El homosexualismo político, contra la escuela diferenciada: denuncian a dos escuelas católicas por “reprimir” la homosexualidad

El Observatorio contra la Homofobia denuncia a los centros concertados de educación diferenciada Viaró Global School y La Farga por recomendar un libro que explica las enseñanzas de la Iglesia sobre sexualidad

El Observatorio contra la Homofobia ha pedido este mismo jueves a la Generalitat que intervenga contra dos escuelas de Barcelona alineadas con el movimiento católico Opus Dei por, supuestamente, recomendar contenidos “inapropiados” y “posiblemente homófobos”. Así lo ha explicado el presidente del organismo, Eugeni Rodríguez, al diario Nació Digital. Los dos centros concertados son el Viaró Global School -que ofrece una oferta educativa de diferenciación de sexos-, y La Farga -que también la oferta a partir de primaria-, ambos en Sant Cugat del Vallès.

Ahora que el homosexualismo político está dotado de un aval legislativo, gracias a la Ley antidiscriminación LGTBI, que privilegia a este colectivo por encima del resto de la ciudadanía, el lobby gay se siente legitimado para imponer su dictadura de pensamiento a todas las organizaciones o manifestaciones que no piense según sus dogmas.

Tanto el Observatorio contra la Homofobia como la diputada del PSC Marta Moreta han señalado que hasta hace poco los dos centros recomendaban la lectura del libro La moral sexual explicada a los jóvenes, del teólogo belga y arzobispo emérito André Leonard (editorial Palabra), considerada una lectura espiritual y de formación. El libro, según contemplan, considera la homosexualidad una “tendencia anormal” y, en el capítulo dedicado a las relaciones entre personas del mismo sexo, las equipararía con personas “sádicas, cleptomanía o piromanía”, según sotienen los denunciantes.

Ante esta situación, Rodríguez afirma que al amparo de la ley 11/2014 para combatir la homofobia emplazarán la Generalitat a intervenir porque el artículo 11 así lo establece.

Conscientes de la persecución a la que están siendo sometidas en estos momentos, el libro ya no consta entre las lecturas recomendadas en la web de estas dos escuelas. La dictadura de pensamiento impone que se tenga que guardar silencio ante una ley que permite estos atropellos contra la libertad de conciencia y de pensamiento.

La consellera Bassa defiende que se están haciendo “pasos firmes” para aplicar la ley

Moreta exige que se aplique la ley y que el Gobierno no se escude en que “no hay dinero” para intervenir en situaciones como estas. “Podemos regularlo, la Generalitat debe actuar. No puede ser que se quede al margen porque es un tema muy ético”, sostiene la diputada del PSC. Después de que la dirigente socialista denunciara la situación este miércoles en el Parlamento, la consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, aseguró que no le constaba ninguna denuncia sobre estos libros en estas escuelas y animó al grupo socialista a aportar información sobre el caso. Bassa también aseguró que se están ultimando tanto el decreto que regula el procedimiento sancionador como los protocolos de actuación y reivindicó que el Gobierno está haciendo “pasos firmes” en el despliegue de la ley.

El contenido del libro

En un resumen sobre el libro de Leonard, el arzobispo emérito asegura que “resistirse a una tendencia homosexual” garantiza “muchas posibilidades de que esta tendencia no se haga irreversible ni profunda”. “Será una dificultad, no un grave obstáculo”, explica en línea con lo que enseña el Magisterio de la Iglesia católica. Además, considera que las relaciones sexuales con personas del mismo sexo corresponde a una “regresión del instinto sexual” y las enmarca en un “clima afectivo tormentoso”.

Leonard también asegura que “la única solución auténticamente cristiana al problema” de la homosexualidad es “la castidad integral”, algo que la Iglesia enseña desde hace 2.000 años. Exactamente lo mismo, dice, que por aquellos “heterosexuales que no pueden casarse”. Por lo que no se trata de una visión puramente del homosexual, sino que la Iglesia entiende la sexualidad con un sentido procreador y dentro del matrimonio, fuera de esas dos componentes el dogma obligaría a la abstención.

Según el teólogo belga, un cristiano “está llamado por el Señor a situarse en frente” de realidades como la masturbación, la homosexualidad, la fecundación artificial y el aborto, así como las relaciones pre-matrimoniales, el divorcio y la contracepción.

Por ForumLibertas.com

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CRÍTICA Y DESCALIFICACIÓN DEL TRANSHUMANISMO

Fukuyama (2004) considera el Transhumanismo como la ideología actual más peligrosa para los sistemas democráticos, porque atenta contra el principio de igualdad al introducir una fuerte asimetría social. Tiene razón:

El proyecto trasnhumanista nace en una sociedad marcada por unas condiciones objetivas, materiales y concretas, que determinan una desigualdad creciente. Las “mejoras” que propugna no son generalizables en su mayoría, como no lo son los “Ferraris”, ni volar en busines. Radicalizando la desigualdad convirtiéndola irreversible por su naturaleza biológica. La película Gattaca escenifica bien un escenario trashumante. Es la causa de que las grandes fortunas de los nuevos oligopolios globalizados tecnológico-financieros, que ocupan los primeros lugares de las cotizadas en Wall Strettapoyan el transhumanismo con dinero y el formateado de las mentes de los ciudadanos.

La segunda crítica se refiere al marco ético dentro de lo que vivimos, marcado por el hiperindividualismo, el hedonismo y el deseo de posesión, la cupiditas de sexo, dinero y poder. En este contexto, la ola trasnhumanista destruirá aún más la debilitada cohesión moral.

La tercera objeción radica en el olvido de la dimensión natural del ser humano. Somos animales racionales, y no solo entes pensantes, y esta condición determina unas exigencias que el transhumanismo ignora. La lectura de Animales Racionales Dependientes de MacIntyre, es obligada

La cuarta crítica se refiere a los proyectos concretos: Por ejemplo: ¿cuánto cuesta y quién paga prolongar la vida hasta los 500 años? ¿Es ético y sostenible la idea de poblar el mundo de una élite de super viejos? Solamente la implantación de la eutanasia por la mayoría lo haría viable. Otro filme “Soylent Green”, “Cuando el destino nos alcance, nos escenifica ese futuro.

En el fondo, el Transhumanismo es la eterna tentación humana del demiurgo, forjado en una sociedad preparada por la ideología de género y la cultura desvinculada, donde todo lo que puede hacerse y pagarse, debe ser realizado.

Por Forum Libertas

¿Cuál es el futuro de nuestra sociedad?

Para garantizar la continuidad de nuestro Estado de Bienestar debe haber medidas políticas eficaces. En la actualidad, el sistema público de pensiones depende de la recuperación económica del país, del empleo que se genere y de la aplicación de políticas de natalidad que supongan un impulso para la demografía española.

El envejecimiento de la sociedad y la falta de nacimientos han provocado la inversión de la pirámide poblacional. La esperanza de vida cada vez es mayor, el número medio de hijos por mujer desciende paulatinamente con el paso del tiempo (actualmente está en 1,33).

El capital humano, que es cada persona que forma parte de la sociedad, incide de manera directa en el crecimiento económico de un país: población activa, por tanto futuras pensiones; progreso técnico (a mayor número de nacimientos, más creación e innovación en el futuro); reemplazo generacional o la atención a mayores o dependientes miembros del núcleo familiar.

Según el informe del INE sobre la proyección de la población española entre 2014 y 2064, de seguir así, el porcentaje de población mayor de 65 años, que actualmente se sitúa en el 18,2% pasaría a ser el 24,9% en 2029 y del 38,7% en 2064. Entre 2014 y 2028 nacerían en torno a 5,1 millones de niños, un 24,8% menos que en los 15 años previos. En 2029 la cifra anual de nacimientos habría descendido hasta 298.202, un 27,1% menos que en la actualidad. En este momento somos alrededor de 46 millones de habitantes pero a partir de 2050, si no se hace nada por evitarlo, seremos 40 millones.

Los gobernantes tienen la responsabilidad de incentivar lo que es bueno para el bienestar y desincentivar lo que no lo es.

Desde el Foro de la Familia hemos propuesto en numerosas ocasiones una serie de medidas de apoyo a la natalidad. Desde favorecer la estabilidad matrimonial, hasta profundizar la legislación en apoyo de la familia con necesidades especiales, sobre todo, la familia numerosa, con cargas de dependencia y/o la monoparental sobrevenida o impulsar políticas de fomento y apoyo a aquellas familias que se hagan cargo de la atención de sus mayores, estimulando la convivencia entre las diferentes generaciones en el hogar familiar.

Además, proponemos otras medidas referidas a aspectos económico-fiscales.

Para proteger a la familia, el Foro de la Familia ha desarrollado una serie de propuestas de política familiar para orientar a las Administraciones Públicas.

Se deben llevar a cabo medidas de apoyo explícito a la familia en el ámbito del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos. Pero además, también se debe incorporar la perspectiva de familia en el resto de políticas públicas: pensar en la familia en todos y cada uno de los pasos que da la Administración fortalece a la sociedad.

Propuestas de políticas familiares para el Estado.

En el documento Medidas de política familiar del Estado presentamos 50 iniciativas de ámbito estatal para hacer frente al abandono en el que hoy se encuentra sumida la familia. Tratan de ayudar a la maternidad, derecho de familia, adopción, menores, entre otras. Algunos ejemplos concretos:

  1. Aprobación de una Ley que incorpore la perspectiva de familia a todas las políticas públicas y garantice un mínimo de protección a la familia en todo el territorio nacional.
  1. Introducir en todos los contratos del Sector Público criterios de puntuación positiva a las empresas que acrediten políticas familiares y de conciliación debidamente certificadas.
  1. Elaboración de un Proyecto de Ley Básica de Prevención y Mediación Familiar para apoyar la estabilidad matrimonial, ayudar a superar las crisis familiares (según las recomendaciones del Consejo de Europa), y promover Centros de Orientación Familiar públicos y privados.
  1. Creación de una Red de Apoyo a la Mujer Embarazada, que incluya el derecho a la percepción de un salario social si resulta necesario para la viabilidad del embarazo.

Propuestas de política de familia en las Comunidades Autónomas.

En las Medidas de Política Familiar para Comunidades Autónomas proponemos 100 iniciativas que pueden ser adoptadas fácilmente por estas Administraciones Públicas atendiendo a sus competencias. Por ejemplo

  1. Aprobación de un Plan de homologación con la Unión Europea en recursos públicos dedicados a apoyo a la familia, de forma que en el año 2020 la Administración Autonómica dedique el 2,8% del PIB autonómico a políticas familiares en términos de contabilidad Eurostat.
  1. Incentivar y promover entre las empresas la homologación del horario laboral al horario Europeo para así facilitar la similitud entre horarios escolares y laborales.
  1. Fomentar en los centros públicos una mayor autonomía organizativa y pedagógica que facilite la calidad de la enseñanza y la competencia entre los centros: neutralidad ideológica.
  1. Suprimir los anuncios relativos a la prostitución o que fomenten actividades contrarias a la dignidad de las personas, especialmente las mujeres, de los medios tanto escritos como audiovisuales.
  1. Reconocer legislativamente la figura del mobbing maternal, entendida como toda discriminación laboral de la mujer por el hecho de ser madre, promoviendo su erradicación como práctica y protegiendo la maternidad desde un punto de vista laboral.

