La ley española de la eutanasia como injusticia: Demos una respuesta el 15 de enero

eutanasia

Las razones, presuntamente progresistas, que aducen los partidos del gobierno y el “bloque de estado” sobre la eutanasia son en realidad argumentos propios del individualismo radical, que poco tienen que ver con una pretendida lógica de “lo común” o socialdemócrata.

Básicamente las razones que se aducen son tres: evitar el sufrimiento, la autonomía personal y la calidad de vida.

Sobre el sufrimiento hay que decir con rotundidad que éste depende de las condiciones concreta de vida de cada persona y de la forma subjetiva como las vive. Pensar que se lucha contra el sufrimiento a base de elegir la muerte como única salida, es un pensamiento propio de una concepción reaccionaria, que se niega a contemplar las condiciones sociales que lo provocan, sea la enfermedad, sea la soledad, sea la desesperación. La respuesta a todo esto pasa por la mejora de estas condiciones, empezando por un sistema nacional de cuidados paliativos al alcance de todos, y una mejor y mayor consideración política de todas las causas que generan sufrimientos extremos, y que no se terminan, obviamente, con la enfermedad, sino que esta es un componente importante pero no único de las mismos. Si la solución es matar, lo único que hace el gobierno es consolidar las injusticias que hacen sufrir, y las desiguales condiciones de acceso a las atenciones paliativos; quien paga, accede a ellos.

La autonomía de la voluntad no significa el derecho hacer lo que uno quiera, sino que comporta necesariamente una relación con la responsabilidad y sus deberes. De ahí que, en ningún caso, dicha autonomía, que es un principio básico de Derecho Civil, pueda tener efectos en el ámbito del derecho público.  Esto, los defensores de la cosa pública, del estatismo y del “Común”, lo ignoran clamorosamente, por propia ignorancia o porque les conviene. En el primer caso el no saber invalida una ley, en el segundo inducen a engaño a sus seguidores. No se puede defender una visión de la importancia de los bienes públicos y comunes, y situar como principio fundamental la autonomía de la voluntad, como hace la ley, a menos que sea un acérrimo y un neoliberal. Es algo parecido a lo que sucede con el derecho de la propiedad, que ni es absoluto, ni se impone a los derechos colectivos, y debe responder a una función social; tiene una responsabilidad social. Es distintivo de esta forma de razonar que nos presenten solo ejemplos extremos de gente que ha decidido morir, casos excepcionales, y no nos muestren lo que más abunda: las personas que una vez ayudadas lo que piden es vivir, las personas que una vez sacadas del hondo pozo del choque postraumático que les ha condenado a la inmovilidad encuentra un nuevo sentido a la vida. La eutanasia se carga el esfuerzo de tanta gente, de tantas asociaciones entregadas a estas tareas de recuperación, y señala que existen vidas que no merecen vivirse, y esto nos conduce al tercer argumento.

Este tercer argumento parte del principio de la calidad de vida. Cuando ésta se deteriora mucho, uno debe tener el derecho a terminar con ella. Y aquí hay que afirmar con rotundidad que las condiciones de vida responden a una condición de clase social, de grupo, si se quiere en otros términos, y que  la enfermedad, en la soledad, la desesperación y la depresión son muy distintas para el 10% de la población con mayores ingresos, de los que se sitúan en los últimos deciles de renta, el 40, el 30, y ya no digamos el 10% de menores ingresos de la población. Son ellos “carne de eutanasia”, porque el “gobierno progresista” los abandona ante el sufrimiento y les dice que el único camino para salir es la muerte. Quien puede pagarse tiempo de vida en buena condiciones lo hace, eso es una evidencia. Por eso, la ley aumenta la desigualdad en un extremo trágico: el de como vivir el fin de la vida.

Y es que por ley natural el ser humano, como todo animal, quiere vivir, pero en el caso humano en ocasiones requiere disponer de una razón para ello. El humanismo de una sociedad, de un gobierno, radica en su capacidad de aportar dichas razones.

No son estos únicamente los únicos motivos para oponerse a la ley y a su aplicación, pero hemos considerado necesario reseñarlas, porque quizás son de los más olvidados.

Para dar respuesta a esta ley injusta, para  poner fin a la dispersión que nos debilita ante estas y otras leyes y actuaciones del poder político vamos a reunirnos en una primera asamblea de asociaciones para trata de la vida y también de la dignidad, de cómo ha de ser vivida, el próximo 15 de enero a las 17,30 de la tarde. Si tu asociación está interesada en estas cuestiones y quiere participar puedes inscribirte aquí y si quieres mas información puede pedirla aquí: secretaria@e-cristians.net

Levantémonos con la fuerza de la  búsqueda de la verdad, el bien y la justicia, y demostremos que aprobar una ley injusta, como hay otras, no significa el fin de nada, sino el inicio de la respuesta para cambiarlas.

POR FORUM LIBERTAS

Así queda el Dictamen de la Comisión de Justicia sobre la Ley de eutanasia

Así queda el Dictamen de la Comisión de Justicia sobre la Ley de eutanasia

 

La Comisión de Justicia, a la vista del informe emitido por la Ponencia, ha examinado la Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia (núm. expte. 122/20) y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 del vigente Reglamento, tiene el honor de elevar a la Presidenta de la Cámara el siguiente

D I C T A M E N

PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN DE LA EUTANASIA (122/20)

Preámbulo

La presente Ley pretende dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista, a una demanda sostenida de la sociedad actual como es la eutanasia.

La eutanasia significa etimológicamente “buena muerte” y se puede definir como el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona, producido por voluntad expresa de la propia persona y con el objeto de evitar un sufrimiento. En nuestras doctrinas bioética y penalista existe hoy un amplio acuerdo en limitar el empleo del término “eutanasia” a aquella que se produce de manera activa y directa, de manera que las actuaciones por omisión que se designaban como eutanasia pasiva (no adopción de tratamientos tendentes a prolongar la vida y la interrupción de los ya instaurados conforme a la lex artis), o las que pudieran considerarse  como eutanasia activa indirecta (utilización de fármacos o medios terapéuticos que alivian el sufrimiento físico o psíquico aunque aceleren la muerte del paciente -cuidados paliativos-) se han excluido del concepto bioético y jurídico-penal de eutanasia.

I.-

El debate sobre la eutanasia, tanto desde el punto de vista de la bioética como del Derecho, se ha abierto paso en nuestro país y en los países de nuestro entorno durante las últimas décadas, no solo en los ámbitos académicos sino también en la sociedad, debate que se aviva periódicamente a raíz de casos personales que conmueven a la opinión pública. Un debate en el que confluyen diferentes causas, como la creciente prolongación de la esperanza de vida, con el consiguiente retraso en la edad de morir, en condiciones no pocas veces de importante deterioro físico y psíquico; el incremento de los medios técnicos capaces de sostener durante un tiempo prolongado la vida de las personas, sin lograr la curación o una mejora significativa de la calidad de vida; la secularización de la vida y conciencia social y de los valores de las personas; o el reconocimiento de la autonomía de la persona también en el ámbito sanitario, entre otros factores. Y es, precisamente, obligación del legislador atender a las demandas y valores de la sociedad, preservando y respetando sus derechos y adecuando para ello las normas que ordenan y organizan nuestra convivencia.

La legalización y regulación de la eutanasia se asientan sobre la compatibilidad de unos principios esenciales que son basamento de los derechos de las personas, y que son así recogidos en la Constitución española. Son, de un lado, los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, y de otro, bienes constitucionalmente protegidos como son la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad.

Hacer compatibles estos derechos y principios constitucionales es necesario y posible, para lo que se requiere una legislación respetuosa con todos ellos. No basta simplemente con despenalizar las conductas que impliquen alguna forma de ayuda a la muerte de otra persona, aun cuando se produzca por expreso deseo de esta. Tal modificación legal dejaría a las personas desprotegidas respecto de su derecho a la vida que nuestro marco constitucional exige proteger. Se busca, en cambio, legislar para respetar la autonomía y voluntad de poner fin a la vida de quien está en una situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables, lo que denominamos un contexto eutanásico. Con ese fin, la presente Ley regula y despenaliza la eutanasia en determinados supuestos, definidos claramente, y sujetos a garantías suficientes que salvaguarden la absoluta libertad de la decisión, descartando presión externa de cualquier índole.

En el panorama de los países de nuestro entorno se pueden reconocer, fundamentalmente, dos modelos de tratamiento normativo de la eutanasia.

