EL GOBIERNO DEROGARÁ ARTÍCULOS DE LA LOMCE: RELIGIÓN NO COMPUTARÁ PARA NOTA Y SU SIGUIENTE OBJETIVO ES LA ESCUELA DIFERENCIADA

La ministra Celaá afirma que “la religión no será computable con efectos académicos”, pero que se creará una asignatura de valores éticos y cívicos. Una campaña ciudadana pide que se detenga

El Ministerio de Educación ha hecho pública una sospechosa consulta cuyo objetivo es modificar algunos artículos de la LOMCE, que afectan directamente a la asignatura de Religión. La titular de la cartera de Educación, Isabel Celaá ha ofrecido esta posibilidad con la idea de que los ciudadanos puedan supuestamente participar de la decisión de esos cambios. Sin embargo, la iniciativa no ha sido publicitada, solamente se ha hecho público un correo al que enviar mensajes al respecto.

El Gobierno de Sánchez ya impulsó esta iniciativa en julio de este año cuando se anunció que se pretendía derogar de forma “urgente” varios artículos de la LOMCE, la Ley que rige la Educación en España. Así lo explicó entonces la ministra Celaá que añadió que con esos cambios la asignatura de Religión dejará de contar para nota. De esa manera la asignatura de Religión, que ya está bastante arrinconada y cuyos profesores se quejan recurrentemente de no contar con los mismos recursos que sus compañeros, ahora dejaría de ser “computable a efectos académicos”.

“Anuncio que la religión no será computable con efectos académicos”, afirmó la ministra, que también aseguró que que no se propondrá ninguna alternativa en forma de “asignatura espejo”, pero, sin embargo, anunció entonces la creación de la asignatura de valores éticos y cívicos centrada en “los derechos humanos” y las “virtudes civico-democráticas”.

Ataque a la educación diferenciada

Otro aspecto que anunció la ministra Celaá es que se abriría un “tiempo de diálogo” con los centros concertados de educación diferenciada, que separan físicamente a niños y niñas y contravienen, en opinión de la ministra, “los principios generales de la educación inclusiva y la coeducación”, para intentar “acordar” un modelo educativo “igualitario” con este tipo de centros. La ministra, sin embargo, obvió el derecho constitucional de los padres a elegir la educación de sus hijos. Un derecho que decaería si el Gobierno deja de concertar colegios con esta opción metodológica, que, sin embargo, se ha demostrado más efectiva en cuanto a nivel de resultados que los colegios mixtos.

La portavoz anunció, además, que el Gobierno derogaría los itinerarios “segregadores”, como los calificó Celaá, a partir de los 13 años que establecía la LOMCE y que según la ministra “condicionan las opciones y el futuro del alumnado según su rendimiento”.

Una campaña para rechazar la iniciativa

La Fundación Educatio Servanda ha lanzado una campaña para hacer llegar al Ejecutivo de Sánchez la disconformidad por las iniciativas tomadas. La iniciativa explica que sólo se han dado tres días (hasta el 10 de noviembre) para presentar aportaciones por lo que se urge a enviar mensajes de queja.

“Quieren dar la imagen de un gobierno atento al sentir de sus ciudadanos y decir que lo han sometido a consulta, a pesar de estar dificultando el proceso todo lo que pueden”, por eso piden  que nos movilicemos lo más rápido y ampliamente posible”. Para ello ponen a disposición de quien lo desee un manifiesto “para que lo envíes hoy mismo al Ministerio”.

El correo habilitado para la consulta es: consulta.seefp@mecd.es. Y el texto es el siguiente:

Señora ministra:

Una vez que el MEC ha lanzado a través de su página web, una «consulta pública de las modificaciones de la LOMCE», entre las que se incluye una relativa a la asignatura de Religión, en el sentido de que la misma «no cuente en la nota media» y «suprimiendo la asignatura alternativa»,

D/Dña …………………………………. , con DNI Núm………………..