Propuestas de política familiar en los Ayuntamientos.

En las Medidas de Política Familiar para los Ayuntamientos incluimos 25 propuestas de actuación para los gobiernos locales en materia de progreso social desde la perspectiva de familia, y no sólo desde un enfoque meramente asistencial. Los entes locales pueden llevar a cabo muchas iniciativas –de apoyo a las familias jóvenes, a las familias con hijos en edad escolar, a familias con personas dependientes,…- porque es la administración más cercana y consciente de las necesidades de las familias de su municipio. Por ejemplo:

  1. Las promociones públicas de viviendas deberán contemplar en la fase de proyecto un cupo de viviendas para familias numerosas del 5% y un mínimo de una.
  1. Contemplar reducciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles de familias numerosas, con especial reducción a las de categoría especial.
  1. Apoyo al familiarismo: apoyo económico a las organizaciones que desarrollen programas de orientación familiar, ayuda a mujeres gestantes en situación de desamparo, a mujeres con niños a cargo en situación de conflicto, atención a familias numerosas, viudedad, etc.

POR FORO DE LA FAMILIA 

La Federación Madrileña de Familias Numerosas califica de maquillaje caducado la propuesta del PP

La FEDMA considera que “el gobierno se equivoca en querer combatir el envejecimiento poblacional, pero con recetas que han provocado ese envejecimiento”

La Federación Madrileña de Familias Numerosas observa con “preocupación” la propuesta familiar que el Partido Popular pretende llevar a su próximo congreso de febrero, a la que tachan de “maquillaje caducado”.

La FEDMA considera que “el gobierno acierta en el diagnóstico, pero se equivoca en el tratamiento: quieren combatir el envejecimiento poblacional, pero con recetas que son las que precisamente han provocado ese envejecimiento”. El colectivo que aglutina a 100.000 familias de la Comunidad de Madrid asegura que “ampliar el concepto de familia no es protegerla, sino diluirla”.

También afirma que es incoherente fomentar la “maternidad subrogada” o vientres de alquiler. “El Consejo de Europa se ha posicionado en contra, los movimientos de mujeres han denunciado que es un intento de mercantilizar el cuerpo de la mujer; los únicos que lo defienden son los colectivos homosexuales porque es la única manera que tienen de satisfacer su deseo de tener hijos; ¿de verdad que esta es la ‘renovada’ política familiar del PP”, se pregunta María Menéndez, vicepresidenta de la FEDMA.

“Si de verdad quieren combatir el envejecimiento poblacional que planteen políticas con perspectiva de familia en lugar de tratar de vestir experimentos que ya han fracasado”, añade. Así, las familias numerosas proponen medidas para prevenir las rupturas familiares como ha recomendado en sendas ocasiones el Consejo de Estado. “Los datos son escalofriantes.

Según el INE, en el 2015 se celebraron 165.172 matrimonios y se rompieron 101.357. ¿Pretendemos frenar el envejecimiento poblacional sin afrontar el drama de la desmembración familiar?, ¿la solución pasa porque los niños asuman que pueden tener dos papás o dos mamás?”, se pregunta Menéndez.

La solución, señala la vicepresidenta de la FEDMA, “pasa por proteger jurídicamente la familia por ser un fin en sí misma que procura cohesión social, educación, cohesión intergeneracional y relevo generacional”. Y eso se traduce, según Menéndez, en el retorno de las ayudas existentes y la plena aplicación, “sin las actuales restricciones”, de la Ley de Familias Numerosas.

“Las familias numerosas somos una escuela de vida que permite educar a los hijos en virtudes y valores imprescindibles para crear una sociedad libre, justa y honesta”, señala Menéndez. Las familias –dice– aportan hijos, garantizando el relevo generacional que permite –entre otras cosas- la sostenibilidad del sistema de pensiones. “En Madrid somos 100.000 familias pero en España somos más de 550.000, donde viven más de 3 millones de personas, casi el 10% de los españoles. Somos el futuro. Y esperamos que los partidos asuman también que sin regar el presente no florecerá el futuro que todos deseamos”, concluye la vicepresidenta de la FEDMA.

POR  en FAMILIA, ZDERECHA

El 37% de las trabajadoras españolas tiene un contrato temporal cuando la media comunitaria es del 15,5%. ¿Para cuándo una conciliación familiar posible?

Para la mitad de las mujeres entre los 30 y 44 años, tener un hijo ha alterado significativamente su vida laboral, obligándolas a una reducción de la jornada, al abandono temporal o definitivo del trabajo.

La existencia de hijos no explica por sí sola la dificultad de conciliación entre trabajo y familia. Sí lo hace una tasa de empleo femenino y una debilísima fecundidad de hijos por mujer.

Los países que forman parte de la Unión Europea tienen una alta tasa de fecundidad y registran la mayor actividad laboral femenina del resto de los países no incorporados a la UE. Un factor peculiar de España, que incide en la baja natalidad, es que el 37% de las trabajadoras tiene un contrato temporal cuando la media comunitaria es del 15,5%.

Es frecuente que en una familia joven ambos cónyuges tengan un contrato temporal, lo cual influye en sus decisiones de natalidad. La mayoría de las mujeres de los países de la Comunidad Europea creen que el modelo ideal es aquel en el que ambos cónyuges tienen un trabajo de similar dedicación y se reparten el cuidado de los hijos. Pero menos de la mitad vive en una familia de esas características.

La actividad laboral femenina no impide traer hijos al mundo e incluso formar familias numerosas. Esta es la opinión sobre el trabajo y los hijos, de un autor del siglo pasado cuando recordaba a los padres que “no duden en tener una familia numerosa, porque lo prioritario no es la búsqueda del éxito profesional, sino transmitir a los hijos aquellos valores humanos y cristianos que dan el verdadero sentido a la existencia”.

En esta sociedad decadente hay que valorar al niño en toda su dimensión y trascendencia como una persona en desarrollo y que los adultos parece que tienen un empeño especial en ir “contra natura”, degradando su integridad física y moral. No deben olvidar esas madres, crueles, que sus hijos no son suyos, son hijos de Dios.

“Las desventuras de la niñez repercuten sobre toda su vida y dejan una fuente inagotable de melancolía en su corazón”, afirma P. Brulat.

Por Clemente Ferrer, Hispanidad.com

¿Mujer discriminada? La discriminación es la maternidad

Son muchos los ámbitos laborales y las oficinas de selección de personal en los que se pregunta a la mujer joven que intenta acceder a un puesto de trabajo si tiene previsto ser madre

La profesora Núria Chinchilla, experta en conciliación de vida laboral y familiar, me comentaba en cierta ocasión que la discriminación de la mujer en el mundo laboral no se da por ser mujer, sino por ser madre.

Refrendaba algo que no pocos hemos constatado. Quienes trabajamos o hemos trabajado en el mundo universitario, periodístico o profesional no vemos reales algunas afirmaciones que se hacen acerca de la discriminación femenina, presentándola como algo continuo, habitual y generalizado. En la universidad tenemos incluso más alumnas que alumnos, y evidentemente no se las discrimina en las notas ni se les aplica mayor presión de trabajo, en las redacciones de los periódicos se comparte la actividad y los sueldos –hoy casi todos muy bajos- son iguales para ellos y ellas, en los despachos profesionales hombres y mujeres trabajan codo a codo en las mismas condiciones, no son pocas las mujeres médicos en hospitales y ambulatorios, cada vez hay más mujeres directivas y empresarias, y aumentan las que están presentes en el campo político, etc. Quizás la discriminación se da más en otros niveles y en está claro que en bastantes cometidos la mujer cobra menos por el mismo trabajo que sus compañeros varones.

Pero, sobre todo, surge el problema cuando la mujer es madre. Ahí sí. Son muchos los ámbitos laborales y las oficinas de selección de personal en los que se pregunta a la mujer joven que intenta acceder a un puesto de trabajo si tiene previsto ser madre. Y en muchas empresas son descartadas si expresan tal deseo. Más grave aún, se producen despidos de mujeres embarazadas, aunque se argumente otra cosa porque nadie se atreve a dar la verdadera razón de cancelar el contrato laboral.

Que la mujer trabajadora sea madre puede sin duda implicar alteraciones en la marcha laboral de su empresa. No puede negarse. Durante cuatro meses se acoge a la baja maternal y luego en muchos casos debe atender a su hijo, las madres trabajadoras tienen problemas de conciliación, con dificultades adicionales si los niños están enfermos o de vacaciones. Para determinados puestos de trabajo es cierto que todo ello puede resultar una complicación importante, mientras en otros empleos las bajas son más fácilmente sustituibles sin perjuicio de la calidad del trabajo. Pero no hay que olvidar que se dan otras contrapartidas positivas. Está demostrado que aquellos patronos o responsables laborales que conocen y respetan la dignidad de la persona humana, que entienden el valor de la familia, que saben calibrar que el trabajo es muy importante pero que la persona es mucho más que una simple máquina de trabajo y de consumo, ven con alegría que sus empleadas tengan hijos y saben que las dificultades en el trabajo son superadas. Que sus empleados se sientan felices con su familia da buenos resultados en la empresa. A largo plazo, además, hombres y mujeres con hijos aportan más en sus puestos de trabajo porque a raíz de que en sus vidas requieren estabilidad cambian menos de empresa y tienden a esforzarse más al sentir en mayor grado la responsabilidad de conservar el empleo que quienes no tienen cargas familiares.

A nivel social, por otro lado, ¿adónde va una sociedad en que las familias no tienen hijos? Vivimos un grave invierno demográfico. En nuestro país y en todo el entorno europeo no se alcanza ni de lejos al relevo generacional. Estamos alrededor de 1,3 hijos por mujer, y con tendencia a bajar, cuando para la simple sustitución de las generaciones hacen falta el 2,1.

Por si fuera poco, vivimos inmersos en una ofensiva ideológica contra la maternidad. En lugar de considerarla como lo que es, algo grande, ¡dar hijos al mundo!, se repite una y otra vez que es una limitación de la mujer, que ser madre trae tantas cortapisas que la hace casi inasumible por excesivamente pesada. ¡Qué pocos felicitan a una mujer embarazada de su segundo hijo! Y si es del tercero ya es casi un clásico referirse a ella como “¡Pobrecita!” si se le tiene cierto cariño, y a sus espaldas quizás considerarla “tonta”.

En el marco de esta ideología de género que todo lo impregna y que la mayor parte de personas han asumido –o van tragando- sin atinar que estamos ante una de las mayores perversiones ideológicas de la historia de la humanidad, algunos van aún más lejos y plantean la maternidad como una opresión de la mujer.

Parece que son pocos los que se dan cuenta que la grandeza de la mujer tiene precisamente una base fundamental en esta capacidad de dar vida. Si, además, se da el salto al plano sobrenatural, reconociendo el valor de la persona humana como hijos de Dios, tal consideración positiva de traer nuevas vidas al mundo se dispara hasta el infinito.