Por una parte, los países que despenalizan las conductas eutanásicas cuando se considera que quien la realiza no tiene una conducta egoísta, y por consiguiente tiene una razón compasiva, dando pie a que se generen espacios jurídicos indeterminados que no ofrecen las garantías necesarias.

Por otra parte, los países que han regulado los supuestos en que la eutanasia es una práctica legalmente aceptable, siempre que sean observados concretos requisitos y garantías.

En el análisis de estas dos alternativas jurídicas, es relevante la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en su sentencia de 14 de mayo de 2013 (caso Gross vs. Suiza), consideró que no es aceptable que un país que haya despenalizado conductas eutanásicas no tenga elaborado y promulgado un régimen legal específico, precisando las modalidades de práctica de tales conductas eutanásicas. Esta Ley pretende incluirse en el segundo modelo de legislación, dotando de una regulación sistemática y ordenada a los supuestos en los que la eutanasia no deba ser objeto de reproche penal. Así, la Ley distingue entre dos conductas eutanásicas diferentes, la eutanasia activa y aquella en la que es el propio paciente la persona que termina con su vida, para lo que precisa de la colaboración de un profesional sanitario que, de forma intencionada y con conocimiento, facilita los medios necesarios, incluido el asesoramiento sobre la sustancia y dosis necesarias de medicamentos, su prescripción o, incluso, su suministro con el fin de que el paciente se lo administre. Por su parte, eutanasia activa es la acción por la que un profesional sanitario pone fin a la vida de un paciente de manera deliberada y a petición de este, cuando se produce dentro de un contexto eutanásico por causa de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable.

El contexto eutanásico, en el cual se acepta legalmente prestar ayuda para morir a otra persona, debe delimitarse con arreglo a determinadas condiciones que afectan a la situación física de la persona con el consiguiente sufrimiento físico o mental en que se encuentra, a las posibilidades de intervención para aliviar su sufrimiento, y a las convicciones morales de la persona sobre la preservación de su vida en unas condiciones que considere incompatibles con su dignidad personal. Así mismo, han de establecerse garantías para que la decisión de poner fin a la vida se produzca con absoluta libertad, autonomía y conocimiento, protegida por tanto de presiones de toda índole que pudieran provenir de entornos sociales, económicos o familiares desfavorables, o incluso de decisiones apresuradas. Este contexto eutanásico, así delimitado, requiere de una valoración cualificada y externa a las personas solicitante y ejecutora, previa y posterior al acto eutanásico. Al mismo tiempo, mediante la posibilidad de objeción de conciencia, se garantiza la seguridad jurídica y el respeto a la libertad de conciencia del personal sanitario llamado a colaborar en el acto de ayuda médica para morir, entendiendo el término médica implícito en la Ley cuando se habla de ayuda para morir, y entendido en un sentido genérico que comprende el conjunto de prestaciones y auxilios asistenciales que el personal sanitario debe prestar, en el ámbito de su competencia, a los pacientes que soliciten la ayuda necesaria para morir.

En definitiva, esta Ley introduce en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo derecho individual como es la eutanasia. Se entiende por esta la actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona, y que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios. Así definida, la eutanasia conecta con un derecho fundamental de la persona constitucionalmente protegido como es la vida, pero que se debe cohonestar también con otros derechos y bienes, igualmente protegidos constitucionalmente, como son la integridad física y moral de la persona (art. 15 CE), la dignidad humana (art. 10 CE), el valor superior de la libertad (art. 1.1 CE), la libertad ideológica y de conciencia (art. 16 CE) o el derecho a la intimidad (art. 18.1 CE). Cuando una persona plenamente capaz y libre se enfrenta a una situación vital que a su juicio vulnera su dignidad, intimidad e integridad, como es la que define el contexto eutanásico antes descrito, el bien de la vida puede decaer en favor de los demás bienes y derechos con los que debe ser ponderado, toda vez que no existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad del titular del derecho a la vida. Por esta misma razón, el Estado está obligado a proveer un régimen jurídico que establezca las garantías necesarias y de seguridad jurídica.

II.-

La presente Ley consta de cinco capítulos, siete disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.

El capítulo I está destinado a delimitar su objeto y ámbito de aplicación, así como a establecer las necesarias definiciones fundamentales del texto normativo.

El capítulo II establece los requisitos para que las personas puedan solicitar la prestación de ayuda para morir y las condiciones para su ejercicio. Toda persona mayor de edad y en plena capacidad de obrar y decidir puede solicitar y recibir dicha ayuda, siempre que lo haga de forma autónoma, consciente e informada, y que se encuentre en los supuestos de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables. Se articula también la posibilidad de solicitar esta ayuda mediante el documento de instrucciones previas o equivalente, legalmente reconocido, que existe ya en nuestro ordenamiento jurídico.

El capítulo III va dirigido a regular el procedimiento que se debe seguir para la realización de la prestación de ayuda para morir y las garantías que han de observarse en la aplicación de dicha prestación. En este ámbito cabe destacar la creación de comisiones de Garantía y Evaluación que han de verificar de forma previa y controlar a posteriori el respeto a la Ley y los procedimientos que establece.

El capítulo IV establece los elementos que permiten garantizar a toda la ciudadanía el acceso en condiciones de igualdad a la prestación de ayuda para morir, incluyéndola en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y garantizando así su financiación pública, pero garantizando también su prestación en centros privados o, incluso, en el domicilio. Hay que destacar que se garantiza dicha prestación sin perjuicio de la posibilidad de objeción de conciencia del personal sanitario.

Finalmente, el capítulo V regula las comisiones de Garantía y Evaluación que deberán crearse en todas las comunidades autónomas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla a los fines de esta ley.

Las disposiciones adicionales, por su parte, se dirigen a garantizar que quienes solicitan ayuda para morir al amparo de esta Ley, se considerará que fallecen por muerte natural, a asegurar recursos y medios de apoyo destinados a las personas con discapacidad, a establecer mecanismos para dar la máxima difusión a la presente Ley entre los profesionales sanitarios y la ciudadanía y oferta de formación continua específica sobre la ayuda para morir, así como un régimen sancionador. En sus disposiciones finales, se procede, en consecuencia con el nuevo ordenamiento legal introducido por la presente Ley, a la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con el objeto de despenalizar todas aquellas conductas eutanásicas en los supuestos y condiciones establecidos por la presente Ley.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

El objeto de esta Ley es regular el derecho que corresponde a toda persona que cumpla las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de observarse.

Asimismo, determina los deberes del personal sanitario que atienda a esas personas, definiendo su marco de actuación, y regula las obligaciones de las administraciones e instituciones concernidas para asegurar el correcto ejercicio del derecho reconocido en esta Ley.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Esta Ley será de aplicación a todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que actúen o se encuentren en territorio español. A estos efectos, se entenderá que una persona jurídica se encuentra en territorio español cuando tenga domicilio social, sede de dirección efectiva, sucursal, delegación o establecimiento de cualquier naturaleza en territorio español.

Artículo 3. Definiciones.

A los efectos de lo previsto en esta Ley, se entiende por:

  1. a) “Consentimiento informado”: la conformidad libre, voluntaria y consciente del paciente, manifestada en pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que, a petición suya, tenga lugar una de las actuaciones descritas en la letra g).
  2. b) “Padecimiento grave, crónico e imposibilitante”: situación que hace referencia a una persona afectada por limitaciones que inciden directamente sobre su autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no pueda valerse por sí misma, así como sobre su capacidad de expresión y relación, y que llevan asociado un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para la misma, existiendo seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable. En ocasiones puede suponer la dependencia absoluta de apoyo tecnológico.
  3. c) “Enfermedad grave e incurable”: la que por su naturaleza origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio que la persona considere tolerable, con un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva.
  4. d) “Médico responsable”: facultativo que tiene a su cargo coordinar toda la información y la asistencia sanitaria del paciente, con el carácter de interlocutor principal del mismo en todo lo referente a su atención e información durante el proceso asistencial, y sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que participan en las actuaciones asistenciales.
  5. e) “Médico consultor”: facultativo con formación en el ámbito de las patologías que padece el paciente y que no pertenece al mismo equipo del médico responsable.
  6. f) “Objeción de conciencia sanitaria”: derecho individual de los profesionales sanitarios a no atender aquellas demandas de actuación sanitaria reguladas en esta Ley que resultan incompatibles con sus propias convicciones.
  7. g) “Prestación de ayuda para morir”: acción derivada de proporcionar los medios necesarios a una persona que cumple los requisitos previstos en esta Ley y que ha manifestado su deseo de morir. Dicha prestación se puede producir en dos modalidades:

) La administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente.