MANIFIESTA:

Mi oposición a ambos extremos (que no cuente para la nota media y que carezca de asignatura alternativa), por los siguientes motivos:

1.- Devalúa la asignatura al eliminar una parte trascendental de la evaluación, como es la validez del esfuerzo y su recompensa.

2.- Genera un ambiente de desigualdad entre el alumnado planteando desigual carga lectiva al suprimir la asignatura alternativa.

3.- Es contrario al principio de igualdad y a la abundante jurisprudencia al respecto.

4.- Es gravemente contraria a la estabilidad en el empleo de profesores de Religión, así como a la de los funcionarios docentes que imparten la asignatura espejo o alternativa.

5 – Por ser contrario al principio de reciprocidad respecto a otros colectivos, como por ejemplo, el de los astilleros de Cádiz —cuantitativamente muy inferior al de los profesores de religión que podrían resultar perjudicados y que, además, en su mayoría son mujeres—; y se hizo prevalecer el mayor bien de protección del derecho al trabajo y a las familias de los trabajadores sobre los Derechos Humanos y otras consideraciones ideológicas

POR FORUM LIBERTAS

EL GOBIERNO SÁNCHEZ INICIA SU OFENSIVA ANTICATÓLICA: ¿NUEVA LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA?

La presidenta del Consejo de Estado advierte que la Iglesia “está llamada a no salirse de las atribuciones que le son propias porque es al Estado al que le corresponde legislar”

La que fuera la mujer más poderosa de España en la época del Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero (sólo superada en la democracia española por la popular Soraya Sáen de Santamaría) ha afirmado que España necesita una nueva Ley de libertad religiosa.

La socialista María Teresa Fernández de la Vega ostenta en la actualidad la Presidencia del Consejo de Estado y tuvo la oportunidad de hablar ante representantes eclesiásticos en la Fundación Pablo VI donde defendió paradójicamente un Estado laico, algo que en la praxis ya existe aunque en la constitución se defina a España como un estado aconfesional.

“No es sólo una exigencia política irrenunciable. Es también un requisito para la convivencia en libertad. Cuando se confunden los ámbitos de cada cual es cuando llegan los problemas”, afirmó la ex vicepresidenta del Gobierno. De la Vega resucita así antiguos fantasmas a los que la izquierda del PSOE le ha sabido sacar rédito electoral y político en los últimos años, ya que esa separación no sólo existe, sino que, incluso, ha conseguido desplazar el debate de ideas propuesto por los católicos en la vida pública.

En la conferencia estaban presentes el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez, el nuncio apostólico en España, Renzo Fratini, y la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.

Según De la Vega, “queda pendiente la elaboración y aprobación de una nueva ley integral de libertad religiosa que aborde hoy, de manera completa, el proceso de separación entre Iglesia y Estado y actualice sus previsiones a los nuevos tiempos”. Sin llegar a pronunciarse en detalle a qué se refería con actualizar la separación entre Iglesia y Estado, puede leerse entre líneas que se refería a temas como la exención del impuesto del IBI por parte de la Iglesia católica, una exención que no es privilegio de la Iglesia, sino de todas las religiones, los sindicatos, las sedes de los partidos políticos, las fundaciones y todos los edificios gubernamentales. ¿Eliminará esa exención el Gobierno también para todos esos colectivos? También se podría entender que De la Vega se refería a los Acuerdos Santa Sede-Estado de 1979, unos acuerdos entre dos países que se dotaron de unas normas básicas para su relación y que deberían ser abordados como tales.

Una “creciente” aconfesionalidad

La presidenta del Consejo de Estado también quiso romper una lanza a favor de esa relación al afirmar que “la sociedad española y la Iglesia deben seguir trabajando juntas sobre todo en resolver los problemas de desigualdad, la xenofobia y los populismos que surgen ante los intensos flujos migratorios” tras resaltar el papel fundamental que jugó la Iglesia española durante la Transición. Para ello destacó el reto de los fundamentalismos religiosos provenientes del extranjero ligados al terrorismo.