Por Daniel Arasa

4 años de la ley del aborto: Golpe muy fuerte contra el Uruguay democrático e inclusivo

MONTEVIDEO, 17 Oct. 16

Este lunes 17 de octubre se cumplen 4 años desde que se despenalizó el aborto en Uruguay, durante el Gobierno de José Mujica, decisión que “significó que el Estado uruguayo reconociera y promoviera oficialmente como legítima unapráctica que desconoce el valor inherente de cada individuo”.

Así lo indica en un comunicado la organización juvenil Movidos por laVida, quienes afirman además que la aprobación “constituyó un golpe muy fuerte contra el Uruguay democrático, inclusivo y solidario en el que, como jóvenes, deseamos crecer y dejar a las próximas generaciones”.

“Con la legalización del aborto, para el derecho positivo ya no somos valiosos por nuestra mera existencia, por ser simplemente humanos, sino que ahora nuestro valor depende de los afectos que despertemos o la utilidad que prestemos a terceros”, sostuvieron.

La organización señaló además que con el aborto legal “cosificaron al ser humano, le dieron un golpe de gracia a los derechos humanos y al derecho esencial sobre el que se asientan todos los demás: el derecho a la vida”.

La organización resaltó también que quienes aprobaron la ley “no defendieron a la mujer ni su dignidad. La dejaron tan sola como siempre y sin atacar ni una de las causas que la llevan a pensar en el aborto como el camino a recorrer”.

Tras denunciar que el aborto clandestino no se ha reducido, el grupo señala que “casi la totalidad de las mamás que consultan para abortar, ratifican su voluntad y no eligen otra alternativa. Y así vemos que aquellos argumentos son todos demostrados falsos”.

Fuimos permeables al lobby político desatado directa e indirectamente por actores y organismos internacionales”, advirtió la organización, “que presionaron y financiaron campañas para que se legalizara el aborto en nuestro país”.

Afirmaron que “además de ser éticamente inaceptable, Uruguay no necesitaba esta ley, más aún con nuestra baja natalidad y una de las tasas más bajas de mortalidad materna del continente, consolidada desde hace décadas”.

Advirtieron que en el Uruguay de hoy “no solo se continúa promoviendo el aborto por todos los lugares imaginables y especialmente entre los más jóvenes, sino que se ha entrado en un secretismo oficial por el que no conocemos ninguna información referida a los resultados de esta ley desde principios de 2015, cumpliéndose próximamente dos años sin transparencia en la materia”.

Pero a pesar de esta situación, la ONG Movidos por la Vida se comprometió a seguir “bregando para que Uruguay cumpla con su deber de respetar el derecho a la vida de todo individuo desde la concepción”.

“Asumimos nuestra responsabilidad de seguir trabajando desde la sociedad civil, atacando las causas del aborto, educando, protegiendo y empoderando a la mujer embarazada para que salga adelante con su hijo y se desarrolle familiar y personalmente, y así construir un Uruguay más inclusivo y solidario”, destacó la organización.

“La experiencia nos indica que se puede; falta el compromiso colectivo del Estado”, concluyeron su comunicado.

POR ACIPRENSA

La ideología de género en Europa. España como laboratorio

La ideología de género en España

Partamos de lo qué se entiende por ideología de género. El escritor y abogado Jesús Trillo-Figueroa, especialista en la cuestión y autor de varios libros al respecto, afirma: «En España hoy vivimos la hegemonía de la ideología de género, que se ha impuesto en el discurso social, político y legal de nuestro país». Así, el género «se concibe como una realidad independiente del sexo biológico, y se asimila al sexo». No obstante, «Uno nace biológicamente hombre o mujer, y por tanto la naturaleza humana da lugar a personas con condición sexuada. Pero esto no les importa a las ideologías. Y se puede legislar sobre una falsedad, como se ha hecho en España desde 2004. No sólo fue el programa máximo del presidente Zapatero, sino que sigue ahí» (de Revolución jurídica en España: política sexual e ideología de género, XX Semana de la Familia, Diócesis de Zamora, 9 de abril de 2013).

Esta ideología, inicialmente desde su elaboración teórica y, actualmente, desde la praxis, configura una verdadera revolución política, cultural, social y antropológica; ulterior fase del marxismo revolucionario del que en buena medida se nutre, pues persiguiendo el control del poder, pretende transformar la sociedad y dominar a los individuos. Pero, ya antes de alcanzar el poder en España de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero, la ideología de género venía ejerciendo una creciente influencia desde poderosos lobbys, como el gay y el feminista radical. Así, han desplegado diversas tácticas: la manipulación del lenguaje; el control de la educación; la penetración en los medios de comunicación. Y desde una perspectiva pseudocientífica vienen manipulando y falsificando diversas estadísticas que “acreditarían” la necesidad de sus políticas; particularmente mediante la denominada discriminación positiva de la mujer, que ignora la prevalencia masculina en el suicidio, la supremacía femenina en la Universidad, y la atención exclusiva a la mujer en diversos programas preventivos de salud, ignorando dolencias típicamente masculinas. Pero para ello se han apoyado en la aprobación de una legislación positiva acorde a esa ideología de género, con sus prácticas perversas de la inversión de la carga penal de la prueba, el fenómeno de las denuncias falsas (particularmente la conocida como «bala de plata»), las prácticas de un auténtico Derecho penal de autor, y la extensión de una subvencionada «industria del maltrato» de la que se benefician económicamente numerosos colectivos feministas y algunas de sus usuarias.

La situación existente, respecto a los avances legislativos y políticos de esta ideología de género en el resto de Europa varía mucho según el país. No obstante, la tendencia es evidente: España marca la tendencia, si bien con antecedentes ya avanzados en otros países.

El caso francés, en relación a la reciente aprobación del «matrimonio homosexual» es significativo. Hollande, pese a haber perdido aceleradamente crédito en los índices de popularidad, fundamentalmente por su política económica, no ha dudado en implantar un programa de ingeniería social, en la estela de Rodríguez Zapatero. No obstante, debemos destacar algunas cuestiones. En primer lugar, la unanimidad en los partidos del centro derecha al oponerse a su aprobación, en consonancia con los valores de su electorado. En segundo lugar, la movilización popular: masiva, sin complejos y a las claras. No han empleado eufemismos para defender al matrimonio. Por último, 10 parlamentarios de la izquierda votaron en contra, lo que indica la existencia de un debate abierto, transversal y plural. Circunstancias que, ciertamente, no concurren en España. No obstante, la situación no tiene por qué, globalmente considerada con otras circunstancias sociales, entenderse como mejor. Y nos referimos a la potentísima presencia de una minoría musulmana que ya ha empezado a movilizarse reclamando la legalización de la poligamia. La sharia, pues, en el corazón de Europa…

La ideología de género en Europea

Decíamos que la tendencia avanza en la dirección del experimento español. Nos referiremos, a título de ejemplo muy significativo, a la resolución A7-0383/2012 de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, «sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2010-2011)» aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 12 de diciembre de 2012.

Con la referencia introductoria a 23 normas y articulados fundamentales, y 13 considerandos, recomendaba 197 actuaciones concretas. Además de las orientadas a modo general, recogía otras centradas en el ámbito de discriminación, protección de minorías, igualdad de oportunidades, jóvenes, ancianos y discapacitados, protección de datos, migrantes y refugiados, derechos del niño, víctimas y acceso a la justicia y ciudadanía. Además, las recomendaciones 86 a 99 respondían a «Orientación sexual e identidad de género». Así, la 89 afirma que «Acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión relativas a la competencia y la ley aplicable a los efectos patrimoniales de los matrimonios y las uniones registradas; considera, no obstante, que la elección de dos instrumentos diferentes y de un enfoque separado para las uniones registradas y los matrimonios es injustificada; considera que debería imponerse la misma competencia y la misma ley aplicable en ambos casos». Y la 99: «Considera que hay más probabilidades de que se protejan los derechos fundamentales de las personas LGTB [Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales] si estas tienen acceso a instituciones jurídicas como la convivencia, la unión registrada o el matrimonio; acoge con satisfacción que en la actualidad 16 Estados miembros ofrecen estas posibilidades, y pide a los demás Estados miembros que consideren la posibilidad de ofrecerlas igualmente».

Pero, aunque la legislación sobre el aborto no sea una competencia europea, la resolución expresaba en su apartado 79 « (…) su preocupación ante las recientes restricciones del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en algunos Estados miembros, en particular al aborto seguro y legal, la educación sexual y los recortes financieros en el ámbito de la planificación familiar».

Y para asegurarse el cumplimiento de sus políticas «igualitarias», paso a paso, desde la recomendación 86 se «Insta a la Comisión a que proponga una refundición de la Decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal, de forma que se incluyan otras formas de delitos motivados por prejuicios, entre otros, por motivos de orientación sexual, identidad de género y expresión de género». Por su parte, la número 49 incluye expresamente « (…) otras formas de violencia y odio contra todo grupo minoritario, incluido el odio verbal; insta a los Estados miembros a que garanticen que los delitos motivados por prejuicios, como los que tienen carácter racista, xenófobo, antisemita, islamófobo, homófobo o tránsfobo, se sancionan en el marco del sistema de Derecho penal (…)».

Mezclando conceptos, tipologías penales diversas, en un tendencioso tótum revolútum, preconfigura una verdadera «policía del pensamiento».

De esta manera, esta resolución A7-0383/2012 escenifica por donde se quiere orientar a Europa desde sus élites políticas: limitando el derecho a la vida, disolviendo la fortaleza del matrimonio y de la familia, imponiendo la ideología de género, y comportándose como policía del pensamiento. Pero todo ello ya venía de tiempo atrás. Es el caso del documento «OPINIÓN de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (20-09-2011) para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea. Destaquemos del mismo: «6. Subraya que las mujeres son las principales víctimas de la violencia de género»; «7. Toma nota del conjunto de medidas de la Comisión relativas a las víctimas; lamenta que la violencia contra las mujeres no se tenga en cuenta adecuadamente; pide a la Comisión que ponga en marcha un enfoque político completo contra la violencia de género, así como una directiva que aborde la lucha y eliminación de todo tipo de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas en todos los Estados miembros de la UE»; «9. Acoge con satisfacción la inclusión de los derechos de los transexuales por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales en su informe sobre homofobia, transfobia y discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género (…) »; «12. Subraya la necesidad de respaldar la reducción de estereotipos y comportamientos discriminatorios mediante programas, medidas y campañas especiales en las que participen Estados miembros, interlocutores sociales, ONG, instituciones y parlamentarios»; «13. Manifiesta su preocupación por los derechos y la salud sexuales y reproductivos de las mujeres en algunos Estados miembros (…) »; «15. Lamenta la calidad relativamente baja de los datos recogidos por los órganos de igualdad en algunos Estados miembros, 16. Destaca la importancia de recoger datos precisos sobre la situación específica de las mujeres en relación con los derechos humanos en la Unión Europea».