) La prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia, de manera que esta se la pueda auto administrar, para causar su propia muerte.

  1. h) “Situación de incapacidad de hecho”: situación en la que el paciente carece de entendimiento y voluntad suficiente para regirse de forma autónoma, plena y efectiva por sí mismo, con independencia de que existan o se hayan adoptado medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica.

CAPÍTULO II

Derecho de las personas a solicitar la prestación de ayuda para morir y requisitos para su ejercicio

Artículo 4. Derecho a solicitar la prestación de ayuda para morir.

  1. Se reconoce el derecho de toda persona que cumpla los requisitos previstos en esta Ley a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir.
  2. La decisión de solicitar la prestación de ayuda para morir ha de ser una decisión autónoma, entendiéndose por tal aquella que está fundamentada en el conocimiento sobre su proceso médico, después de haber sido informada adecuadamente por el equipo sanitario responsable. En la historia clínica deberá quedar constancia de que la información ha sido recibida y comprendida por el paciente.
  3. En los procedimientos regulados en esta Ley, se garantizarán los medios y recursos de apoyo, materiales y humanos, incluidas las medidas de accesibilidad y diseño universales y los ajustes razonables que resulten precisos para que las personas solicitantes de la prestación de ayuda para morir reciban la información, formen y expresen su voluntad, otorguen su consentimiento y se comuniquen e interactúen con el entorno, de modo libre, a fin de que su decisión sea individual, madura y genuina, sin intromisiones, injerencias o influencias indebidas.

            En especial, se adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que pueden necesitar en el ejercicio de los derechos que tienen reconocidos en el ordenamiento jurídico.

Artículo 5. Requisitos para recibir la prestación de ayuda para morir.

  1. Para poder recibir la prestación de ayuda para morir será necesario que la persona cumpla todos los siguientes requisitos:
  2. a) Tener la nacionalidad española o residencia legal en España o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a doce meses, tener mayoría de edad y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud.
  3. b) Disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos, incluido en su caso el acceso a los cuidados paliativos integrales comprendidos en la cartera de servicios comunes y a las prestaciones que tuviera derecho de conformidad a la normativa de atención a la dependencia.
  4. c) Haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, o por otro medio que permita dejar constancia, y que no sea el resultado de ninguna presión externa, dejando una separación de al menos quince días naturales entre ambas.

Si el médico responsable considera que la pérdida de la capacidad de la persona solicitante para otorgar el consentimiento informado es inminente, podrá aceptar cualquier periodo menor que considere apropiado en función de las circunstancias clínicas concurrentes, de las que deberá dejar constancia en la historia clínica.

  1. d) Sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante en los términos establecidos en esta Ley, certificada por el médico responsable.
  2. e) Prestar consentimiento informado previamente a recibir la prestación de ayuda para morir. Dicho consentimiento se incorporará a la historia clínica del paciente.
  3. No será de aplicación lo previsto en las letras b), c) y e) del apartado anterior en aquellos casos en los que el médico responsable certifique que el paciente no se encuentra en el pleno uso de sus facultades ni puede prestar su conformidad libre, voluntaria y consciente para realizar las solicitudes, cumpla lo previsto en el apartado 1.d) y haya suscrito con anterioridad un documento de instrucciones, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos, en cuyo caso se podrá facilitar la prestación de ayuda para morir conforme a lo dispuesto en dicho documento. En el caso de haber nombrado representante en ese documento será el interlocutor válido para el médico responsable.

La valoración de la situación de incapacidad de hecho por el médico responsable se hará conforme a los protocolos de actuación que se determinen por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Artículo 6. Requisitos de la solicitud de prestación de ayuda para morir.

  1. La solicitud de prestación de ayuda para morir a la que se refiere el artículo 5.1.c) deberá hacerse por escrito, debiendo estar el documento fechado y firmado por el paciente solicitante, o por cualquier otro medio que permita dejar constancia de la voluntad inequívoca de quien la solicita, así como del momento en que se solicita.

En el caso de que por su situación personal o condición de salud no le fuera posible fechar y firmar el documento, podrá hacer uso de otros medios que le permitan dejar constancia, o bien otra persona mayor de edad y plenamente capaz podrá fecharlo y firmarlo en su presencia. Dicha persona ha de mencionar el hecho de que quien demanda la prestación de ayuda para morir no se encuentra en condiciones de firmar el documento e indicar las razones.

  1. El documento deberá firmarse en presencia de un profesional sanitario que lo rubricará. Si no es el médico responsable, lo entregará a este. El escrito deberá incorporarse a la historia clínica del paciente.
  2. El solicitante de la prestación de ayuda para morir podrá revocar su solicitud en cualquier momento, incorporándose su decisión en su historia clínica. Asimismo, podrá pedir el aplazamiento de la administración de la ayuda para morir.
  3. En los casos previstos en el artículo 5.2, la solicitud de prestación de ayuda para morir podrá ser presentada al médico responsable por otra persona mayor de edad y plenamente capaz, acompañándolo del documento de instrucciones previas, testamento vitalvoluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos, suscritos previamente por el paciente. En caso de que no exista ninguna persona que pueda presentar la solicitud en nombre del paciente, el médico responsable podrá presentar la solicitud de eutanasia.

Artículo 7. Denegación de la prestación de ayuda para morir.

  1. Las denegaciones de la prestación de ayuda para morir deberán realizarse siempre por escrito y de manera motivada por el médico responsable.
  2. Contra dicha denegación, la persona que hubiera presentado la solicitud, podrá presentar en el plazo máximo de quince días hábiles una reclamación ante la Comisión de Garantía y Evaluación competente. El médico responsable que deniegue la solicitud está obligado a informarle de esta posibilidad.
  3. El médico responsable que deniegue la solicitud de la prestación de ayuda para morir, con independencia de que se haya formulado o no una reclamación ante la Comisión de Garantía y Evaluación competente, deberá remitir, en el plazo de cinco días contados a partir de que se le haya notificado la denegación, los dos documentos especificados en el artículo 12, adaptando el documento segundo de modo que incluya los datos clínicos relevantes para la evaluación del caso y por escrito el motivo de la denegación.

CAPÍTULO III

Procedimiento para la realización de la prestación de ayuda para morir

Artículo 8. Procedimiento a seguir por el médico responsable cuando exista una solicitud de prestación de ayuda para morir.

  1. Una vez recibida la primera solicitud de prestación de ayuda para morir a la que se refiere el artículo 5.1.c), el médico responsable, en el plazo máximo de dos días, una vez verificado que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 5.1. a), c) y d), realizará con el paciente solicitante un proceso deliberativo sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende la información que se le facilita. Sin perjuicio de que dicha información sea explicada por el médico responsable directamente al paciente, la misma deberá facilitarse igualmente por escrito, en el plazo máximo de cinco días.

Transcurrido el plazo previsto en el artículo 5. 1 c) y tras la recepción de la segunda solicitud, el médico responsable, en el plazo de dos días, retomará con el paciente solicitante el proceso deliberativo al objeto de atender cualquier duda o necesidad de ampliación de información que se le haya planteado al paciente tras la información proporcionada tras la presentación de la primera solicitud de acuerdo con el párrafo anterior, en el plazo máximo de cinco días.

  1. Transcurridas veinticuatro horas tras la finalización del proceso deliberativo al que se refiere el apartado anterior, el médico responsable recabará del paciente solicitante su decisión de continuar o desistir de la solicitud de prestación de ayuda para morir. En el caso de que el paciente manifestara su deseo de continuar con el procedimiento, el médico responsable deberá comunicar esta circunstancia al equipo asistencial, si lo hubiere, especialmente a los profesionales de enfermería, así como, en el caso de que así lo solicitara el paciente, a los familiares o allegados que señale. Igualmente, deberá recabar del paciente la firma del documento del consentimiento informado.

En el caso de que el paciente decidiera desistir de su solicitud, el médico responsable pondrá este hecho igualmente en conocimiento del equipo asistencial, si lo hubiere.