“Estamos hablando -explicó De la Vega- del peligro que entrañan los etnicismos nacionalistas para nuestro sistema de convivencia. En palabras del profesor Arjun Appadurai, ya que los mayores criminales y tiranos del mundo han aprendido los lenguajes de la democracia“.

La presidenta aprovechó para volver a advertir a los responsables de la Iglesia que la institución “está llamada a no salirse de las atribuciones que le son propias porque es al Estado al que le corresponde legislar” y afirmó que “guste o no”, en España hay “una creciente aconfesionalidad”. En este sentido, el catolicismo no está llamado a hacer política, pero sí a inspirar ideas a las personas que ejerzan la política, por lo que De la Vega haría bien en aplicarse a ella misma la afirmación de Appadurai.

POR FORUMLIBERTAS

EL CONSTITUCIONAL DECLARA NULA LA RETIRADA DEL CONCIERTO A UN COLEGIO DE EDUCACIÓN DIFERENCIADA EN CANTABRIA

El Tribunal Constitucional ha declarado nula la decisión tomada por el Gobierno cántabro en 2009, de no conceder el concierto educativo al colegio Torrevelo (Santander) por separar los niños por sexos

Cantabria estaba en el 2009 en manos de un gobierno del  PRC (regionalistas). La por entonces consejera de Educación, la socialista Eva Díaz Tezanos, actual vicepresidenta del gobierno autonómico, retiró la financiación pública de seis unidades de Educación Primaria y la renovación del concierto en Educación Primaria y Secundaria del colegio mencionado, que se mantuvo abierto pero elevando los costos para los padres de los alumnos.

Fueron precisamente los padres de alumnos quienes llevaron el caso a los tribunales. Perdieron en primera instancia e incluso en el Supremo, pero el Constitucional acaba de darles la razón.

Según el TC, la decisión del Gobierno autonómico vulneró los derechos de estos tutores a elegir centro y tipo de formación de sus hijos. El tribunal indica, además, que al denegarse la renovación de ese concierto se produjo «una injerencia en la libertad educativa de los padres de los alumnos» que recoge el artículo 27, apartados 1 y 3 de la Constitución.

Se da la circunstancia de que un gobierno posterior, del Partido Popular, había devuelto el concierto al centro. Aun así,  la sentencia supone un espaldarazo absoluto a todos los centros de educación diferenciada en España.

Malestar en el gobierno de la región

Según informa el Diario Montañes, el Gobierno regional está «realmente molesto»por la sentencia del TC porque protege «una libertad muy parcial», como es la de elección de centro, por encima de otras, según manifestó ayer el consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes.

A su juicio, la sentencia «es una mala noticia porque entre los valores del ordenamiento jurídico español que están contemplados en la Constitución está la libertad, pero también la igualdad. El equilibrio entre esos valores está claro que ha caído del lado de una libertad muy parcial, que es la libertad de elección de centro, y en este sentido estamos realmente molestos por la sentencia, que no entendemos», sentenció.

POR FORUMLIBERTAS, SOCIEDAD, 25/07/18

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN ISABEL CELAÁ, O SU ORIGINAL ATAQUE A LA CONSTITUCIÓN

La primera concepción equivocada, cuando no demagógica, es que la gratuidad parcial de los centros es un “favor” del Estado, y un perjuicio para la pública. En realidad, es evidente que se trata de todo lo contrario.

La enseñanza debe ser gratuita para todo el mundo como contrapartida al esfuerzo y a la aportación a la sociedad que realizan familias con hijos, por cuanto esto determina el resultado de la renta futura, y que aumenta en la medida que crecen los años de estudio de la población. Este es el factor decisivo del capital humano, y el que establecerá en gran medida el crecimiento económico, por medio de un doble efecto. El llamado efecto nivel como factor de producción, y el denominado efecto tasa por su interacción con el progreso técnico. El resultado determina la renta futura y con ella los ingresos fiscales del Estado y los de la Seguridad Social. En realidad, y en un sistema de pensiones de reparto como el español, común en Europa, de los actuales estudiantes dependen las pensiones de la gente que ahora trabaja.