Maurizio Mosca, uno de los técnicos del European Institute for Gender Equality, con motivo de la cumbre de Madrid de abril de 2013 expresó la urgente necesidad de «unificar las definiciones de violencia de género en Europa» para integrar de forma igualitaria todos los datos. Debido a estas diferencias en la manera de contabilizar las víctimas y de catalogar la violencia, el EIGE sólo puede afirmar que, en los Estados miembro, entre el 12% y el 35% de las mujeres sufren violencia doméstica física. Un ejemplo, entendemos, de manipulación estadísticas y criminalización a priori de los varones europeos. Por otra parte, únicamente cuatros países de la UE (España, Francia, Portugal y Suecia) habían introducido en sus respectivos códigos penales, la definición de violencia de género. Mosca, por último, aseguró que la Ley Integral contra la Violencia de Género en España «es un ejemplo efectivo que debe servir como inspiración política y cultural para toda la Unión Europea».

Es evidente, pues: España experimenta, Europa impone, los demás países se adaptan…

Pero si hemos visto las «sombras» de Europa, veamos sus «luces», que también cuestionan al actual Gobierno del Partido Popular desde otra perspectiva muy distinta: la de la familia.

Familia y Partido Popular

Podemos asegurar que el Partido Popular, mientras mantiene la perspectiva de género, sigue sin apoyar efectivamente a la familia. Así, el Instituto de Política Familiar (IPF) elaboró un informe demoledor, sobre la falta de ayuda a la institución familiar en España, hecho público el pasado 13 de abril de 2013. Titulado «Documentos de la UE sobre la familia. Selección de textos», el estudio revela que España es el país de Europa que menos ayuda a las familias. Y ello a pesar de que «la Unión Europea ha instado a los distintos Estados miembros a que desarrollen políticas de cara a lograr un mayor apoyo a la maternidad, la demografía, la perspectiva de familia, etc.». Tal política sería decisiva tanto para salir de la crisis, como para encarar el rápido envejecimiento de la población europea. Así, nuestro país no destina ni siquiera el 1% de su PIB a las ayudas familiares, que en España, al contrario que en el resto de la Unión Europea, no son universales. Están limitadas a unas rentas tan bajas que, según concluye el IPF, nueve de cada diez familias no pueden beneficiarse de ellas.

Otra cuestión que manifestó el IPF se refiere a la conciliación de la vida laboral y familiar. De este modo, la baja por maternidad en España -de 16 semanas- está por debajo de las 18 recomendadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mientras que la de paternidad es de tan solo dos semanas; al tiempo que muchas mujeres siguen siendo discriminadas en sus empresas por el mero hecho de ejercer su derecho a ser madres.

También, desde Bruselas, se recomienda la adopción de políticas fiscales que no discriminen ni perjudiquen a las familias en función de su dimensión, destacando la necesidad de crear subsidios específicos en todos los Estados miembros y los Estados adherentes, en particular para los casos de hijos con discapacidad, familias numerosas o nacimientos múltiples. No obstante, según la denuncia el Instituto de Política Familiar, las ayudas a las familias con necesidades especiales son tan bajas que apenas se las puede considerar una verdadera ayuda.

El informa enumera otros incumplimientos de las recomendaciones comunitarias, destacando que «no se desarrolla una política integral de familia ni se aplica la perspectiva de familia, además de que no se dispone ni de un plan integral de apoyo de familia ni de ley de familia».

Denuncia, igualmente, que España «no está preservando ni garantizando el derecho de los padres a la estabilidad conyugal y el de los hijos a vivir en un hogar estable», pues, a juicio del IPF, la vigente Ley de divorcio exprés incentivó «la cultura de la ruptura en lugar de la reconciliación, disparando las rupturas definitivas y la conflictividad y convirtiéndola en el principal problema de las familias españolas».

Se ha acusado al Partido Popular de carecer de una política cultural, de descuidar la “batalla de las ideas”; de gestionar más que nada la crisis económica heredada del anterior gobierno socialista. Discutible o no el anterior juicio, lo que es incuestionable es su indiferencia ante la situación de las familias españolas; única base sobre la que construir el futuro de la nación.

Por Sr. F.J. Vaquero Oroquieta

5 junio 2013, www.religionenlibertad.com

Observatorio de Bioética, Universidad Católica de Valencia

La conciliación, principal obstáculo de las familias para tener más hijos

Las dificultades para compaginar familia y trabajo son la principal barrera de las familias para tener hijos. Así se desprende de la macroencuesta realizada por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) y la Fundación Madrid Vivo a familias numerosas de toda España para conocer cómo son y cómo viven.

El estudio, que han presentado esta mañana ambas entidades, ha sido realizado en base a más de 4.000 encuestas en las que se abordaban hábitos de vida y de consumo, además de investigar sobre las principales dificultades y preocupaciones que tiene este colectivo formado por más de medio millón de hogares.

Entre otras cuestiones, la encuesta ha puesto de manifiesto la importancia que tiene para las familias el horario laboral y su relación con la vida familiar. Más de la mitad de las familias numerosas (el 51 %) considera la conciliación de la vida laboral y familiar como la principal dificultad que tienen hoy en día las familias para tener hijos, seguida de la inestabilidad y la precariedad en el empleo (35 %) y de la crisis económica, algo que parece preocuparles menos que hace unos años: sólo lo señalan como principal problema el 12 % de encuestados frente al 17 % de 2014.

Familia numerosa tipo

Según los datos obtenidos de la encuesta, la familia numerosa “tipo” estaría formada por una pareja de edades entre los 40 y 50 años, mayoritariamente casada (85 %) con tres hijos (72 %) en edad escolar: en la mayoría de estos hogares hay niños de 3 a 6 años (57 % de las familias) y de 7 a 11 años (65 %) y sólo un 15 % tiene hijos mayores de 18 años. Los padres tienen formación mayoritariamente universitaria (60 % en el caso de las madres y 51 % en el de los padres) y en la mayoría de los casos ambos trabajan fuera de casa, aunque son muchos más los hombres que cuentan con un trabajo remunerado: 89 % frente al 62 % de mujeres. Casi la mitad de los encuestados es asalariado del sector privado (48 % de hombres y 35 % de mujeres), seguido de los empleados del sector público, que suponen el 19 % en ambos casos (padre y madre).

La dedicación al hogar (ama de casa) es señalada por el 22 % de las mujeres mientras que en el caso de los hombres, los que se ocupan de ello son una minoría no representativa: sólo 18 respuestas de un total de 4.084 encuestas.

Justos a fin de mes

En lo económico, las familias numerosas están acostumbradas a apretarse el cinturón para poder cubrir todas las necesidades. Más de la mitad llega justa a fin de mes (59 %) y una de cada tres familias ha tenido que gastar ahorros o contraer alguna deuda para afrontar todos los gastos de la familia. Y es que el 45 % de las familias numerosas vive con entre 1.500 y 3.000 euros al mes y un 28 % cuenta con menos de 1.500 euros mensuales. Sólo en el 3 % de estos hogares entran más 6.000 euros cada mes.

Buscando el ahorro, una gran mayoría de familias (67 %) compra en diferentes establecimientos en función de los precios, aunque el resto, 1 de cada 3, es fiel y hace la compra siempre en el mismo lugar. También para gastar menos, las familias apuestan por las compras on line, donde ya son usuarias el 63 % de las familias. Sólo el 23 % de las familias sigue comprando un producto en una tienda tradicional aunque sea más caro que en Internet.

Reparto de tareas

En cuanto al reparto de tareas, hay algunas que siguen siendo asumidas mayoritariamente por los padres o las madres. Por ejemplo, del cuidado de la ropa se ocupa el 74 % de las mujeres frente al 2 % de los hombres, y de las reparaciones e instalaciones en el hogar, el 50 % de los hombres y el 15 % de las mujeres. En otras obligaciones domésticas, el trabajo está más repartido, como en la compra, de la que se ocupan ambos en un 51 % de los casos, y la comida, que hacen también padres y madres en un 30 % de estos hogares.

La responsabilidad más compartida es el “cuidado de los hijos”, a lo que se dedican ambos padres en un 61 % de las familias. Y es precisamente en ello donde las familias echan de menos el tiempo: el 41 % considera que no pasa suficiente tiempo con sus hijos y de ellos, el 86 % tiene claro que es por los horarios de trabajo. Por eso, un 80 % de las familias señalan que la compatibilidad de horarios laborales y familiares ayudaría “mucho” a las familias a lograr esa necesaria conciliación.

Por Federación Española de Familias Numerosas

Las leyes de privilegios LGTBI: el ejemplo de Madrid

Por su interés, reproducimos a continuación el análisis del abogado Benigno Blanco sobre las nuevas leyes que otorgan derechos al lobby homosexual, que el resto de ciudadanos no tienen.

Este trabajo pretende informar al lector sobre el contenido de diversas leyes aprobadas en los últimos tiempos en varias CCAA sobre la sexualidad con la aparente disculpa de luchar contra la discriminación por orientación sexual. Tales leyes suponen un riesgo para el Estado de derecho y el régimen de libertades, pero no hay conciencia general de lo que suponen pues se presentan con una apariencia de buenismo y envueltas en un lenguaje suave de derechos y lucha por la igualdad que no se corresponde con su contenido real.

Con este análisis pretendemos informar sobre el contenido de estas leyes, explicar su contenido, despertar conciencias sobre las amenazas que suponen y suscitar un debate sobre cómo defender la libertad.

Desde el principio queremos dejar claro que el autor de estas líneas comparte el objetivo de aplicar el derecho europeo y español antidiscriminación en favor de quienes las leyes que criticamos denominan personas LGTBI a fin de que se acaben superando las discriminaciones históricas injustas contra estas personas.

De lo que discrepamos totalmente es del intento de imponer una ideología o visión concreta de la sexualidad a todo el mundo; pues la lucha contra la discriminación que históricamente han padecido estas personas no lo exige y resultaría contrario a las libertades de todos.

A favor de la lucha contra la discriminación, sí; a favor de la imposición de una ideología, no.

  1. A) Las leyes de privilegios LGTBI en España.
  2. En los últimos años se vienen aprobando leyes en distintas CCAA que -con nombres que aluden a la lucha contra la discriminación por orientación sexual o expresiones similares- suponen el mayor atentado a las libertades de pensamiento, de expresión, de educación y religiosa que amenaza hoy a nuestra sociedad. Dado que sin estas libertades la democracia no es posible, esas leyes suponen un riesgo para la propia democracia.

La anterior afirmación es fuerte pero está objetivamente fundada, como intentaré demostrar a lo largo de este documento.

  1. Todas estas leyes responden a una matriz común, aunque presentan variaciones que hacen su contenido más o menos grave. Con carácter general se puede decir que cada una que se aprueba es más radical que la anterior, pues toma el modelo de la que la precede pero añade algunas novedades que radicalizan el modelo.

La primera que se aprobó –la gallega- es la más moderada de todas; la última (por el momento) –la madrileña- es la peor de todas. Y habrá nuevas  leyes en las CCAA que faltan y en cualquier momento se aprobará una ley similar en el Congreso de los Diputados, quizá con el rango de orgánica, que tendría mucha más capacidad normativa para incidir negativamente en los derechos y libertades de todos los españoles.

Por lo tanto, estamos viviendo un proceso que no ha hecho más que empezar y respecto al cual los ciudadanos que amamos la libertad debemos estar informados para poder estar en condiciones de defender nuestros derechos. A facilitar tal información pretende contribuir este documento.

  1. Para analizar con detalle el contenido de estas leyes tomaremos como referencia la ley madrileña – ley 3/2016, de 22 de julio de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid,publicada en el BOCM del 10 de agosto de 2016-para no alargarnos demasiado con la exégesis de cada una de las leyes existentes.

