……………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

EL CATEDRÁTICO LÓPEZ-MUÑIZ DESMONTA EL ANTEPROYECTO DE LEY LGTBI DE CASTILLA Y LEÓN

El catedrático de Derecho José Luis Martínez López-Muñiz, ha analizado el anteproyecto de Ley LGTBI que propone la Junta de Castilla y León, destacando la falta de competencia de los gobiernos autonómicos para legislar sobre estos contenidos. Ha advertido, además, de que el texto presentado atentaría contra la garantía constitucional de varias libertades y derechos fundamentales.

En un escrito remitido al Foro de la Familia para su difusión, el catedrático expone que «La Comunidad Autónoma no tiene competencia para una Ley con el contenido proyectado, y especialmente para cuanto incidiría en las libertades ideológica, religiosa, científica, de expresión o de enseñanza, o en el derecho a la intimidad personal y familiar cuyos condicionamientos están constitucionalmente reservados a ley orgánica y por tanto estatal, así como en el régimen de los derechos de la personalidad y en el Derecho de familia, cuya regulación esta constitucionalmente reservada al Estado.

La Ley del anteproyecto atentaría además contra la garantía constitucional del contenido esencial de varias de las libertades y derechos afectados por la regulación que establecería y de la igualdad en ellos. Es inaceptable hacer decir a importantes declaraciones, convenciones y tratados internacionales lo que no dicen, tratando además de hacer pasar como exigido por ellos lo que atenta netamente contra ellos.

Esta propuesta no responde a ninguna necesidad social sino a la presión de un grupo organizado muy minoritario que quiere imponer por las vías propias de la imposición legal la aceptación de sus, cuanto menos, muy discutible concepciones».

POR FORUM LIBERTAS

LA GENERALITAT ANUNCIA QUE INTRODUCIRÁ LA RELIGIÓN ISLÁMICA EN LAS ESCUELAS CATALANAS CON ESTA EXCUSA

Pero a la hora de la verdad solo anuncia un acuerdo con la comunidad islámica y no con la judía ni la evangélica

 

Ya lo tienen todo preparado. Cataluña impartirá enseñanza de religión islámica a partir del próximo curso. Así lo ha anunciado el consejero separatista Josep Bargalló en un acto público sobre religión en las escuelas. Bargalló ha dado mucha vuelta para decirlo. Según él, en la República Catalana la educación sería laica pero que, por ahora, tienen que cumplir la Constitución y según él eso implica dar clases de todas las religiones.

Con la excusa de introducir también la enseñanza de religión judaica y evangélica, el separatismo ha colado el Islam en las escuelas. Bargalló ha dicho que tiene que haber demanda suficiente, algo que excluye de facto las religiones judaica y evangélica y abre las puertas al Islam.

De hecho Bargalló ya ha anunciado que se encuentran en conversaciones solo con la comunidad islámica para introducir esta religión a partir del próximo año. Por ahora serán los propios profesores quienes darán las clases a los alumnos que así lo soliciten pero que a nadie se le escape que la idea – como ya ocurre en otros países como Holanda en los que el integrismo islámico se han colado en las aulas – las clases las acaben dando los propios representantes de la comunidad musulmana, con el riesgo que el Islam más radical entre en las escuelas. Y lo pagamos nosotros.

POR MARCOS LÓPEZ, LA NACIÓN DIGITAL

EL EXTRAÑO ENFRENTAMIENTO DE LA MINISTRA CELAÁ CON LA ESCUELA CONCERTADA

POR FORUM LIBERTAS

Si hay un momento delicado para Pedro Sánchez es ahora, a la hora de formar gobierno. Por un lado ha apostado por una coalición con Podemos. Por otra, esta iniciativa es fuertemente contestada, también desde el ámbito socialista, y planea como un buitre la maniobra del PP para facilitar un gobierno socialista, pero sin Sánchez de presidente.

Es momento, por tanto, de suavizar todas las aristas y pacificar las enemistades. Así lo ha hecho, por ejemplo en el caso de los independentistas catalanes, pasando de hablar de “conflicto social” en Cataluña, que no les gusta nada, a hablar de “conflicto político” que es una definición muy bien aceptada por ERC y JxCat.

En estas condiciones, ¿por qué la ministra Celaá creó un conflicto innecesario precisamente en su intervención en la inauguración del Congreso de Escuelas Católicas, que agrupa 6.000 centros concertados, el pasado 14 de noviembre? En su intervención, que podría haber ido por caminos bien tópicos y tranquilos, hizo una precisión jurídica discutible y conflictiva al afirmar que la libertad de elección del tipo del centro por parte de los padres no queda recogida en lo establecido en el artículo 27 de la Constitución.

Este sería un debate jurídico que tiene muchas dimensiones y lecturas, pero que desde el punto de vista político parece absolutamente inapropiado abrirlo en este momento, porque fomenta el prejuicio de que el nuevo gobierno, fuertemente decantado hacia la izquierda, iría a arrasar la escuela concertada.

Al margen de los problemas presupuestarios que este hecho conllevaría, dado que todos los alumnos que se trasladaran a la pública generarían un coste adicional en un momento que no está para alegrías presupuestarias, parece innecesario haber abierto este melón en la cara de los más directos afectados, las escuelas concertadas.