Y como quienes tienen hijos reducen su consumo y ahorro presente en beneficio de toda la sociedad futura, la enseñanza gratuita es una manera de compensarlos y a la vez asegurar el devenir económico del país. Cuando este mecanismo falla, como sucede en España, ni existen suficientes alumnos de remplazo, ni el capital humano del conjunto alcanza los resultados deseables. Quienes no tienen hijos están, de hecho, descargando una losa sobre el futuro de todos en beneficio de su presente

Que la escuela sea gratuita para todos es una contrapartida, aunque insuficiente porque la balanza está muy desequilibrada: el actual gasto público en relación al de los “abuelos” es dos veces y media superior al de los “hijos”, y tiende a crecer, de forma que en el 2050 será 4,5 veces más grande. Vivimos en un gran desajuste generacional y solo faltaría que todavía se hiciera más grande recortando la escuela.

Esta misma razón, la gran aportación que hacen los padres, explica por qué la gratuidad tiene que ser universal y no condicionada a la renta, porque universal es la aportación.  Y una vez constatada que la gratuidad no es un favor, ni una “ayuda”, sino una exigencia para el crecimiento económico y el sistema público de bienestar, consideremos la segunda razón.

¿Por qué la escuela concertada es un derecho? La razón básica es por el principio de que los responsables de la educación de los hijos son los padres; no el Estado.  Esto es lo que afirma nuestra Constitución.

Todo el mundo con hijos tiene derecho a la escuela gratuita. El principio de gratuidad en ningún caso significa que corresponda al Estado ejercer el servicio directamente. No está escrito en la Constitución que esto sea así. La obligación que sí tiene es la de que la enseñanza sea gratuita, y la forma de lograrlo es diversa. El concierto es una respuesta, pero también podría ser el cheque escolar, o una combinación de ambos, de hecho, ni tan siquiera tiene porque existir una escuela pública en el sentido de estatal (las CCAA son Estado). Podría ser municipal o de iniciativa social y continuaría cumpliendo su papel. Lo que sí que es función del Estado es garantizar que todas las escuelas cumplan con determinados requerimientos académicos y constitucionales, ni más ni menos. Más allá solo impera el estatismo y, en la práctica, el dominio de la partitocracia que controla en aquel momento concreto el aparato educativo. Y es esta la razón principal por la que es tan difícil en España consensuar una ley de educación, porque la pretensión de tirios y troyanos es su control, en lugar de centrarse en la aportación de los medios y la supervisión de un uso adecuado por parte de las familias, sus representantes y las distintas comunidades educativas.  La confusión de la escuela pública con el Estado es una deriva totalitaria, como lo es todo intento de adoctrinamiento, sea la Formación del Espíritu Nacional, la Educación para la Ciudadanía, o el artefacto que Zapatero II ponga en marcha ahora.

A partir de estas premisas, hay que situar el derecho constitucional de los padres a la educación moral y religiosa de los hijos, que comporta el correlato necesario del ideario de los centros que, a su vez, está vinculado a otro derecho constitucional, el de la libertad educativa y de creación de escuelas.

En el contexto descrito, lo que se hace con la escuela concertada es discriminatorio, porque la aportación pública no cubre el coste total de la plaza, que debería ser el mismo que el de la pública y, por consiguiente, entre un 30 y un 40% más elevado. Después, con una hipocresía sin límites, algunos critican que los padres deban aportar la diferencia, en lugar de reclamar que la aportación pública cubra todo el coste real. No se respeta ni el principio de gratuidad, ni el derecho de los padres.

En este escenario, cada plaza de escuela concertada que se suprime en benefició de la pública lo que hace es aumentar el gasto sin mejorar el rendimiento; en realidad empeora, porque este es menor en el sector público que en el concertado. Es el pésimo resultado de una política que no se hace pensando en la sociedad y en las familias, sino para satisfacer el dogmatismo ideológico.