Junto a esta ley, en Madrid se aprobó otra –la ley 2/2016, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, publicada en el BOCM de 26 de abril de 2016- que es muy similar a la anteriormente citada, pero referida específicamente a la transexualidad. En este trabajo todas las citas legales lo son a la ley 3/2016 si no se dice otra cosa expresamente.

¿En qué radica la novedad de estas leyes? En lo siguiente:

  1. a) Contienen numerosos preceptos que no suponen ninguna novedad normativa pues no hacen más que reproducir respecto a las personas denominadas (por las mismas leyes) LGTBI lo que ya dicen los tratados internacionales, la Constitución y la normativa antidiscriminación española y europea respecto a todos los seres humanos. Este tipo de preceptos podrían también inspirar leyes singlares sobre los blancos, los negros y los amarillos, sobre los calvos, los ancianos, los enfermos, los sanos, los rubios, los albinos o los amantes del ajedrez…porque todos éstos son seres humanos que ya están amparados por esas normas vigentes en materia de derechos humanos y lucha contra la discriminación.

Este tipo de preceptos son conceptualmente innecesarios dado que no suponen ninguna novedad jurídica, pues lo que las leyes dicen para todos los seres humanos ya está dicho también para los (así denominados) LGTBI puesto que estas personas son tan humanos como los no LGTBI. Pero su reproducción en estas leyes les da una apariencia estética de ser promotoras de derechos y libertades a fin de encubrir mejor sus contenidos atentatorios contra las libertades y derechos de todos. Es una operación de marketing y maquillaje bien pensada y fácil de explotar en términos de opinión pública: quienes apoyan estas leyes serían promotores de derechos y quienes nos oponemos seríamos contrarios a los derechos y las libertades personales. A esta apariencia contribuye el título de tales leyes que no se corresponde para nada con su contenido como veremos con detalle.

Si estas leyes se limitasen a reproducir para los así llamados LGTBI tales normas del derecho común no resultarían nocivas para la libertad y los derechos humanos, aunque fuesen innecesarias por meramente reiterativas de normas ya vigentes.

  1. b) estas leyes contienen abundantes normas que dan a las organizaciones sociales adscritas al lobby LGTBI y a quienes difunden sus ideas, numerosos privilegios y un acceso prioritario a la financiación pública hasta el punto de que estas organizaciones quedan constituidas en una especie de Administración pública paralela financiada con cargo al dinero de todos. A la luz de los privilegios que se otorgan a estas asociaciones y de la cantidad de preceptos dedicados a reforzarlas y convertirlas en parasitarias del presupuesto público resulta evidente que ésta es una de las finalidades principales de estas nuevas leyes.
  2. c) asimismo,con estas leyes se otorga a las personas por ellas denominadas LGTBI, privilegios en diversos campos de los que carecemos los demás ciudadanos; aunque las mismas leyes no dudan –contradictoriamente con su finalidad aparente de ampliar derechos- en restringir los derechos de los LGTBI negándoles derechos que los demás sí tenemos cuando el ejercicio de tales derechos se opone a los prejuicios ideológicos de género (por ejemplo, los LGTBI no podrían acudir a profesionales que les ayudasen a modificar su tendencia homosexual si así lo deseasen, aunque podrían acudir a un brujo, al chamán de la tribu o al echador de cartas para cualquier otra finalidad que no se oponga a los postulados ideológicos de género).
  3. c) con estas leyes se restringen los derechos a la libertad de pensamiento, ideológica, religiosa y de educación y expresión de todos aquellos que no comparten los presupuestos ideológicos de género y la visión de la sexualidad de esta ideología; y se sancionan –a excepción de la ley gallega- con fuertes multas y otras sanciones (como la privación del derecho a subvenciones o ayudas públicas) a quienes no comulguen con los postulados en materia de sexualidad de la ley en cuestión. Esto es especialmente grave en materia de educación por la intensidad de la presencia administrativa en este sector y la especial y minuciosa atención que estas leyes prestan a esta materia.
  4. Para entender estas leyes e interpretarlas correctamente es necesario empezar por captar la falacia antropológica en que se basan(que queda oculta tras una fraseología de derechos humanos): una concepción ideológica de la persona y la sexualidad muy discutible pero que se da por supuesta y se nos quiere imponer a todos hasta el punto de redefinir los derechos humanos por referencia a esa ideología con la consecuencia de que adscribirse a ella otorga nuevos derechos y discrepar de ella permite negar derechos y sancionar.
  5. Los derechos humanos tal y como fueron definidos en la Declaración de 1948 de NNUU y en las Constituciones de los países democráticos desde entonces, configuran un haz de valores o bienes objetivos propios de todos los seres humanos y dignos de ser protegidos porque encarnan facetas de la dignidad humana. Como tales, esos derechos reclaman una protección universal. Entre ellos está la libertad de la persona para desarrollar libremente su personalidad. La protección de derechos humanos ampara esa libertad pero no se extiende a sus contenidos: el Estado y yo debemos respetar ellibre desarrollo de la personalidad de todos pero ni el Estado está obligado a difundir y exigir la adhesión de todos a la opción personal de cada uno ni yo estoy obligado a conocer ni a considerar digna de aprecio cada una de las opciones de los demás.

Yo no violo el derecho de nadie al libre desarrollo de su personalidad si su opción vital me parece inmoral o antropológicamente errónea; si me niego a que se explique en la escuela de mis hijos como admirable y digna; si me niego a conocerla (a que me la “visibilicen” por mandato legal); si me opongo a que se gaste dinero público en difundirla; si me opongo a que se sancione a quien no comparta esa opción. Al revés, si adopto esas posturas estoy defendiendo la libertad de todos.Sin embargo las leyes de privilegios para lo LGTBI afirman lo contrario respecto a la visión de la sexualidad de la ideología de género.

Por ejemplo, es un derecho humano mi libertad de expresión, pero lo que yo digo ejerciendo esa libertad no tiene categoría de derecho humano y puede ser criticado por cualquiera; no puedo alegar que no respeta mi libertad de pensamiento quien no se adhiere a mis ideas, siempre que no me prohíba expresarlas. Es un derecho humano la libertad religiosa, pero mi concepción religiosa particular en ejercicio de ese derecho no tiene por qué ser compartida por los demás, que respetarán mi libertad si no se oponen a que yo crea lo que quiera, pero sin que el respeto a mi derecho se extienda a que los demás tengan que creer o sr obligados a conocer lo que yo creo. Mi libertad de expresión intelectual o artística implica que yo escribo o pinto lo que quiero, pero no se extiende a que todo el mundo deba leer mis libros y ver mis cuadros y, menos aún, a que todos tengan que decir que les gustan mis libros o cuadros.Sin embargo las leyes de privilegios para lo LGTBI afirman lo contrariorespecto a la visión de la sexualidad de la ideología de género.

Yo tengo derecho a configurar mi sexualidad como quiera, pero esa libertad no se extiende a que los demás deban conocer necesariamente mis gustos sexuales ni menos aún a que deban decir que les parecen dignos de aprecio e imitación; y, aún menos, a pretender que mis opciones sexuales personales deban ser objeto de exposición obligatoria en todas las escuelas del país en clave positiva.

Aún más irracional sería mi pretensión de que los medios de comunicación  deban visibilizar obligatoriamente mis opciones sexuales y en clave positiva. Y ya sería el colmo si además pretendo que se sancione por la Administración a quien no exhiba mi estilo de vida sexual o a quien discrepe del mismo como digno de aprecio.Sin embargo las leyes de privilegios para lo LGTBI afirman lo contrariorespecto a la visión de la sexualidad de la ideología de género.

Yo tengo derecho al libre desarrollo de mi personalidad, pero eso no implica que yo tenga derecho a que la forma en que yo me autodetermino como persona libre sea presentada obligatoriamente a los demás como digna de ser conocida y, menos aún, como digna de aprecio y valoración positiva. Mi  derecho se respeta si se me deja organizar mi vida en libertad, pero yo estaría violando la libertad de los demás si pretendo que mi derecho de autodeterminación se extiende a que los demás deban estudiar y conocer mi estilo de vida y, además, a valorarlo como positivo. Mi pretensión sería aún más absurda si exijo como parte de mi derecho al libre desarrollo de mi personalidad que en todas las escuelas españolas mi opción personal se explique a todos los escolares y además presentándola como digna de aprecio obligatorio y negando el derecho a que quienquiera diga que le parece poco acertada  o poco recomendable o, al menos, que no es la ideal.Sin embargo las leyes de privilegios para lo LGTBI afirman lo contrariorespecto a la visión de la sexualidad de la ideología de género.

Carecería aún más de fundamento que yo pretendiese que mi forma de autodeterminarme personalmente, por ejemplo en materia sexual, fuese de enseñanza obligatoria en todos los centros escolares, formarse parte necesariamente del proceso de formación de todos los funcionarios, inspirase los servicios públicos como la sanidad o la educación; y, además, si yo pretendiese que el Estado sancionase con fuertes multas a quien manifieste que no le interesa mi estilo de vida, que no quiere que se le muestre a sus hijos en la escuela o a quien diga que mi estilo de vida le parece no recomendable o nodigno de imitación y aprecio.Sin embargo las leyes de privilegios para lo LGTBI afirman lo contrariorespecto a la visión de la sexualidad de la ideología de género.

Las leyes de privilegios para lo LGTBI que comentamos pretenden precisamente eso que acabamos de decir que no es exigible y que, además, resultaría contrario a las libertades de los demás.

  1. B) La dificultad terminológica.
  2. Interpretar estas leyes –su mera lectura- tiene una dificultad suplementaria: son normas escritas usando el lenguaje elaborado en los últimos años en el seno del pensamiento ideológico de género que supone, por una parte, la reelaboración del contenido conceptual de términos clásicos y, por otra, el invento de neologismos de uso exclusivo por el lobby LGTBI hasta hace poco (por ejemplo, el propio acrónimo LGTBI). Se trata de un lenguaje fuertemente ideologizado que pretende reescribir y reinterpretar la realidad de la sexualidad y de los derechos humanos.

Este nuevo lenguaje de género (una verdadera “neolengua” como describe  a ésta Orwell en su novela 1984) en los últimos años ha ido incorporándose al discurso político, a declaraciones de organismos internacionales de todo tipo y ahora -con estas leyes- se incorpora a la legislación española con fuerza. Su uso por la ley atrae a ésta toda la carga ideológica de ese movimiento y dificulta la interpretación objetiva de la  norma, generando  así inseguridad jurídica y -a la vez- una cierta ambivalencia sobre los contenidos de la norma.

  1. Por ejemplo, términos o expresiones como “orientación sexual”, “identidad de género”, “personas trans”, “visibilidad de la diversidad”, “LGTBIfobia”, “identidad sexual”, “persona LGTBI”, “cultura LGTBI”, “situaciones LGTBIfóbicas”, “grupo organizado de ideología fehacientemente LGTBIfóbica”, “diversidad sexual”y otros muchos más, aparecen en el articulado de estas leyes como si formasen parte del castellano de uso común y su significado estuviese acrisolado en la tradición jurídica española.

