“La Iglesia tiene una norma moral que afecta a los homosexuales, los heterosexuales y todos. Las normas de vivencia de la sexualidad en el catecismo son claras. No solo no son lícitas, moralmente hablando, las relaciones entre las personas del mismo sexo, sino que tampoco lo son las relaciones entre un casado y una persona que no es su mujer o su marido, o entre una persona heterosexual que no está casada y otra persona del otro sexo. Opinar así no es forma alguna de homofobia, que es provocar odio contra un colectivo por su manera de actuar o de ser. Tener un código moral e intentar seguirlo, aunque se esté en desacuerdo con otro grupo, no es homofobia. Una cosa es el respeto a las personas por su orientación sexual y otra la enseñanza moral respecto al comportamiento sexual. Los cristianos no hemos de pensar como ciertos colectivos quieren imponer”.
El párrafo anterior forma parte de unas declaraciones del obispo de Tortosa, Enrique Benavent, al semanario “L’Ebre” de aquella ciudad.
El obispo separa perfectamente lo que es la doctrina cristiana sobre la sexualidad y la homofobia. Son declaraciones muy oportunas cuando la nueva inquisición gay trata de impedir de todas las maneras posibles, la libertad de expresión no solo de la Iglesia, sino de muchos organismos, entidades o personas que tienen principios distintos de los promovidos por los LGTBI, o que, simplemente, se han negado a comulgar con ruedas de molino y ven claro qué son un hombre y una mujer, un niño y una niña. Persones que se resisten al bárbaro intento de cerrar la boca a todos aquellos que discrepan de la ideología de género. Estos mismos días se ha tenido un ejemplo evidente que ha trascendido a la opinión pública con el autobús fletado por “Hazte Oír” en el que se podía leer algo tan elemental como “Los niños tienen pene, las niñas vulva” y si naces hombre serás siempre hombre, si mujer, mujer”.
Es de enorme gravedad esta violación diaria y sistemática de la libertad de expresión, con fortísimas presiones a que están sometidos los que no se doblegan, no nos doblegamos, a las imposiciones del homosexualismo. Los promotores de la ideología de género han lavado el cerebro de muchos y pretenden acabar tapando la boca a todo aquel que tenga criterio propio y sustente su argumentación sobre la sexualidad, basándose en la elemental observación del cuerpo humano, del comportamiento según la naturaleza humana y de la vida de las personas desde el nacimiento de la especie.
Particularmente grave es la sumisión de las autoridades a todas las ocurrencias, caprichos y exigencias de los LGTBI. Hace unas semanas el Parlamento catalán, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona se pronunciaron ante la “tremenda amenaza social” de una conferencia que un homosexual católico francés iba a pronunciar en la parroquia de Santa Anna de Barcelona, en la que el ponente defendía que los homosexuales debían vivir la castidad. Independientemente del criterio que cada uno tenga sobre el fondo del asunto, ¿alguien sensato entiende que un Parlamento deba pronunciarse sobre ello? A no ser que quede claro que los diputados son marionetas de los LGTBI. Y lo mismo los miembros del Gobierno.
Para oponerse y desprestigiar los contenidos del autocar de “Hazte Oír” e impedir que el vehículo pudiera hacer su periplo, hacían declaraciones en la televisión, las alcaldesas de Madrid y Barcelona y diversos cargos de otras instituciones. Posición unánime de todos para impedir que se difundan criterios distintos a los del mundo gay.
Unas autoridades impregnadas de la ideología de género y del totalitarismo que niega la libertad de expresión de quien osa decir que el rey anda desnudo.
Por Daniel Arasa, periodista
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