  1. El médico responsable deberá consultar a un médico consultor, quien tras estudiar la historia clínica y examinar al paciente, deberá corroborar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 5.1, o en su caso en el 5.2, en el plazo máximo de diez días naturales, a cuyo efecto redactará un informe que pasará a formar parte de la historia clínica del paciente. Las conclusiones de dicho informe deberán ser comunicadas al paciente solicitante.

3 bis (nuevo). En caso de informe desfavorable del médico consultor sobre el cumplimiento de las condiciones del artículo 5.1, el paciente podrá recurrir a la Comisión de Garantía y Evaluación en los términos previstos en el artículo 7.2.

  1. Una vez cumplido lo previsto en los apartados anteriores, el médico responsable, antes de la realización de la prestación de ayuda para morir, lo pondrá en conocimiento del presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación, en el plazo máximo de tres días hábiles, al efecto de que se realice el control previo previsto en el artículo 10.

Artículo 9. Procedimiento a seguir cuando se aprecie que existe una situación de incapacidad de hecho.

En los casos previstos en el artículo 5.2 el médico responsable está obligado a aplicar lo previsto en las instrucciones previas o documento equivalente.

Artículo 10. Verificación previa por parte de la Comisión de Garantía y Evaluación.

  1. Una vez recibida la comunicación médica a que se refiere el artículo 8.4, el presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación designará, en el plazo máximo de dos días, a dos miembros de la misma, un profesional médico y un jurista, para que verifiquen si, a su juicio, concurren los requisitos y condiciones establecidos para el correcto ejercicio del derecho a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir.
  2. Para el adecuado ejercicio de sus funciones, los dos miembros citados en el apartado anterior tendrán acceso a la documentación que obre en la historia clínica y podrán entrevistarse con el profesional médico y el equipo, así como con la persona solicitante.
  3. En el plazo máximo de siete días naturales, emitirán un informe con los requisitos a que se refiere el documento contemplado en la letra b) del artículo 12. Si la decisión es favorable, el informe emitido servirá de resolución a los efectos de la realización de la prestación. Si la decisión es desfavorable a la solicitud planteada, quedará abierta la posibilidad de reclamar en virtud de lo previsto en la letra a) del artículo 18. En los casos en que no haya acuerdo entre los dos miembros citados en el apartado 1 de este artículo, se elevará la verificación al pleno de la Comisión de Garantía y Evaluación, que decidirá definitivamente.
  4. La resolución definitiva deberá ponerse, en el plazo máximo de dos días, en conocimiento del presidente, quien a su vez lo pondrá en conocimiento del médico responsable que realizó la comunicación para proceder, en su caso, a realizar la prestación de ayuda para morir.
  5. Las resoluciones de la Comisión que informen desfavorablemente la solicitud de la prestación de ayuda para morir podrán ser recurridas ante la jurisdicción contenciosoadministrativa.

Artículo 11. Realización de la prestación de ayuda para morir.

  1. Una vez recibida la resolución positiva, la realización de la prestación de ayuda para morir debe hacerse con el máximo cuidado y profesionalidad por parte de los profesionales sanitarios, con aplicación de los protocolos correspondientes, que contendrán, además, criterios en cuanto a la forma y tiempo de realización de la prestación.

En el caso de que el paciente se encuentre consciente, este deberá comunicar al médico responsable la modalidad en la que quiere recibir la prestación de ayuda para morir.

  1. En los casos en los que la prestación de ayuda para morir lo sea conforme a la forma descrita en el artículo 3.g.) el médico responsable, así como el resto de profesionales sanitarios, asistirán al paciente hasta el momento de su muerte.
  2. En el supuesto contemplado en el artículo 3.g.) el médico responsable, así como el resto de profesionales sanitarios, tras prescribir la sustancia que el propio paciente se autoadministrará, mantendrá la debida tarea de observación y apoyo a este hasta el momento de su fallecimiento.

Artículo 12. Comunicación a la Comisión de Garantía y Evaluación tras la realización de la prestación de ayuda para morir.

Una vez realizada la prestación de ayuda para morir, y en el plazo máximo de cinco días hábiles después de esta, el médico responsable deberá remitir a la Comisión de Garantía y Evaluación de su comunidad autónoma o ciudad autónoma los siguientes dos documentos separados e identificados con un número de registro:

  1. a) El primer documento, sellado por el médico responsable, referido como “documento primero”, deberá recoger los siguientes datos:

) Nombre completo y domicilio de la persona solicitante de la ayuda para morir y, en su caso, de la persona autorizada que lo asistiera.

) Nombre completo, dirección y número de identificación profesional (número de colegiado o equivalente) del médico responsable.

) Nombre completo, dirección y número de identificación profesional del médico consultor cuya opinión se ha recabado.

) Si la persona solicitante disponía de un documento de instrucciones previas o documento equivalente y en él se señalaba a un representante, nombre completo del mismo. En caso contrario, nombre completo de la persona que presentó la solicitud en nombre del paciente en situación de incapacidad de hecho.

  1. b) El segundo documento, referido como “documento segundo”, deberá recoger los siguientes datos:

) Sexo y edad de la persona solicitante de la ayuda para morir.

) Fecha y lugar de la muerte.

) Tiempo transcurrido desde la primera y la última petición hasta la muerte de la persona.

) Descripción de la patología padecida por la persona solicitante (enfermedad grave e incurable o padecimiento grave, crónico e imposibilitante).

) Naturaleza del sufrimiento continuo e insoportable padecido y razones por las cuales se considera que no tenía perspectivas de mejoría.

) Información sobre la voluntariedad, reflexión y reiteración de la petición, así como sobre la ausencia de presión externa.

) Si existía documento de instrucciones previas o documento equivalente, una copia del mismo.

) Procedimiento seguido por el médico responsable y el resto del equipo de profesionales sanitarios para realizar la ayuda para morir.

) Capacitación de los médicos consultores y fechas de las consultas.

CAPÍTULO IV

Garantía en el acceso a la prestación de ayuda para morir

Artículo 13. Garantía del acceso a la prestación de ayuda para morir.

  1. La prestación de ayuda para morir estará incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y será de financiación pública.
  2. Los servicios públicos de salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, aplicarán las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación de ayuda para morir en los supuestos y con los requisitos establecidos en esta Ley.

Artículo 14. Prestación de la ayuda para morir por los servicios de salud.

  1. (Pasa a ser disposición adicional sexta)

(antes 2) La prestación de la ayuda para morir se realizará en centros sanitarios públicos, privados o concertados, y en el domiciliosin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabados por el ejercicio de la objeción de conciencia sanitaria o por el lugar donde se realiza. No podrán intervenir en ninguno de los equipos profesionales quienes incurran en conflicto de intereses ni quienes resulten beneficiados de la práctica de la eutanasia.

Artículo 15. Protección de la intimidad y confidencialidad.

  1. Los centros sanitarios que realicen la prestación de ayuda para morir adoptarán las medidas necesarias para asegurar la intimidad de las personas solicitantes de la prestación y la confidencialidad en el tratamiento de sus datos de carácter personal.
  2. Asimismo, los citados centros deberán contar con sistemas de custodia activa de las historias clínicas de los pacientes e implantar en el tratamiento de los datos las medidas de seguridad de nivel alto previstas en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

Artículo 16. Objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

  1. Los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia.

El rechazo o la negativa a realizar la citada prestación por razones de conciencia es una decisión individual del profesional sanitario directamente implicado en su realización, la cual deberá manifestarse anticipadamente y por escrito.

  1. Las administraciones sanitarias crearán un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir, en el que se inscribirán las declaraciones de objeción de conciencia para la realización de la misma y que tendrá por objeto facilitar la necesaria información a la administración sanitaria para que esta pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir. El registro se someterá al principio de estricta confidencialidad y a la normativa de protección de datos de carácter personal.

CAPÍTULO V

Comisiones de Garantía y Evaluación

Artículo 17. Creación y composición.