Por eso, la comprensión e interpretación de estas leyes exige conocer con cierta solidez la ideología de género y su elaboración doctrinal y lingüística a fin de poder interpretar con rigor el mandato legal y sus riesgos; pues el conocimiento de este acerbo ideológico ayuda a valorar mejor los riesgos para las libertades que estas normas suponen y, a la vez, a superar el voluntario velo tendido sobre sus fines reales mediante el uso de una terminología confusa para el común de los mortales.

  1. C) Las trampas conceptuales: los supuestos ideológicos de la ley.
  2. A esa dificultad terminológica se añade una trampa conceptual: el uso de términos clásicos con contenido novedoso no explicitado claramente. Especialmente relevantes son el uso de los conceptos de persona/personalidad (LGTBI), discriminación e identidad, a los que merece la pena referirse de forma singular antes de entrar en el análisis del articulado de la ley, pues tras esos términos se ocultan los supuestos ideológicos en que se basa la ley.
  3. Primer supuesto ideológico: existen personas LGTBI que, como tales tienen derechos distintos a los del resto de las personas y esa singularidad se proyecta en un específico haz de obligaciones de los demás hacia esas personas LGTBI.

Esta idea subyace a toda la ley y así se define en el art. 4.1.b) de la ley madrileña que establece como “principio fundamentalque regirá la actuación de las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas incluidas en su ámbito de aplicación” (que son según el art 2 “cualquier persona física o jurídica, pública o privada, cualquiera que sea su domicilio o residencia que se encuentre o actúe en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid”)el principio siguiente:

“b) Reconocimiento de la personalidad: toda persona tiene derecho a construir para sí una autodefinición con respecto a su cuerpo, sexo, género y su orientación sexual. La orientación, sexualidad e identidad de género que cada persona defina para sí es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de autodeterminación, dignidad y libertad. Ninguna persona podrá ser presionada para ocultar, suprimir, negar o modificar su orientación sexual, expresión o identidad de género.”

Por su parte, el art. 3 define a las que denomina “personas LGTBI” y “personas trans”, apareciendo así un nuevo sujeto de derechos en nuestro Ordenamiento jurídico distinto del común de los mortales y cuya mera existencia genera una especial carga obligacional a todos los demás que se concreta en todos y cada uno de los artículos de la ley. En virtud del “principio de personalidad” del art. 4.1.b), estas personas LGTBI o trans ven configurada su opción sexual como parte de una identidad personal que se puede imponer a los demás con rango de derecho fundamental, digno de aprecio y apología pública y universal, hasta el punto de que discrepar de esa concepción de la persona o negarse a difundirla se convierte en conducta sancionable e ilegal.

Frente a este supuesto ideológico,se puede defender que la sexualidad personal (los propios deseos, conductas, afectos o pulsiones) son un ámbito de la libertad personal que no vincula a los demás en una sociedad libre. Cada uno puede hacer o sentir lo que quiera en materia sexual (con los límites del Código Penal) pero los demás tienen la misma libertad para considerar eso que uno hace o desea como bueno o malo, admirable o no, digno de ser visto o no, aceptable o no.

Los seres humanos tenemos los mismos derechos sea cual nuestra autopercepción de la sexualidad y nadie puede imponer a los demás como vinculante esa autopercepción, violando los derechos a la libertad de pensamiento, ideológica o religiosa en la materia. Algo tan elemental es lo que rechaza esta ley que comentamos.

Sobre la sexualidad se puede opinar en libertad; y, por tanto, también sobre la homosexualidad como sobre la heterosexualidad. Algo tan elemental es lo que rechaza esta ley que comentamos.

Desde el punto de vista de los derechos humanos no caben privilegios ni para los homosexuales ni para los heterosexuales, ni para los llamados LGTBI. Todos son seres humanos y gozan de los mismos derechos y obligaciones. Algo tan elemental es lo que rechaza esta ley que comentamos.

Pretender imponer a toda la sociedad desde la ley y con el apoyo de las Administraciones públicas la visión de la sexualidad del colectivo LGTBI es incompatible con un régimen de libertades, por mucho que se intente disfrazar como una nueva categoría de derechos humanos para unos pocos a costa de la libertad de los demás. Algo tan elemental es lo que rechaza esta ley que comentamos.

  1. Segundo supuesto ideológico: hay una identidad sexual o de género de la persona que se identifica con ésta y que solo cada uno puede definir y tiene derecho a imponer a los demás como rasgo definitorio de su personalidad y que determina un status jurídico singular y distinto del propio del resto de seres humanos. Esta es la idea que subyace a la definición de persona del art. 3de la ley en sus apartados a) (definición de LGTBI), b) (definición de persona trans), m) (definición de diversidad de género), o) (definición de terapia deaversión o conversión de orientación sexual e identidad de género), p) (definición de identidad sexual o de género) y q) (definición de persona intersexual).

Con más claridad aún lo define la ley 2/2016 de la CAM en sus art. 1.1 y 4.1 que dicen lo siguiente:

Art. 1.1: “Identidad sexual y/o de género(es): la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente y auto determina, sin que deba ser definida por terceros, pudiendo corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, y pudiendo involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido.”

Art. 4.1: “Toda persona tiene derecho a construir para sí una autodefinición con respecto a su cuerpo, sexo, género y su orientación sexual. La orientación, sexualidad e identidad de género que cada persona defina para sí es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de su dignidad y libertad. Ninguna persona podrá ser presionada para ocultar, suprimir o negar su identidad de género, expresión de género, orientación sexual o características sexuales. En el ámbito de aplicación de esta Ley, en ningún caso será requisito acreditar la identidad de género manifestada mediante informe psicológico o médico.”

Esta es una teoría –la propia de la ideología de género- pero tan legítimas (al menos) son las que opinan lo contrario:

que los seres humanos somos hombres o mujeres y que esta dualidad constitutiva se ve modalizada en su expresión en la vida real por nuestra libertad, nuestras pasiones, nuestra hormonas, nuestros criterios morales, nuestros cromosomas, el ambiente que nos rodea, etc.

Que hagamos lo que hagamos con nuestra sexualidad y opinemos lo que opinemos sobre ella, seguimos siendo seres humanos con iguales derechos y obligaciones.

Que las opciones en materia sexual de cada cual ni alteran su personalidad ni identidad jurídica ni limitan los derechos de los demás para defender sus criterios e ideales en  materia de sexualidad.

La ley que comentamos hace suya la visión de la sexualidad y la persona propia de la ideología de género y sacrifica los derechos constitucionales de quienes no comparten esa ideología hasta límites insoportables jurídicamente, por esa asunción injustificada de una ideología particular con la que pretende identificar al ordenamiento jurídico y la actividad de las Administraciones públicas.

Aunque no sea objeto de este trabajo, sí debemos dejar constancia de que la visión de la sexualidad de las leyes que comentamos está en contra de la evidencia científica en la materia hoy disponible como analizan con detalle, por ejemplo el American College of Pediatricians (Colegio de Pediatras de EE.UU.) cuando afirma que “nadie nace con un género; todos nacen con un sexo biológico”; o los profesores Lawrence y Mayerque  que acaban de publicar en The New Atlantis una revisión de la bibliografía científica disponible al respecto concluyendo que la idea de la orientación sexual como algo innato y que no se puede cambiar y la de la identidad de género como propiedad innata e independiente del sexo genético carecen de fundamento científico.

Por eso mismo, también nos parece muy poco prudente el tratamiento que se hace en la ley 2/2016 de la situación de los llamados “menores trans”, aunque no vamos a tratar aquí el tema por ser ajeno a la temática central de este trabajo.

4.Tercer supuesto ideológico: es una discriminación contra los homosexuales digna de sanción negarse a aceptar la visión de la sexualidad propia de la ideología de género y el concepto de persona LGTBI.

Tal pretensión es inconsistente conceptualmente e inaceptable jurídicamente. Los homosexuales -como los heterosexuales- son acreedores a todo el respeto que merecen como personas, pero sobre su conducta y estilo de vida se puede opinar. Como respetar a un socialista no implica tener que aceptar el socialismo o  como respetar la dignidad humana de un cristiano o de un musulmán no significa que todos deban afirmar la verdad del cristianismo o de la religión islámica. La conducta sexual, como la adscripción ideológica o religiosa, deben ser respetadas pero ese respeto no exige la adhesión deterceros a las opciones en libertad de aquel al que se respeta. Algo tan elemental es lo que rechaza esta ley que comentamos.

Por otra parte, es un hecho que no todos los homosexuales defienden la concepción de la sexualidad del lobby LGTBI, como lo es que muchos heterosexuales sí la defienden. Por lo tanto, no estamos ante un problema de derechos de los homosexuales, sino de negación del derecho a la libertad de quienes no comparten la ideología de género, sean homo o heterosexuales.

Opinar que la conducta homosexual no es el ideal moral personal  o lo contrario -como opinar lo mismo o lo contrario de la conducta heterosexual- forma parte de la libertad de pensamiento y no es discriminatorio contra nadie, sino expresión de la pluralidad de ideas que en esta materia hay, legítimamente, en nuestra sociedad plural. Algo tan elemental es lo que rechaza esta ley que comentamos.

Esta extensión gratuita e injustificada del concepto de discriminación es una de las mayores trampas de la ley que puede condicionar su aplicación y suponer un riesgo para las libertades públicas de todos. Si se interpreta –y así lo hacen las asociaciones LGTBI a las que la ley ampara y protege hasta darles un status paraadministrativo- que cualquier opinión discrepante sobre el valor moral o antropológico de la conducta homosexual es una discriminación, la libertad de opinión en materia de sexualidad se habrá acabado en España y será sancionable la transmisión de la vieja sabiduría de raíz cristiana sobre el hombre.

Un ejemplo de naturaleza oficial de la estrategia de imposición en la escuela de la ideología de género es el documento de 2015 aprobado por el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad que consta en la web de este Ministerio y lleva por título “Abrazar la diversidad: propuestas para una educación libre de acoso homofóbico y transfóbico”. Leyendo este documento se puede apreciar el tipo de estrategias que al amparo de las leyes que comentamos se pueden pretender imponer en las escuelas y se puede visualizar cómo la oposición a esos planteamientos resultará sancionable conforme a las normas de derecho sancionador de tales leyes si se interpretan en clave ideológica de género.

  1. II) ANÁLISIS DEL ARTICULADO DE LA LEY.
  2. No es nuestra intención analizar con detalle todos y cada uno de los artículos de la ley pues se alargaría en demasía este trabajo, dado que la misma dedica preceptos a casi todos los ámbitos concebibles de actuación humana con el objeto de imponer o privilegiar en ellos la visión de la sexualidad propia de la ideología de género. Hay en esta ley normas referidas a la familia, la Administración, las empresas, los jóvenes, la estadística, la escuela, la Universidad, la contratación pública, las subvenciones, la policía, la justicia, los medios de comunicación, la sanidad, la formación de los funcionarios, el personal docente y sanitario, las relaciones laborales, el ocio, el deporte, las bibliotecas, el turismo, la inmigración, la cooperación al desarrollo, etc.
  3. Por ello vamos a centrar nuestro análisis en los grandes apartados de especial interés en materia de derechos y libertades públicas:
  4. a) los privilegios jurídicos de los denominados LGTBI y sus asociaciones
  5. b) las afecciones al derecho a una educación en libertad.
  6. c) el derecho sancionador.
  7. A) Los privilegios jurídicos de los denominados LGTBI y sus asociaciones.
  8. Según define Wikipedia,“Privilegio es la ventaja exclusiva o especial (como la exención de una obligación general o el permiso para realizar una actividad en condiciones de exclusividad) que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia. Se opone al moderno concepto de derechos, y puede identificarse con el antiguo concepto dehonor. Respondiendo a su origen etimológico (el latín privilegium), puede definirse como una “ley privada”, o sea, no pública o general, sino relativa a un individuo o cuerpo social específico y distinguido de los demás”.