Cuando la ministra de Educación Isabel Celaá, afirmo en el Congreso de los Diputados que “el derecho a la educación no recae en las familias sino en el Estado” estaba formulando un criterio anticonstitucional, lo cual, viniendo de un miembro del gobierno y en sede parlamentaria, es algo realmente grave, muy grave, porque el estado lo que tiene es la obligación de hacer posible aquel derecho de los padres. En realidad, lo que la ministra formuló es más grave y confuso todavía. Afirmó: “Es decir, el derecho a la educación siempre recae sobre los individuos que son sujetos de aprendizaje, no recae sobre las familias, ni sobre los territorios ni sobre las religiones. ¿Quién no puede estar de acuerdo con este matiz tan importante?” Señora ministra Celaá, claro que el derecho a la educación recae sobre los individuos, pero, en su minoría de edad ¿quién es el responsable del ejercicio de tal derecho? ¿Usted en nombre del Estado? No claro que no. Usted no puede arrogarse tal derecho que pertenece a la patria potestad.  Claro que son las familias quienes lo ejercen en contra de lo que afirma, es decir, los padres o sus representantes legales hasta su mayoría de edad.  Todo lo que no sea eso es saltarse la constitución y las leyes.

 FORUM LIBERTAS EDITORIAL 18/07/18

La escuela diferenciada, condenada en Cataluña

El Parlamento catalán aprueba no renovar ni conceder más conciertos en escuelas diferenciadas: la iniciativa discrimina a los padres que, constitucionalmente, eligen ese tipo de educación para sus hijos

El Parlamento de Cataluña ha aprobado este viernes, 30 de junio, una moción de Catalunya sí que es Pot (CSQEP) que insta al Gobierno de la Generalitat a que una vez finalice la vigencia de los actuales conciertos, “no renovar ni conceder ningún concierto nuevo a ningún centro que haga escolarización segregada por sexos”. Una votación que ha quedado aprobada a pesar de los votos en contra de los diputados del PDeCAT de Junts Pel Sí, de Ciudadanos y del PP.

La moción, defendida en el pleno por la diputada Jéssica Albiach, iba dirigida, según ha querido difundir CSQP, reforzar la aplicación del principio de coeducación a través de la escolarización mixta. Otro de los puntos destacados es el de la inclusión de “contenidos curriculares de educación afectivo-sexual, en la línea del modelo danés o sueco” en la educación pública catalana, donde se aborden cuestiones como “la prevención de la acoso y de las violencias machistas y la LGTBIfòbia, la prevención de relaciones afectivas sanas, los métodos anticonceptivos, las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados”. Se trata de un paso más en la inclusión de la ideología de género y el relativismo sexual en la escuela.

El texto de CSQEP aprobado por el Parlamento también pone el foco en la necesidad de “tratar de manera transversal la perspectiva de género y la visibilidad de las aportaciones de las mujeres en todos los ámbitos del conocimiento”. “Pretender que la vida de los hombres blancos occidentales y heterosexuales es la gran historia universal es la gran mentira del mundo”, dijo la diputada Albiach. La moción defiende concretamente que “la presencia de los diferentes sexos esté equilibrada y no tenga sesgos sexistas”

La iniciativa también insta al Ejecutivo a presentar un plan de formación específico presencial para docentes y personal de apoyo educativo en materia de coeducación, a elaborar e implementar un protocolo concreto para tratar los alumnos transgénero con la participación de las asociaciones y plataformas LGTBI y los consejos escolares, a dividir los espacios de recreo en tres áreas diferenciadas (zona de tranquilidad, zona de movimiento y psicomotricidad y zona de contactos en la naturaleza) y tratar en la comisión creada para el seguimiento del Plan para la igualdad de género en el sistema educativo de 2015 el despliegue de las propuestas aprobadas en la moción.