  1. Existirá una Comisión de Garantía y Evaluación en cada una de las comunidades autónomas, así como en las Ciudades de Ceuta y Melilla. La composición de cada una de ellas tendrá carácter multidisciplinar y deberá contar con un número mínimo de siete miembros entre los que se incluirán personal médico y juristas.
  2. En el caso de las comunidades autónomas, dichas comisiones, que tendrán la naturaleza de órgano administrativo, serán creadas por los respectivos gobiernos autonómicos, quienes determinarán su régimen jurídico. En el caso de las Ciudades de Ceuta y Melilla, será el Ministerio de Sanidad quien cree las comisiones para cada una de las ciudades y determine sus regímenes jurídicos.
  3. Cada Comisión de Garantía y Evaluación deberá crearse y constituirse antes del término del plazo de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.
  4. Cada Comisión de Garantía y Evaluación deberá disponer de un reglamento de orden interno, que será elaborado por la citada Comisión y autorizado por el órgano competente de la administración autonómica. En el caso de las Ciudades de Ceuta y Melilla, la citada autorización corresponderá al Ministerio de Sanidad.

5 (nuevo). El Ministerio de Sanidad y los presidentes de las Comisiones de Garantía y Evaluación de las comunidades autónomas se reunirán anualmente, bajo la coordinación del Ministerio, para homogenizar criterios e intercambiar buenas prácticas en el desarrollo de la prestación de eutanasia en el Sistema Nacional de Salud.

Artículo 18. Funciones.

Son funciones de la Comisión de Garantía y Evaluación las siguientes:

  1. a) Resolver en el plazo máximo de veinte días naturales las reclamaciones que formulen las personas a las que el médico responsable haya denegado su solicitud de prestación de ayuda para morir, así como dirimir los conflictos de intereses que puedan suscitarse según lo previsto en el artículo 14.

También resolverá en el plazo de veinte días naturales las reclamaciones a las que se refiere el apartado 3 del artículo 10, sin que puedan participar en la resolución de las mismas los dos miembros designados inicialmente para verificar el cumplimiento de los requisitos de la solicitud.

Asimismo resolverá en igual plazo sobre las solicitudes pendientes de verificación y elevadas al pleno por existir disparidad de criterios entre los miembros designados que impida la formulación de un informe favorable o desfavorable.

En el caso de que la resolución sea favorable a la solicitud de prestación de ayuda para morir, la Comisión de Garantía y Evaluación competente requerirá a la dirección del centro para que en el plazo máximo de siete días naturales facilite la prestación solicitada a través de otro médico del centro o de un equipo externo de profesionales sanitarios.

El transcurso del plazo de veinte días naturales sin haberse dictado resolución, dará derecho a los solicitantes a entender denegada su solicitud de prestación de ayuda para morir, quedando abierta la posibilidad de recurso ante la jurisdicción contenciosoadministrativa.

  1. b) Verificar en el plazo máximo de dos meses si la prestación de ayuda para morir se ha realizado de acuerdo con los procedimientos previstos en la ley.

Dicha verificación se realizará con carácter general a partir de los datos recogidos en el documento segundo. No obstante, en caso de duda, la Comisión podrá decidir por mayoría simple levantar el anonimato y acudir a la lectura del documento primero. Si, tras el levantamiento del anonimato, la imparcialidad de algún miembro de la Comisión de Garantía y Evaluación se considerara afectada, este podrá retirarse voluntariamente o ser recusado.

Asimismo, para realizar la citada verificación la Comisión podrá decidir por mayoría simple solicitar al médico responsable la información recogida en la historia clínica del paciente que tenga relación con la realización de la prestación de ayuda para morir.

  1. c) Detectar posibles problemas en el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley, proponiendo, en su caso, mejoras concretas para su incorporación a los manuales de buenas prácticas y protocolos.
  2. d) Resolver dudas o cuestiones que puedan surgir durante la aplicación de la Ley, sirviendo de órgano consultivo en su ámbito territorial concreto.
  3. e) Elaborar y hacer público un informe anual de evaluación acerca de la aplicación de la Ley en su ámbito territorial concreto. Dicho informe deberá remitirse al órgano competente en materia de salud.
  4. f) Aquellas otras que puedan atribuirles los gobiernos autonómicos, así como, en el caso de las Ciudades de Ceuta y Melilla, el Ministerio de Sanidad.

Artículo 19. Deber de secreto.

Los miembros de las Comisiones de Garantía y Evaluación estarán obligados a guardar secreto sobre el contenido de sus deliberaciones y a proteger la confidencialidad de los datos personales que, sobre profesionales sanitarios, pacientes, familiares y personas allegadas, hayan podido conocer en su condición de miembros de la Comisión.

Disposición adicional primera. Sobre la consideración legal de la muerte.

La muerte como consecuencia de la prestación de ayuda para morir tendrá la consideración legal de muerte natural a todos los efectos, independientemente de la codificación realizada en la misma.

Disposición adicional segunda. Régimen sancionador.

Las infracciones de lo dispuesto por la presente Ley quedan sometidas al régimen sancionador previsto en el capítulo VI del título I de la Ley 14/1986, General de Sanidad, sin perjuicio de la posible responsabilidad civil o penal y de la responsabilidad profesional o estatutaria que pueda corresponder.

Disposición adicional tercera (nueva).  Informe Anual

            Las comunidades autónomas remitirán al Ministerio de Sanidad el informe a que se refiere la letra e) del artículo 18. Para las Ciudades de Ceuta y Melilla el Ministerio de Sanidad recabará dicho informe a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Los datos conjuntos de comunidades y ciudades autónomas serán hechos públicos y presentados por el Ministerio de Sanidad.

Disposición adicional cuarta (nueva). Personas con discapacidad.

            Las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas tendrán garantizados los derechos, recursos y medios de apoyo establecidos en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Disposición adicional quinta (nueva). Recurso jurisdiccional

Los recursos a los que se  refieren los artículos 10.5 y 18.a) se tramitarán por el procedimiento previsto para la protección de los derechos fundamentales de la persona en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

Disposición adicional sexta (antes artículo 14.1). Medidas para garantizar la prestación de ayuda para morir por los servicios de salud

Con el fin de asegurar la igualdad y calidad asistencial de la prestación de ayuda para morir, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud deberá elaborar en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de la Ley un manual de buenas prácticas que sirva para orientar la correcta puesta en práctica de esta Ley.

Asimismo, en este mismo plazo deberá elaborar los protocolos a los que se refiere el artículo 5.2.

Disposición adicional séptima (nueva). Formación

            Las administraciones sanitarias competentes habilitarán los mecanismos oportunos para dar la máxima difusión a la presente Ley entre los profesionales sanitarios y la ciudadanía en general, así como para promover entre la misma la realización del documento de instrucciones previas.

            Asimismo, difundirán entre el personal sanitario los supuestos contemplados en la misma a los efectos de su correcto y general conocimiento y de facilitar en su caso el ejercicio por los profesionales del derecho a la objeción de conciencia.

            La Comisión de formación continuada de las profesiones sanitarias, adscrita a la Comisión de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud, abordará, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, la coordinación de la oferta de formación continua específica sobre la ayuda para morir, que deberá considerar tanto los aspectos técnicos como los legales, formación sobre comunicación difícil y apoyo emocional.

Disposición transitoria única. Régimen jurídico de las Comisiones de Garantía y Evaluación.

En tanto no dispongan de su propio reglamento de orden interno, el funcionamiento de las Comisiones de Garantía y Evaluación se ajustará a las reglas establecidas en la sección 3ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo establecido en esta Ley.

Disposición final primera. Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Se modifica el apartado 4  y se añade un apartado 5 al artículo 143 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en los términos siguientes:

“4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de una persona que sufriera un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable, con sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, por la petición expresa, seria e inequívoca de ésta, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los apartados 2 y 3.

  1. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirá en responsabilidad penal quien causare o cooperare activamente a la muerte de otra persona cumpliendo lo establecido en la ley orgánica reguladora de la eutanasia.”

Disposición final segunda. Título competencial.

Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.1ª y 16ª de la Constitución española, que atribuyen al Estado la competencia para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, y sobre las bases y coordinación general de la sanidad, respectivamente, salvo la disposición final primera que se ampara en la competencia que el artículo 149.1. 6ª atribuye al Estado sobre legislación penal.

Disposición final tercera. Carácter ordinario de determinadas disposiciones.

La presente Ley tiene carácter de ley orgánica a excepción de los artículos 12, 17 y 18, de las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, y de la disposición transitoria única, que revisten el carácter de ley ordinaria.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

Palacio del Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2020.

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

Isaura Leal Fernández

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN

Carolina Telechea i Lozano

POR FORUM LIBERTAS

 

El Congreso de los Diputados el pasado 17 de diciembre de 2020 “ha legalizado el derecho a la eutanasia”.