Esta definición resalta acertadamente los dos matices conceptuales de todo privilegio: implica un otorgamiento por la autoridad de una ventaja a alguien y es lo contrario del concepto moderno de derechos.

  1. A continuación hacemos un listado de algunos de los privilegios que la ley 3/2016 establece en favor de las personas LGTBI y sus asociaciones. No todas estas disposiciones son en sí mismas criticables, pero es muy discutible, en todo caso, que estos privilegios sean solo para los LGTBI. Por otra parte, muchas de estos privilegios tienen como contrapartida restricciones o amenazas a la libertad y derechos de los demás.

– el art. 3 y el 4 definen, según explicamos más arriba, un nuevo sujeto de derecho: la persona LGTBI o trans que contará con un régimen jurídico especial y distinto al del común de los ciudadanos.

– el art. 5 establece un régimen especial de tutela institucional de las personas LGTBI que no existe para el resto de los ciudadanos.

– el art. 6 crea un Consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid en que se integran las asociaciones LGTBI y personas de ese colectivo con funciones consultivas, de informe y propuesta hacia la Administración autonómica.

– el art. 7.2 prohíbe en la sanidad madrileña  las llamadas “terapias de aversión o conversión”, vieja pretensión del lobby ideológico de género que desprotege a  los propios LGTBI que quieren recibir estos servicios en ejercicio de su libertad.

– el art. 7.4 establece que “ninguna persona estará obligada a revelar su orientación sexual, identidad de género, expresión o comportamiento sexual”, precepto que puede violar derechos de terceros en determinadas situaciones dado que los LGTBI tienen derechos especiales.

– el art. 8 obliga a la CAM a desarrollar políticas activas de integración sociolaboral de las personas LGTBI con medios y estructuras específicos y singulares

– el art. 9, entre otras cosas, garantiza “recursos residenciales” para los LGTBI en situaciones de presión o maltrato y compromete a la CAM en el desarrollo de medidas de “visibilización” de los LGTBI.

– el art. 10 compromete a la CAM en el “apoyo y visibilización” a las asociaciones LGTBI

– el art. 11.1permite violentar el principio de igualdad en las actuaciones administrativas siempre que sea en beneficio de los LGTBI y el 11.3 obliga a la CAM y a los Ayuntamientos a promover “acciones formativas, divulgativas y, en general, acciones positivas que posibiliten la plena inclusión y participación en todos los ámbitos de la sociedad de las personas LGTBI”

– el art. 12 obliga a los medios de comunicación de titularidad autonómica o que reciban subvenciones a comprometerse con la diversidad sexual fomentándola

– el art. 15 obliga a las fuerzas y cuerpos de seguridad a “tener un diálogo fluido con las ONGs de referencia en temática LGTBI”

– el art. 18 permite (de forma jurídicamente muy confusa) primar en la contratación pública y otorgamiento de subvenciones a las empresas que destaquen en la aplicación de esta ley. También el art. 41.6 incide en esta materia.

– el art. 21 establece un informe de impacto sobre identidad de género y orientación sexual para todas las políticas y normas de la CAM

– El art. 22.1 establece el siguiente mandato: “Las instituciones y los poderes públicos madrileños contribuirán a la visibilidad de las personas LGTBI en Madrid, respaldando y realizando campañas y acciones afirmativas, con el fin de promover el valor positivo de la diversidad en materia de identidad y expresión de género, relaciones afectivo-sexuales y familiares, con mayor atención a sectores de población especialmente discriminados.”

– El art. 22.3 prevé que“Los poderes públicos de Madrid conmemorarán cada 17 de mayo el Día Internacional contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia. Tanto la Asamblea de Madrid como la Comunidad de Madrid instalarán la bandera arcoíris LGTBI en la sede de Presidencia y sede de la Asamblea de Madrid con motivo de tal celebración. Se recomendará a la Federación Madrileña de Municipios y Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma y/o Juntas de Distrito a realizar el mismo acto”.

– el art. 22.4 obliga a los poderes públicos a  respaldar y apoyar “las acciones que el movimiento social y activista LGTBI realice el día 28 de junio, Día Internacional del orgullo LGTBI o Día Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersexuales.”También el art. 51 reitera este mandato de apoyo público “a los actos del Orgullo LGTBI”

– el art. 23.2 garantiza a las asociaciones LGTBI que la CAM les dotará de medios para atender a los LGTBI en todos los municipios rurales en que no tengan presencia esas asociaciones.

– el art. 24 crea un centro público dedicado a la “memoria histórica” de los LGTBI y prevé que -a través de él- la Consejería de Educación edite libros específicos relacionados con el colectivo LGTBI”

-según el art. 25.3 “Todas las entidades juveniles y trabajadores de cualquier ámbito que realicen sus labores con la juventud promoverán y respetarán con especial cuidado la igualdad de las personas LGTBI.”

– el art. 27.3 establece que “La Administración autonómica, en el ámbito de sus competencias, desarrollará políticas activas de apoyo y visibilización de las asociaciones y organizaciones LGTBI legalmente constituidas…”;y el 27.4 integra en el Consejo de la Infancia y la Adolescencia a representantes de estas asociaciones.

– los art. 29 a 35 dedicados a la educación garantizan que los contenidos educativos de los centros se harán permeables a la ideología de género y que las asociaciones LGTBI participarán en la formulación de esos contenidos, como veremos más abajo con más detalle.

– el art. 36.4 garantiza a las asociaciones LGTBI su participación en el diseño de las políticas públicas en materia de salud sexual.

– el art. 38.2 garantiza el acceso a las técnicas de reproducción asistida a “las mujeres lesbianas y bisexuales, personas trans y persona con pareja trans”

– el art. 46 obliga a la CAM agarantizar “la visibilidad de la cultura LGTBI”y, para ello, a apoyar las “expresiones artísticas, patrimoniales, recreativas y deportivas llevadas a cabo por personas y organizaciones LGTBI”

– según al art. 47, en todas las bibliotecas de la CAM y de los Ayuntamientos habrá “un fondo bibliográfico de temática LGTBI”, precisando que no se aceptarán libros contrarios “al reconocimiento de la diversidad sexual”

– en las instalaciones deportivas se garantiza “el uso de las instalaciones  en concordancia al género autopercibido”según el art. 48

-el art. 49 obliga a la CAM al “apoyo y visibilización de las asociaciones y organizaciones deportivas LGTBI”

– el art. 50 prevé que la CAM apoyará el turismo LGTBI y el orientado al público LGTBI

– según el art. 52.1 “El ejercicio del derecho de admisión no puede comportar en ningún caso discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de género.”

– art. 53 y 54: en la atención a inmigrantes y en la cooperación al desarrollo la CAM dará atención singular a los LGTBI

– según los art. 61 a 63, la CAM “incorporará en la publicidad institucional a todos los niveles la diversidad por orientación sexual e identidad de género y diversidad familiar con el objetivo de favorecer y consolidar en positivo la diversidad de la sociedad madrileña”, “pondrá en marcha un Plan de formación en materia de orientación sexual e identidad o expresión de género para los trabajadores de los distintos órganos de la Comunidad de Madrid” y “pondrá en marcha de forma periódica, contando con el Consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid, campañas de sensibilización y visibilidad de las personas LGTBI con el fin de lograr la plena implantación de la igualdad en la sociedad madrileña.”

– el art. 66 establece el principio de inversión de carga de la prueba conforme al cual si alguien es acusado de discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, corresponde al acusado acreditar que no existió tal discriminación.

– el art. 70.4.c) considera infracción muy grave “La promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona. Para la comisión de esta infracción será irrelevante el consentimiento prestado por la persona sometida a tales terapias.”

– el art. 73.1.i) considera agravante para graduar las sanciones “la pertenencia a un grupo organizado de ideología fehacientemente LGTBIFóbica”