Por ForumLibertas.com

9. Las leyes que rigen el matrimonio son significativas

La ley y la sociedad mantienen una relación dinámica: los cambios que pueda sufrir una, a la larga, tendrán repercusión en la otra, y las dos juntas estructuran las opciones que los individuos reconocen como convenientes, aceptables y que merecen ser elegidas.

Dados los claros beneficios del matrimonio, creemos que el Estado no debería permanecer políticamente neutral, ni en el procedimiento ni en el resultado, entre el matrimonio y las diferentes estructuras alternativas de la familia. Algunas personas han intentado redefinir el matrimonio civil como un contrato privado entre dos personas sin tener en cuenta su sexo; otros, como una unión que vincula a un número de individuos; y otros lo ven como un acuerdo contractual de duración indefinida en el que se ponen de acuerdo un número indeterminado de personas adultas. Pero con ello, un Estado minaría la norma social que fomenta el matrimonio tal como se ha entendido históricamente, es decir, la unión sexual para toda la vida, entre un hombre y una mujer que pueden tener y educar hijos. Los beneficios públicos, que sólo el matrimonio puede proporcionar, son reconocidos por personas razonables, sin tener en cuenta el punto de vista religioso o secular, y por tanto constituyen razones convincentes para reforzar la norma del matrimonio ya existente, tanto en la ley como en las políticas públicas.

Matrimonio y bien común: los diez principios de Princeton.

Por Social Trends Institute, Barcelona-Enero de 2007

CARTA DE PFyV AL CONGRESO DE DIPUTADOS

Sr. Dña. Ana Pastor:

Desde el Partido Familia y Vida en Cataluña nos dirigimos a la Presidenta del Congreso para exponer la situación electoral que vivimos muchas personas en Cataluña.

El pasado 20 de diciembre de 2016 y a petición nuestra, el Partido Familia y Vida en Cataluña fue recibido por  la Comisión de Peticiones del Parlament  y expusimos, la necesidad de que Cataluña cuente con una ley electoral propia, para que el electorado, los candidatos y los partidos -todos los partidos puedan presentarse en igualdad de condiciones-.

Cataluña es la única comunidad, que carece de ley electoral propia, y por tanto obligada a regirse por la ley electoral española.

La propuesta que hicimos al Parlament es que legisle una ley electoral propia, igual a la ley electoral española previa a la modificación de enero de 2011, que obliga a los partidos sin representación a recoger avales, algo que permitiría la participación ciudadana y facilitaría que los partidos sin representación no tuvieran que recoger avales.

La respuesta de la Comisión de Peticiones: Ahora la ley electoral no se abordara dada la dificultad de ponerse de acuerdo los distintos partidos políticos en el Parlament ya que estamos inmersos en el proceso constituyente.

Ahora nos dirigimos al Congreso de Diputados: Somos muchos los catalanes que se nos discrimina en nuestra tierra de manera injusta porque no tenemos representantes en el Parlament, por tanto no nos podemos sentir representados por los partidos del Parlament.

Si bien, sí que los partidos sin representación estamos acogidos a la vigente ley de partidos, pero  sin  poder presentarnos a las elecciones autonómicas en igualdad de condiciones que el resto de españoles, ni como candidatos, ni ejercer el derecho a sufragio en igualdad de condiciones que el resto de las Comunidades Autónomas, en que se puede ser candidato y ejercer el derecho de sufragio según su afinidad a un partido u otro. A los ciudadanos se nos impide el ejercicio del sufragio en base a haber  o no haber alcanzado un número de avales, cuando a los otros partidos no se les exige y sus candidatos pueden ser votados y su electorado los puede escoger.

Proponemos al Congreso de Diputados que modifique la ley electoral española para que TODOS los catalanes en unas elecciones autonómicas catalanas podamos ser elegidos en igualdad de condiciones y evitar la discriminación y la injusticia a que estamos sometidos.

Por todo ello solicitamos una reunión para exponer personalmente este agravio comparativo.