Lo apoyaron 201 diputados:

PSOE, Unidas Podemos, ERC, Cs, PNV, EH Bildu, Junts per Catalunya, PDeCAT, Más País, Compromís, Partido Regionalista Cántabro, BNG, CUP, Coalición Canaria, Nueva Canarias.

Votos en contra 140 diputados:

PP, Vox, UPN, Foro Asturias

Abstención:

Teruel Suma, ERC 1 diputado.

Ausentes:

7 diputados

EDUCACIÓN. CÓMO LA LEY CELAÀ VA A DESTRUIR LA ENSEÑANZA CONCERTADA

ley celaá

Aun se manifiestan opiniones que, con pretensiones de neutralidad, aducen que la nueva ley Celaá, del gobierno de Sánchez, solo favorece a la enseñanza pública, a pesar de que lo que evidencia el texto aprobado es la voluntad de cancelar la enseñanza concertada, la que no está sometida al control directo del Estado.

Claro que la ley Celaá no dice en ningún momento “se prohíbe la enseñanza concertada”, o “se han terminado los conciertos”. No dicen esto, pero tampoco es un modelo de sutileza. Ni sus defensores, algunos tuneados de presunta objetividad, ni sus autores ideológicos, poseen la grandeza de espíritu para manifestar que lo que persiguen es un modelo en el que la enseñanza gratuita esté en manos del estado. Quedaría fuera de su control una minoría que puede pagarse el elevado coste de la enseñanza privada, que es el lugar, no solo, pero sí donde se concentran los hijos de la élite económica, a quien el gobierno obviamente no molestará, porque su progresismo tiene precisamente su límite en la salvaguarda de estas élites con las que ha pactado, al menos con aquellas asentadas en un liberalismo a lo Soros.

Y esta liquidación la pretenden hacer con una norma aprobada por mayoría absoluta, una condición necesaria al tratarse de una ley orgánica, pero solo por un voto. Es la ley con menos apoyos de la democracia.

La forma en que la ley Celaá terminará con la enseñanza concertada se fundamenta en lo siguiente:

La idea es la progresiva reducción del número de plazas concertadas. Se trata de convertirla en un ámbito residual. Esto se logra mediante la obligación de matricular a los hijos en la escuela pública mientras existan plazas disponibles en ella, de manera que la concertada se limite solo a los “sobrantes”. En la medida en que se creen nuevas plazas en la pública se irán reduciendo en la enseñanza concertada. Esta situación se precipitará  sin necesidad de incrementar la oferta pública, porque la demanda en las edades más jóvenes se va reduciendo debido a la crisis demográfica. En otras palabras, habrá menos niños para el mismo número de plazas.

Al actuar de esta manera, se liquida el derecho constitucional de los padres a elegir para sus hijos la educación moral y religiosa (CE art. 16.1.). Esto es una evidencia: si no hay centros con idearios específicos, como sucede con la escuela libre, no hay posibilidad práctica de realizar aquel principio. Será muy interesante ver cómo el Tribunal Constitucional responde a esta obviedad.

Este proceso incidirá sobre los conciertos eliminando progresivamente líneas y grupos hasta que el centro sea inviable. Por ejemplo, una escuela concertada montada sobre 3 líneas de primaria y dimensionada sobre ellas, empezará a tener un futuro difícil si les suprimen una línea de primaria, porque la escuela pública y el carácter de sus plazas hace innecesaria esta oferta concertada. Es la crónica de una asfixia anunciada.

Todo esto es consecuencia de haber proscrito por ley el concepto de demanda social que hacía posible que los padres matricularan a los hijos en el centro de su preferencia, con independencia de si era público o concertado.

Por si esto no fuera suficiente, la ley Celaá diseña además otra vía de asfixia. Podríamos decir que es el método hipócrita. Consiste en impedir que la fundación que rige la escuela pueda cobrar cuota alguna a los padres. Esto se hace en nombre de la igualdad y de una exquisita sensibilidad social, de ahí la hipocresía que preside el discurso de la ministra y el Gobierno. Porque es público y notorio que el concierto siempre ha situado el coste por plaza a un nivel inferior al real. El resultado es que se sitúa entre 30% y 40% por debajo de la plaza de la escuela pública. En otras palabras, con la escuela concertada el Estado ahorra dinero. Solo en Cataluña si se tuviera que equiparar el coste, la Generalitat, esto es el estado, debería aportar más de 1.100 millones de euros cada año. Proyectada esta cifra a escala española ya da una idea de la magnitud del coste y del trato discriminatorio que ha venido soportando la escuela concertada. Esta situación, que nunca ha dado lugar a un verdadero debate político, en parte por falta de visión de la concertada que ha preferido esta solución a mover la  discusión, paga ahora las consecuencias, porque la ley prohíbe taxativamente las cuotas, y por tanto de manera inexorable se va a producir un déficit o una degradación difícilmente soportable de las condiciones educativas de los centros concertados. Claro que se podrá diseñar una Ingeniería de financiación, pero siempre desde la debilidad y el riesgo de quedar expuesto en la picota. Retroceso, en definitiva.

El propio Gobierno -éste y los anteriores- siempre renuente a asumir sus responsabilidades, admite sin embargo, que la concertada está infra financiada. Sus datos señalan que el concierto solo sirve para cubrir el 90% de los costes del profesorado y el 10% de los costes de funcionamiento y mantenimiento de la escuela. La cuestión es obvia: si se prohíben las cuotas ¿cómo se va a pagar el 10% deficitario de los salarios y el 90% que es necesario cubrir para que el centro pueda abrir sus puertas y funcionar? Sencillamente no es posible.

Así tenemos dos vías para hacer inviable la escuela que permiten garantizar el derecho constitucional de los padres. Una, a medio plazo, liquidando progresivamente las líneas de concierto porque son absorbidas por la escuela pública, sin considerar cuáles son las preferencias de las familias. La otra, con efecto inmediato, porque al vetar nuestros ingresos es imposible que se produzca el equilibrio financiero del centro solo a base del concierto.

Estas dos son las armas de destrucción masiva, pero para redondear la demolición, la ley sitúa más elementos. Uno de ellos es la inclusividad. Sí, en buena medida es cierto que la mayoría de los alumnos de familias con dificultades educativas, que mayoritariamente se corresponden con aquellos de menores ingresos, se localizan en la escuela pública. Lo que ya no se advierte es que este escenario se produce precisamente porque la escuela pública está bien financiada y la concertada no, lo cual obliga al pago de una determinada cuota. Muchas escuelas concertadas imbuidas de su función social, establecen exenciones para las familias con necesidades, pero evidentemente éstas son pocas porque lo que ellas no pagan lo deberán aportar el resto de familias. La solución era evidente y ya se pactó en Cataluña a través de un proceso negociador impulsado por al Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) de la autonomía. Este acuerdo está en pie y la ley se lo carga, y consiste en un aumento del número de plazas para este tipo de alumnos de las escuelas concertadas a cambio de una mejor financiación de éstas por parte de la Generalitat. De esta manera se respetaría la libertad de elección y la imposibilidad de las escuelas concertadas de atender alumnos con muy pocas disponibilidades económicas. El Gobierno ha decidido otra cosa: imponer esta condición de inclusividad, reduciendo a su vez las posibilidades de financiación; es decir, exigiendo la cuadratura del círculo : menos líneas concertadas, prohibición del pago de cuotas a las fundaciones escolares, y remate final, incorporación de alumnos con necesidades especiales. Es imposible sobrevivir a este escenario.

Y para redondear la tarea, la ley también prohíbe a los ayuntamientos ceder suelo público para que se puedan construir este tipo de equipamientos; todo ha de quedar en manos del Estado. La municipalidad no puede ceder suelo para disponer de un servicio de su propia comunidad, sino que necesariamente ha de ceder su suelo al Estado para poder tener las aulas que necesita. Esto es obviamente la estatificación de la enseñanza

Todo esto se fundamenta en una falacia: la confusión entre escuela estatal y escuela pública. Lo que se llama de esta manera es en realidad escuela del Estado; las autonomías son  estado, y este además fija la orientación ideológica que ha de tener la educación, y que, como definía La Vanguardia, sin mala intención porque lo hacía en un texto qué defendía la norma, se trata de una ley que “Recoge las aspiraciones de la izquierda progresista”. Ya está dicho todo. impone las aspiraciones de una parte de la sociedad en el terreno del adoctrinamiento, de la ideología, a toda la sociedad. Es evidente que esto no es una ley pensada para todos los españoles, sino que está concebida para formatear la mentalidad de nuestros hijos de acuerdo con unas determinadas visiones y concepciones políticas e ideológicas. De esta manera la neutralidad del Estado una vez más deja de existir y queda en manos de quienes controlan el Gobierno y el Parlamento. De esta manera, el daño es doble y muy grave, y perjudica a la columna vertebral de la sociedad, la educación, y erosiona la misión de las instituciones públicas al convertirlas en sujetos al servicio de unos partidos políticos.