La ministra aún fue más allá, porque aseguró que el derecho de los padres a decidir sobre la formación religiosa y moral de sus hijos, establecido por la Constitución, es un derecho que no tiene nada que ver con elegir centro, sino que la escuela pública puede garantizarlo. Si la referencia al artículo 27 resultaba discutible, esta formulación ya resulta poco presentable porque por un lado la escuela pública debe partir de la neutralidad y en consecuencia no puede acoger la educación en diversas formulaciones morales, ni religiosas.

Cabe recordar aquí que la asignatura de cultura religiosa confesional es formalmente cultura, y no educación religiosa en el sentido catequético y moral que sí imparten la mayoría de escuelas de ideario cristiano. En todo caso, debates aparte, lo que sí es evidente es que la ministra Celaá ha hecho explotar una bomba, y no pequeña, en un momento muy delicado de la vida política española. El por qué lo hizo aún forma parte del secreto de sumario.

POR FORUM LIBERTAS

LIBIA, PAÍS EXPORTADOR DE ESCLAVOS

En Senegal, a 3 Km de la costa frente a Dakar, se encuentra la isla de Gorea. Durante más de tres siglos, hasta que Francia abolió la esclavitud en 1848, esta isla fue el principal mercado de esclavos con destino a Estados Unidos, Brasil y el Caribe. Hace más de dos siglos que la esclavitud es ilegal y, sin embargo, la trata de seres humanos y el tráfico ilegal de personas somete a condiciones de esclavitud a millones de personas.

Libia es uno de los enclaves estratégicos desde el que se trafica con personas que se compran y venden como mercancía. Este negocio es posible, entre otras razones, porque guerrillas, fuerzas militares, Estado islámico, etc., capturan, venden y compran personas. Es un apéndice de la economía criminal difícil de combatir y, sin embargo, una de las grandes amenazas para el orden y la paz internacional.

POR  IDEAS CLARAS Sr. Jesús Domingo Martínez

LA IGLESIA Y LA EDUCACIÓN

Los sindicatos y los partidos políticos son organizaciones privadas y se financian con dinero público. Los poderes públicos facilitan financiación a todos ellos, de acuerdo con su nivel de demanda e implantación (número de votos, escaños, concejales, representantes sindicales, etc.). Son o al menos deberían ser, criterios objetivos de financiación, marcados por las leyes. Se entiende que esos partidos y sindicatos prestan servicios esenciales para la sociedad, y que por eso conviene financiarlos en régimen de igualdad de oportunidades, para enriquecer la pluralidad de opciones y hacer más libre y democrática la sociedad.

Pues bien, la enseñanza es también un servicio esencial para la sociedad, y es lógico que reciba financiación pública según sea demandada por las familias, y desde luego no según la cercanía a las ideas políticas o ideológicas de quien gobierna en cada momento.

Quienes dicen “el dinero público, para la escuela pública”, ¿acaso no deberían decir también entonces que un partido o un sindicato ha de ser de titularidad pública para poder recibir dinero público? Sería volver a los tiempos de los sindicatos verticales públicos y un partido único, algo que no quiere nadie.

Los partidos políticos y los sindicatos son organizaciones privadas, y el hecho que sean organizaciones privadas es algo fundamental para garantizar la pluralidad en una democracia. De manera semejante, sin una oferta educativa plural, adaptada a los deseos reales y demostrados de las familias, el futuro de la democracia quedaría comprometido.

  • La libertad educativa es un derecho de los padres, establecido en la mayoría de las declaraciones de derechos humanos y de las constituciones, que los poderes públicos tienen no solo que respetar, sino que fomentar activamente. Un Estado democrático no constriñe la libertad, sino que fomenta la pluralidad social.
  • Los colegios son una prolongación de la educación en la familia, y son una responsabilidad de la sociedad que debe estar impulsada por el Estado. La educación se refiere también a la formación de hábitos y virtudes; la dimensión religiosa no puede ser excluida.
  • Servir a los que están en desventaja y desfavorecidos siempre ha sido un punto central de la misión de la educación de inspiración cristiana. Las escuelas católicas son abiertas e inclusivas.
  • Los datos muestran la calidad educativa de los colegios de inspiración cristiana, tanto en la formación del carácter como en los resultados académicos.
  • Los colegios necesitan tener autonomía para poder elegir sus docentes y directivos, de tal manera que se asegure la propia identidad. Esta autonomía es parte de la libertad educativa y religiosa, reconocida en la Constitución Española.
  • La financiación a los colegios católicos concertados no es un privilegio de la Iglesia, sino un derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus valores. Ese dinero sale de sus impuestos, y además se administra con más austeridad que el de los colegios públicos.
  • La Enseñanza de la religión en la escuela (para católicos, protestantes, judíos, etc.) es un derecho de los alumnos, que deciden los padres y tutores mientras son menores de edad. El Estado garantiza que esa educación es para los que libremente lo piden.

CÓMO DEFENDER LA FE SIN LEVANTAR LA VOZ

AUSTEN IVEREIGH

YAGO DE LA CIERVA

JACK VALERO

Ed. Palabra