Sin otro particular.

Cordialmente,

Josep Carreras García, secretario

Partido Familia y Vida en Cataluña

EL PARLAMENTO RUMANO VOTA A FAVOR DE DEFINIR EL MATRIMONIO SEGÚN LA LEY NATURAL

Con 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones fue aprobada en el parlamento de Rumanía una propuesta de modificación de la Constitución, para garantizar que el matrimonio solo puede darse entre un hombre y una mujer.

De esa manera el parlamento rumano acepta la iniciativa de la Coalitia pentry Familie de que recogió tres millones de firmas de ciudadanos que quieren evitar que su país apruebe alguna vez el «matrimonio» homosexual.

La enmienda propuesta al párrafo 1 del artículo 48 de la Constitución rumana dice:

«La familia se basa en el matrimonio libremente consentido entre un hombre y una mujer, en plena igualdad y en el  derecho y el deber de los padres de asegurar la educación, la educación y la instrucción de niños»

El Tribunal Constitucional de Rumania aprobó la propuesta legislativa sobre la revisión de la Constitución iniciada señalando que cumplía con todas las demandas constitucionales. La iniciativa ha encontrado un amplio apoyo de todas las confesiones cristianas, incluyendo ortodoxos, católicos y evangélicos, así como grupos jurídicos internacionales como ADF International, Liberty Counsel y el Centro Europeo para el Derecho y la Justicia.

Ahora la propuesta pasa al Senado. En caso de ser aprobada, en los treinta días siguientes se someterá a un referéndum en el que, según indican todas las encuestas, recibirá el apoyo de la gran mayoría de la población rumana.

Por Infocatolica 15/05/2017

El PP apoya la iniciativa de Podemos para garantizar el aborto gratuito en toda España

El Senado ha aprobado por unanimidad instar al Gobierno a garantizar el aborto en todos los servicios de salud de las comunidades autónomas.

El Senado ha aprobado por unanimidad instar al Gobierno a garantizar el aborto en todos los servicios de salud de las comunidades autónomas “como una prestación y un derecho con garantías de equidad” y desarrollar una norma que prohíba que las mujeres tengan que pagar para acceder a ese derecho.

La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado ha aprobado por unanimidad un texto consensuado por todos los grupos, que incluye modificaciones a la moción presentada por el Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para resolver deficiencias e inequidad en el sistema sanitario público en materia de salud sexual.

Los grupos parlamentarios reclaman que se eliminen “las enormes diferencias entre unas comunidades y otras respecto al acceso al método de interrupción del embarazo farmacológico” y que se valore, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la inclusión de los anticonceptivos de última generación en la cartera de servicios de financiación pública.

Además, los partidos reclaman impulsar políticas activas de educación y prevención con campañas informativas sobre métodos anticonceptivos y de planificación familiar.

La iniciativa propone dotar de recursos específicos para tratar la violencia de género en los servicios de urgencias, atención primaria, atención especializada y salud mental, garantizando una formación y estándares mínimos en todo el Estado y haciendo evaluaciones de impacto de género de las diferentes políticas públicas.

También, plantea desarrollar un protocolo común en el Sistema Nacional de Salud que facilite la accesibilidad a las mujeres con discapacidad y asegurar la atención especializada a las mujeres que se encuentran embarazadas en los centros de internamiento de extranjeros (CIE).

El texto aprobado señala que todas estas medidas deben llevarse a cabo con la colaboración de las comunidades autónomas, los profesionales de salud y las organizaciones de la sociedad civil.

Durante la defensa de la moción, la senadora de Podemos María Concepción Palencia ha defendido la necesidad de abordar “todos esos problemas que afectan a las mujeres y niñas y de impulsar soluciones”.

“Existen deficiencias en la atención sanitaria a las mujeres, que tiene problemas empeorados por la reforma sanitaria, que deben ser corregidos con una política de género” en todos los ámbitos, ha dicho.

Por Forumlibertas