POR JOSEP MIRÓ i ARDÈVOL

PARA FORUM LIBERTAS

AVISO A LA “LEY CELAÁ”: LA JUSTICIA SUSPENDE EL CERCO DE LA GENERALITAT A LA ESCUELA DIFERENCIADA

El TSJC suspende cautelarmente la denegación de los conciertos de primaria a escuelas que separan por sexo y obliga a renovarlos

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha suspendido el cerco a la escuela concertada «diferenciada» que pretendía instaurar el gobierno de Junts y Esquerra. Así consta en un auto conocido hoy en el que la justicia admite las medidas cautelares solicitadas contra una resolución del Govern que denegaba los conciertos con los centros educativos que separan por sexo. El TSJC también ha ordenado renovar los conciertos por un periodo de seis años a partir del curso 2020-2021.

El pasado mes de mayo la Generalitat publicó en su diario oficial (el DOGC) la decisión de no prorrogar sus acuerdos de concierto educativo con casi una docena de centros catalanes que diferencian por sexo. Ahora, esta medida impulsada por el consejero republicano Josep Bargalló queda suspendida provisionalmente y los colegios afectados, principalmente ligados a órdenes religiosas, podrán seguir recibiendo financiación pública.

La decisión del TSJC ha sido recibida con optimismo por algunas de las entidades que pusieron el grito en el cielo al conocer las intenciones del Govern. Entre ellas, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Escuelas Libres de Cataluña (Fapel), que ha destacado este lunes que el tribunal es «muy claro» y ratifica «de forma inequívoca» el derecho de las escuelas concertadas a seguir recibiendo financiación pública como todos los otros centros del Servicio de Educación de Cataluña independientemente de cuál sea la configuración de sus aulas.

«Esta resolución avala, nuevamente, el derecho de las familias a poder elegir cualquier centro del Servicio de Educación de Cataluña, y garantiza la pluralidad. Además, hay que recordar que el Tribunal Constitucional reconoce que los centros de educación diferenciada deben poder acceder al sistema de financiación pública ‘en condiciones de igualdad respecto al resto de centros educativos’, sin que el carácter del centro como centro de educación diferenciada pueda convertirse en un ‘obstáculo’ para dicho acceso», ha añadido Fapel en un comunicado.

«La Lomloe también…»

La entidad ha recordado que la decisión del TSJC supone un primer aviso para la conocida como «ley Celaá» aprobada recientemente en el Congreso entre críticas de la oposición, la escuela concertada y la educación especial. «La LOMLOE (…) deniega el derecho a la financiación de estas escuelas», resalta la federación antes de arremeter contra la nueva legislación educativa impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez por considerarla «muy lesiva» para el sistema educativo, especialmente en relación con la escuela concertada, ya que, a su parecer, atenta contra la pluralidad, la igualdad de oportunidades y la libertad de educación.

POR MIQUEL VERA PARA ABC

SÍ A LA LIBERTAD: LOS PADRES TENEMOS LIBERTAD PARA ESCOGER LA EDUCACIÓN DE NUESTROS HIJOS, Y AHORA SE NOS QUIERE ARREBATAR

 

PSOE, ERC y Podemos perfilan el ataque a la escuela diferenciada

Han pactado que la nueva Ley de Educación prohíba que las escuelas concertadas que reciben fondos públicos puedan separar a los alumnos por razón de su sexo

escuela diferenciada

La nueva Ley de educación que está tramitándose en el Congreso ha sido protagonista de otro episodio que prepara un nuevo golpe a la escuela diferenciada.

Tres partidos del hemiciclo, el PSOE, Unidas Podemos y ERC han pactado que las escuelas concertadas que reciben fondos públicos no puedan separar a los alumnos por razón de su sexo.

Se trata de una estrategia para apretar aún más la situación de la diferenciada. La razón es que la mayoría de escuelas que separan por sexo a sus alumnos son católicas. Una educación que se ha demostrado positiva para los jóvenes, se reduce el fracaso escolar y se incrementa el rendimiento académico. Especialmente entre los alumnos varones, que sufren mayor fracaso escolar que las chicas.

La iniciativa de los tres partidos de izquierdas parte de los republicanos y ha sido aceptada por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Por lo tanto, es fácil de que prospere.

Si la enmienda se aprueba, la escuela diferenciada financiada con fondos públicos tendrán que tener clases mixtas y no podrán separar a los niños de las niñas.

Solo los colegios totalmente privados podrían mantener esta separación entre los alumnos. El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ya ha celebrado la iniciativa en su cuenta de Twitter: “Se terminó la segregación por sexos en las escuelas financiadas con fondos públicos. El bloque de Colón crispará e insultará pero no nos devolverán al pasado. Avanzamos”, ha señalado.

Sin embargo, la realidad es que esta medida entraría en conflicto con el articulo de la constitución que defiende la libertad de elección de los padres a elegir la educación de sus hijos y, por lo tanto, la obligación de la Administración pública de ofrecer esa diversidad educativa. La escuela diferenciada dejaría de ofrecerse.

También el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenieque, ha aplaudido ese acuerdo en Twitter: “Hoy hemos acordado prohibir los conciertos con colegios que segreguen por sexo. Es un logro muy importante. La privada concertada está sostenida con dinero público. Quien, en pleno Siglo XXI, quiera separar a niños y niñas, que se lo pague de su bolsillo”.

POR FORUM LIBERTAS

SÍ A LA LIBERTAD: LOS PADRES TENEMOS LIBERTAD PARA ESCOGER LA EDUCACIÓN DE NUESTROS HIJOS, Y AHORA SE NOS QUIERE ARREBATAR

Perdona, pero te escribo por la lamentable ley de educación que está promoviendo el gobierno (“Ley Celaa”).

 

Como sabrás, la ley la están tramitando sin ningún debate y sin escuchar a ninguna de las organizaciones interesadas.

 

Diversas plataformas en favor de la libertad de educación se han propuesto conseguir 500.000 firmas para tratar de pararla, o al menos de influir en su resultado final, y solo tenemos 15 días… Ya han firmado cerca de 120.000 personas, pero queda un buen trecho!

 

Si te parece bien, puedes entrar en la página masplurales.es, donde aparece un resumen de lo que busca la ley, y dónde se puede firmar.

 

Te invito a que hagas lo posible para difundirlo entre familiares y amigos, por si quisieran firmar también.

 

Muchas gracias! 😉

LA EUTANASIA Y UN GOBIERNO PROVOCADOR

22/10/2020

La de la eutanasia es una ley orgánica, que se tramita por la puerta de atrás, evitando el dialogo público, a pesar de la importancia de la ruptura antropológica y moral que representa

El pasado martes día 13, la Mesa del Congreso de los Diputados puso fin a la congelación del proceso de aprobación de la ley de la eutanasia. Hasta ahora, semana tras semana, el procedimiento estaba paralizado mediante la prórroga del plazo de admisión de enmiendas. Ahora la comisión emprenderá sus tareas de debate del articulado. Se inician los trabajos pocos días después de que un órgano asesor del gobierno, el Comité de Bioética de España se pronunciase en contra por unanimidad, algo que no sucedió con temas tan conflictivos como el aborto, y la maternidad subrogada. La mayoría del PSOE y Podemos, no solo no le ha hecho ningún caso, sino que han presentado enmiendas a su propio texto, que liquidan los plazos garantistas, el tipo de declaración anticipada y la forma de confirmar el deseo de morir si la persona ya no posee todas sus facultades, así como la practica de la muerte legal en el domicilio privado. También despenalizan totalmente el delito. El resultado de todo esto sería una ley carente de garantías, sobre todo para las personas más dependientes y de facultades limitadas. Claro que tampoco han atendido a los argumentos de la declaración de ciento cincuenta catedráticos y profesores de Derecho, ni al manifiesto de Los 7000 firmado por más de cien personalidades de la vida civil española. Por la forma de tramitación, la ley (no era un proyecto del gobierno, sino una proposición de ley del grupo socialista) consigue saltarse el informe del Consejo de Estado, que previsiblemente hubiera expresado disconformidades y reservas. También han limitado al máximo las comparecencias de expertos y de sociedades concernidas, incluidas aquellas que expresan la opinión de personas que viven sus vidas en circunstancias difíciles y dolorosas a causa de la enfermedad. Nada extraño si se considera que lo mismo han hecho con otra importante ley en trámite, la de educación, que por primera vez ha prescindido de la comparecencia de la comunidad educativa.