  1. Hemos resaltado en negrilla aquellos privilegios de los LGTBI que suponen un mayor riesgo para las libertades de los demás, generan una mayor inseguridad jurídica para terceros o resultan más desproporcionados o contrarios a la naturaleza de un Estado moderno que se supone neutral frente a las ideologías de los ciudadanos. En la ley 2/2016 de la CAM hay normas similares.
  2. Como resumen y valoración de este elenco de privilegios que la ley otorga a los LGTBI y sus asociaciones, se puede decir:
  3. a) se garantiza a las asociaciones LGTBI el acceso a una influencia reglada en la formulación de las políticas públicas y en su aplicación, así como a la financiación pública de sus actividades, absolutamente desproporcionada y discriminatoria respecto al resto de ONGS. Resulta especialmente injusto este trato al tratarse de asociaciones que, habitualmente, están profundamente ideologizadas y usan técnicas muy agresivas para imponer sus criterios y descalificar a los discrepantes.
  4. b) este apoyo ex lege al lobby asociativo LGTBI junto con la asunción por la CAM de los símbolos y fiestas del lobby gay como símbolos oficiales en determinadas fechas y la consagración en la ley de su ideología como vinculante para sectores como la sanidad o le educación, supone un asalto de una ideología en particular al poder que empieza a identificarse con aquella;algo que, salvando las distancias, recuerda lo que sucedió con los totalitarismos del siglo XX cuando el partido nazi y el comunista fueron trasladando sus símbolos, fiestas, lenguaje e ideología al Estado hasta identificarse con él.
  5. c) la obligación legal para los poderes públicos de hacer visibles a los LGTBI, sus planteamientos y sus asociaciones, no es compatible con la libertad y con la naturaleza de un Estado moderno que no puede ponerse al servicio de un grupo social en particular. Estamos ante una especie de nuevo “confesionalismo LGTBI”.
  6. d) esta visibilización obligatoria de todo lo LGTBI es incompatible con la libertad de aquellos que no deseen que les metan en sus casas o colegios el mundo LGTBI y su visión de la sexualidad. Respetar a todos no implica la obligación de todos de invitar a su casa o su escuela a algunos en particular porque lo diga el poder.
  7. e) muchos de estos privilegios están redactados en términos tan jurídicamente indeterminados y dependientes de la interpretación que se dé a la terminología de género y su particular lenguaje (que la ley hace suyo acríticamente), que fácilmente van a traducirse en restricciones y ataques a las libertades de quienes no comparten la ideología de género, aunque sean LGTBI -según el simplismo clasificatorio de la ley- como sucede con quienes desean acudir a terapias de ayuda para superar tendencias sexuales que no les satisfacen.
  8. f) en particular, existe el riesgo cierto de que se usen los preceptos de esta ley para criminalizar la libertad religiosa, de educación y de pensamiento y expresión de quienes en libertad sostienen una visión de la sexualidad alternativa y distinta a la de la ideología de género. Ya hay indicios ciertos de esto en algunas denuncias y querellas que se están formulando desde el lobby LGTBI contra quienes discrepan de estas leyes y las critican.
  9. g) esta nueva generación de derechos exclusivos para los LGTBI y sus organizaciones representativas rompen la tradición jurídica moderna de los derechos humanos como derechos universales y para todos. Se vuelve así a lo peor del derecho medieval: un derecho de privilegios para una casta privilegiada. Ayer eran los nobles o los clérigos; hoy son los LGTBI y las asociaciones representativas del lobby LGTBI.
  10. h) un elemento de inseguridad jurídica añadida dimana de que las situaciones humanas a que se asocian los privilegios legales referidos son en este caso absolutamente subjetivas y cambiantes e imposibles de comprobar: el género autopercibido, la identidad de género o la orientación sexual son expresiones que se refieren a la intimidad sicológica del sujeto, inaccesible para terceros, a quienes además la ley prohíbe expresamente indagar o preguntar por tales condiciones según establece expresamente el art. 7.4 de la ley, entre otros preceptos.
  11. B) Las afecciones al derecho a una educación en libertad.
  12. Una especial amenaza para la libertad suponen las disposiciones de la ley de referencia para la libertad de educación por afectar a todos los menores de edad actuales y futuros y a los derechos de todas las familias. El intento de manipulación ideológica de la educación es característica de todas las ideologías políticas modernas pues, como dijo Mitterrand, “hoy para hacer la revolución no hay que asaltar el Palacio de Invierno, sino que basta con asaltar la escuela”. Reflejaba así el ex Presidente francés -con la alusión a la toma del poder por Lenín en Rusia en 1917- a lo que años antes había teorizado Gramsci respecto a cómo hacer la revolución: conquistando la cultura y las mentes, especialmente de los niños.
  13. La ley 3/2016, de 22 de julio, de la CAM, dedica a la educación su Capítulo IX, art. 29 a 36, bajo el título “Medidas en el ámbito educativo” y algunos otros preceptos dispersos a lo largo de su texto que analizaremos a continuación. Según estas normas:
  14. a) la CAM elaborará una Estrategia integral de educación y diversidad sexual e identidad o expresión de género que se aplicará “en todos los niveles y etapas formativas y serán de obligado cumplimiento para todos los centros educativos” (art. 29.2)
  15. b) esta Estrategia “tendrá que ser elaboradode forma participativa, contando con las organizaciones LGTBI”(art. 29.2)
  16. c) “A los efectos de favorecer la visibilidad y de integrar de forma transversal la diversidad afectivo-sexual en los centros escolares, la Consejería competente en materia de educación favorecerá en los centros sostenidos con fondos públicos la realización de actividades específicas para el reconocimiento de la igualdad del colectivo LGTBI, para poder dotar de una visibilidad a esta realidad tradicionalmente escondida en el ámbito escolar.” (art. 30)
  17. d) “Los currículos y programas educativos de la Comunidad de Madrid, respetando los currículos básicos, deberán contener pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto de las personas LGTBI.”(art. 31.2)
  18. e) “En los centros educativos se desarrollarán, a lo largo de cada curso escolar, acciones de fomento de la cultura del respeto y la no discriminación de las personas basada en la orientación sexual e identidad o expresión de género (…)”(art. 31.4)
  19. f) la CAM fomentará en las Universidades los estudios e investigaciones LGTBI y la formación de profesionales en esta materia. (art. 31.5)
  20. g) la CAM “desarrollará políticas activa de apoyo y visibilización de las asociaciones y organizaciones LGTBI” en el ámbito de la educación. (art. 31.6).
  21. h) “De acuerdo con el principio de coeducación, debe velarse porque la diversidad sexual y afectiva, la identidad de género y los distintos modelos de familia sean respetados en los distintos ámbitos educativos”.(art. 31.7)
  22. i) “Se establecerá un fondo bibliográfico LGTBI en los colegios e institutos que deberá ser suministrado por la Comunidad de Madrid.” (art. 31.8)
  23. j) “Dentro de los contenidos educativos de libre asignación de la Comunidad de Madrid se garantizará que todos los alumnos madrileños reciban la formación que promueva los valores constitucionales de convivencia, respeto e igualdad hacia el colectivo LGTBI, una aproximación hacia los distintos modelos de familia y se explique la realidad de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género.”(art. 31.9)
  24. k) “La Consejería competente en materia de educación incorporará la realidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual en los contenidos transversales de formación de todo el alumnado de Madrid en aquellas materias en que sea procedente. Revisará los contenidos de información, divulgación y formación que ya existan en los distintos niveles de enseñanza y en otros ámbitos formativos, para lo que dará audiencia a las asociaciones, organizaciones y colectivos LGTBI.” (art. 32)
  25. l) las Universidades, “podrán promover conjuntamente medidas de protección, de apoyo y de investigación para la visibilidad de las personas LGTBI y el desarrollo de medidas para la no discriminación y sensibilización en el entorno universitario.” y “podrán apoyar acciones de visibilidad del colectivo LGTBI dentro del ámbito universitario así como fomentar el surgimiento de asociaciones LGTBI dentro de la propia Universidad.”(art. 33.2 y 3).
  26. ll) La CAM “a través de apoyo a las organizaciones LGTBIcon experiencia en la materia, impartirá a los profesionales de los centros educativos la formación necesaria…”. También con el objeto de que el personal docente pueda transmitir a los alumnos y alumnas en general un conocimiento abierto y sin prejuicios sobre la realidad de las personas LGTBI con las que conviven en sus mismas aulas y en la Sociedad.(…). Asimismo, se incorporará la realidad LGTBI y los diferentes modelos de familia a los cursos y masters de formación del futuro personal docente.”(art. 34).
  27. m) el art. 70.3.f) define como infracción muy grave “La elaboración, utilización o difusión en Centros educativos de la Comunidad autónoma de libros de texto y/o materiales didácticos que presenten a las personas como superiores o inferiores en dignidad humana en función de su orientación sexual e identidad o expresión de género, o que inciten a la violencia por este motivo.”
  28. La ley 2/2016 de la CAM contiene preceptos muy similares en materia de educación y, además algunos otros como los siguientes:
  29. a) art. 22.3: la CAM “Impulsará medidas conducentes a lograr el efectivo respeto en el sistema educativo de la diversidad afectivo-sexual, así como la aceptación de las diferentes expresiones de identidad de género que permitan superar los estereotipos y comportamientos sexistas.”
  30. b) conforme al art. 23 el profesor habrá de dirigirse al alumno por el nombre elegido por éste aunque no se corresponda con el de su sexo biológico, el alumno podrá vestir conforme al sexo autopercibido y accederá a las instalaciones (baños, por ejemplo) y actividades correspondientes al sexo con el que se sienta identificado sea el suyo biológico o no.
  31. c) según el art. 24 en todos los centros escolares “se deberá dar cabida a proyectos curriculares que contemplen y permitan la educación afectivo-sexual y la discriminación por motivos de identidad de género o expresión.”Y, conforme al art. 25, “Se impartirá al personal docente formación adecuada que incorpore la diversidad sexual y de género”
  32. Es fácil de apreciar con la lectura de los preceptos legales citados que las leyes que analizamos:

– pretenden incorporar en la escuela la visión de la sexualidad de la ideología de género de la mano de las asociaciones LGTBI

– no existe en toda la ley ni una sola referencia al papel de los padres y sus derechos constitucionales ni a la autonomía de los centros escolares ni al respeto a su ideario

– no se tiene en cuenta para nada lo preceptuado en la Constitución sobre la libertad de educación ni sobre el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales o religiosas.

– se desconoce la realidad sociológica de que sobre la sexualidad existe en nuestra sociedad una pluralidad de concepciones y que la propia de las asociaciones LGTBI ni es la única ni se puede imponer a todos.

  1. C) El derecho sancionador.

Las leyes que comentamos –salvo la gallega- concluyen con un capítulo dedicado al régimen sancionador, es decir, a fijar las infracciones a la ley susceptibles de castigo y las sanciones correspondientes. La tipificación de las infracciones hace referencia a conceptos que, en general, si se interpretan conforme al derecho ordinario, resultan superfluos pues ya están previstos en la legislación de general aplicación en materia de igualdad y no discriminación;  pero, si se interpretan conforme a los postulados de género de estas leyes, llevarían a sancionar la mera discrepancia del lobby LGTBI o la emisión de opiniones sobre sexualidad diferentes a las propias del entorno ideológico de género.

Conceptos como vejaciones, discriminación, incitación al odio, etc que se califican como conductas sancionables no añaden nada al ordenamiento jurídico vigente….salvo que se considere que discrepar de la ideología de género y su visión de la sexualidad supone una vejación, una discriminación y una incitación al odio. En tal caso este apartado de la ley sí sería una novedad, pero contraria a las libertades públicas básicas.

Por desgracia, la literatura de género y los pronunciamientos de las asociaciones que inspiran estas leyes y son por ellas dotadas de privilegios varios, permite pensar que esta segunda es la interpretación que se quiere dar al aparato sancionador de estas nuevas leyes.

Por poner un ejemplo: el art. 70.2.f) de la ley madrileña 3/2016 tipifica como infracción grave:

“f) La elaboración, utilización o difusión en Centros educativos de la Comunidad autónoma de libros de texto y/o materiales didácticos que presenten a las personas como superiores o inferiores en dignidad humana en función de su orientación sexual e identidad o expresión de género, o que inciten a la violencia por este motivo.”

Si este precepto se interpreta en su literalidad es superfluo, pues afirmar que hay humanos con más dignidad que otros, por esa razón o por cualquier otra, se opone a la Declaración de derechos humanos de NNUU, a la Constitución, al Código Penal y a otras varias decenas de normas existentes en vigor. Pero si se interpreta que atenta contra la dignidad humana afirmar que hay comportamientos sexuales más dignos o menos, más valiosos antropológica y éticamente o menos, entonces el precepto sí es novedoso y supondría un atentado a la libertad de pensamiento y educación en materia de sexualidad.

Otro ejemplo: el art. 73.1.i) considera como circunstancia agravante para graduar las sanciones la siguiente:

“La pertenencia de la persona infractora a un grupo organizado de ideología fehacientemente LGTBIfóbica”

Si no se trata de un grupo ilegal conforme a la legislación de asociaciones y al Código penal, ¿por qué la pertenencia a un grupo legal agrava la sanción? ¿Qué es un grupo de ideología fehacientemente LGTBIfóbica? ¿Lo es la Iglesia católica, por ejemplo, o un colegio de enseñanza diferenciada o una asociación civil que se oponga a la equiparación del matrimonio a la unión de personas del mismo sexo o un grupo de estudio de la ética aristotélica?

Como se puede apreciar con estos simples ejemplos, el aparato sancionador de estas leyes genera una profunda inseguridad jurídica y representa una eventual amenaza para las libertades indigna de un Estado de derecho.

Madrid, a 30 de septiembre de 2016.

Sr. D. Benigno Blanco

Abogado