Resumiendo, la de la eutanasia es una ley orgánica, que se tramita por la puerta de atrás, evitando el dialogo público, a pesar de la importancia de la ruptura antropológica y moral que representa, y el cambio que significa de los fines del estado, que pasa de preservar siempre la vida, a ser responsable de la muerte infringida en determinadas condiciones.

La hipocresía de la unidad

Sánchez y su gobierno claman incesantemente por la unidad ante la pésima situación que vive España, que si no la remedia puede acercarla a una situación de estado fallido. Pero se trata de una unidad que se exige en torno al presidente del Gobierno, para aprobar unos presupuestos perfectamente desconocidos, y para un programa de reconstrucción del que poco se sabe. La unidad debe pedirse en torno a concreciones y no puede ser una especie de voto de confianza para gobernar, al mismo tiempo que el gobierno multiplica las iniciativas que dividen a la sociedad y son creadoras de conflicto. La de la eutanasia es una de estas iniciativas. Dicho de frente, ¿es más importante un presupuesto que la legalización de la muerte solicitada a manos de un médico, convertida además en un derecho?

Estamos ante el abuso del reglamento para aprobar la eutanasia con la menor intervención posible de las instancias del Consejo, sin atender a ninguna de las consistentes críticas que desde la sociedad se han planteado, y la evitación de toda opinión de la comunidad educativa a la ley de educación. A este procedimiento abusivo de la letra de la norma se añade el uso injustificado del decreto ley. Y ahora el corolario más extremo: la voluntad de supeditar el tercer brazo del estado de derecho, el Consejo General del Poder Judicial, a la mayoría de gobierno, eliminando la obligación de que sus miembros sean elegidos por las tres quintas partes de los diputados, lo que fuerza al consenso. Recuerda las prácticas de los llamados gobiernos iliberales de Polonia y Hungría, con la diferencia a favor de estos últimas que allí, al menos, la mayoría gubernamental es mucho más amplia.  Casi simultáneamente una ministra, Irene Montero, especializada en atizar enfrentamientos, anunciaba en sede parlamentaria la modificación de la actual ley del aborto (que por cierto está pendiente de un recurso de inconstitucionalidad en el TC desde hace diez años, diez), y pocos días después también en un acto oficial, una rueda de prensa conjunta con la ministra portavoz, arremetía contra la monarquía. Con anterioridad surgió del gobierno el globo sonda de aplicar un IVA del 21% a la enseñanza concertada. Y todo esto en el contexto de un gobierno que no sabe qué hacer con la pandemia, y que logra las peores previsiones económicas de Europa, que además empeoran mes tras mes.

¿Por qué esta lluvia de legislación queridamente divisiva, sin capacidad para escuchar y dialogar? ¿Como puede pretenderse la unidad en estos términos? Lo responsable consistiría en aplazar toda ley divisiva hasta que no superemos la pandemia y el derrumbe económico, dando prioridad al aunar voluntades y esfuerzos para afrontar ambos retos.

La desigualdad y la eutanasia

La eutanasia va bien como mal ejemplo. El gobierno alza la bandera de la lucha contra la desigualdad. Pues bien, la eutanasia en las condiciones sociales de España es un terrible instrumento que la aumenta, como ha razonado el Partido Comunista de Portugal ante una ley parecida a la española. Y esto es así porque los más débiles, los más abandonados, quienes poseen menores recursos, son los más propensos a terminar sus días de aquella manera.  Esta debilidad ya se manifestó de manera escandalosa con el cribaje de los ancianos de las residencias, impedidos por la propia Administración pública de acceder al hospital, y muriendo en sus camas sin otro tratamiento médico que no fuera la sedación terminal, si acudían a la sanidad pública. Y eso sin ley de la eutanasia.

En España hay un total de 1.346.369 de personas dependientes. De ellas, 234.577personas no reciben ninguna prestación a pesar de que han sido reconocidas como dependientes.  El resultado es trágico La Covid-19 y sus efectos colaterales se ha ensañado con ellos: el 31 de mayo de 2020 había en España 31.225 personas menos con derecho a una prestación por dependencia que el 29 de febrero del mismo año.

Al menos 4,2 millones de personas se encuentran en pobreza severa, medida como el 40% de la mediana de renta del país por unidad de consumo.

Hay más de 2 millones de personas mayores de 65 años que viven solas. De ellos 850.000 tienen 80 o más años y la gran mayoría son mujeres: 662.000. Sobre este grupo social, el XXV Congreso de la Sociedad Catalana de Geriatría y Gerontología (2019) de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña, advirtieron precisamente de su vulnerabilidad.

Todos estos millones de personas son mucho más susceptibles de incurrir en la eutanasia, que los grupos de población con más medios. Y es que como en todo -solo que aquí es más extremo- las condiciones de vida son decisivas para optar por la muerte. ¿Se puede llamar libertad a esto?

España posee uno de los peores sistemas de cuidados paliativos de Europa, en términos de sanidad pública.  Cada año más de 80.000 personas mueren sin poder recibirlos según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. A menos que, claro está, pueda pagárselos. Lo que se platea como un derecho en la actual ley no es tal, porque la alternativa a que te mate el médico es el sufrimiento, y eso no es una opción, ni un derecho, sino el forzamiento de la voluntad; un castigo. ¿No sería lo más lógico buscar un punto de acuerdo, mediante una ley de cuidados paliativos que comprendiera al cien por cien de la población?  Esto en definitiva evitaría la cuestión principal: el sufrimiento, y no dividiría, uniría. Entonces, ¿por qué eligen la vía del enfrentamiento?

La sociedad acabará asumiendo que son gobernados por unas gentes que fundamentan su política en la búsqueda de la crisis y el conflicto. Y es así porque quien tiene el poder es el principal responsable del clima político y de sus consecuencias. El rechazo a tal acusación es muy sencillo: retiren las leyes e iniciativas divisivas, y sustitúyanlas por propuestas inclusivas y de consenso. Entonces quien se quede fuera quedará retratado como provocador. Mientras esto no suceda, el provocador es el gobierno de Sánchez.

Artículo publicado en La Vanguardia

POR JOSEP MIRÓ I ARDÈVOL PARA FORUM LIBERTAS

RECONOCIDOS LÍDERES SOCIALES SE SUMAN A UN MANIFIESTO PARA DETENER LA LEY DE LA EUTANASIA

Ley de la Eutanasia

Eliminar el sufrimiento sí, pero eliminar al que sufre no. Detengamos la Ley de la Eutanasia

  • Mas de 100 representantes de diferentes ámbitos de la vida pública española, políticos, periodistas, médicos y profesionales de los cuidados paliativos, académicos y empresarios se unen con un objetivo común: “Eliminar el sufrimiento, pero no eliminar al que sufre”.
  • El manifesto afirma “necesitamos con urgencia un plan de cuidados paliativos que alcance a toda la población, con leyes que protejan la vida”.

La Plataforma Los 7000, ha recogido la preocupación y temor de multitud de personas y organizaciones por la decisión del actual Gobierno de impulsar una ley para legalizar la eutanasia. Por ello ha propuesto a más de 100 personalidades de la vida española que firmaran el Manifiesto adjunto. Los firmantes, un conjunto amplio y plural, se dirigen a los diputados y senadores, a los partidos políticos, a las instituciones de la sociedad civil y a todos y cada uno de los ciudadanos, para que juntos detengamos la tramitación que se sigue en el Congreso de los Diputados para legalizar la eutanasia.

Afirmando que lo realmente necesario para detener el sufrimiento no es la muerte, sino leyes que protejan la vida, en especial, la de las personas mayores, que les provean de un trato digno y justo, que asegure la asistencia médica y hospitalaria adecuada. Necesitamos con urgencia un plan de cuidados paliativos que alcance a toda la población.

Manifiesto 100 personalidades contra Ley Eutanasia Gobierno España

POR FORUM LIBERTAS