Después del trabajo, poder crear una familia o acceder a una vivienda digna son dos de los elementos esenciales en la vida de una persona, y cuando uno es joven suele ser el momento deseado para hacerlo. Esto no es sólo un beneficio para el mismo joven, sino también un beneficio para toda la sociedad, por ello, las instituciones públicas deben ayudar a que el joven pueda conseguirlo.
Ayudas a la familia
España es el país de Europa con la natalidad más baja, 1,23 hijos por mujer en edad fértil en 2019. Nunca antes, incluso en los años de posguerra, habían nacido tan pocos niños en España en un año, unos 360.000. Por otra parte, España es uno de los países europeos con un envejecimiento más acusado, en parte porque empieza a jubilarse la generación del baby boom.
Toma una especial relevancia que en las próximas décadas el número de trabajadores sea suficiente para sufragar el sistema público de pensiones. La solución pasa principalmente en tener hijos, además de otras soluciones parciales como son la inmigración o mejoras productivas.
Cuando se pregunta a las mujeres españolas de entre 18 y 55 años cuántos hijos querrían tener, 3 de cada 4 afirman que querrían tener dos o más hijos, una cifra que no se corresponde con la natalidad real española. Dos de las principales razones que argumentan las que tienen menos hijos de los deseados son motivos económicos y falta de conciliación laboral. Así pues, hay barreras económicas que hacen que las familias no puedan tener el número de hijos ansiado, y por tanto, los incentivos económicos a través de ayudas tiene un sentido aún mayor.
Los países europeos más avanzados ya establecen generosos sistemas de ayuda según el número de hijos. España es el país de Europa que adjudica menos ayudas por hijo (31€ PP), por detrás de Rumanía o Bulgaria, y la media europea se sitúa por encima de los 100€ PP. En España se destina el 1,2% del PIB en ayudas a las familias, en cambio la media europea se sitúa en el 2,3%.
La mayoría de países europeos ya han entendido que estas ayudas son una inversión y no un coste, pero en España parece que todavía no.
La vivienda
A finales del 2019, los jóvenes menores de 30 años que vivían de alquiler debían destinar de media el 94% de su sueldo según la media española (un 55% en 2008), cuando teóricamente el máximo que podría tolerar una persona a la hora de pagar el alquiler se situaría en el 30%. El aumento del precio se aceleró a partir de 2014, coincidiendo con el inicio de la recuperación económica, estos precios han crecido por encima de las rentas del trabajo y la venta de viviendas.
Esta dinámica provoca que España tenga una de las tasas de emancipación más bajas de Europa y que haya empeorado en los últimos años, en concreto el 65% de jóvenes entre 16 y 34 años sigue viviendo con sus padres, 7 PP más que hace 10 años.
El aumento del precio del alquiler se ha debido en gran parte por el endurecimiento del crédito a la hora de adquirir una hipoteca. Unos alquileres más altos hace que los jóvenes no puedan ahorrar para adquirir una vivienda, provocando que la demanda de alquiler continúe subiendo con una oferta que no aumenta en la misma proporción, haciendo así que los precios suban y los jóvenes tengan cada vez menos recursos disponibles .
Ante este círculo vicioso, es importante establecer mecanismos que ayuden a mitigarlo.
Políticas de vivienda
La vivienda de protección oficial es uno de los mecanismos más utilizados en Europa. En España, tras la crisis económica, el número de viviendas de protección oficial se desplomó. Por ejemplo, en 2018 se habían construido unos 11.800, cuando en 2008 habían sido 63.292. De hecho es este último dato el que mejor refleja las décadas anteriores a la crisis cuando se construían entre 60.000 y 100.000 viviendas de protección oficial al año. La práctica desaparición de este segmento ha provocado tensiones en los precios de alquiler, ya que muchas personas, por la falta de vivienda protegida, no han podido comprar y han optado por el alquiler.
Así pues, una política que podría ayudar a paliar el aumento de los precios sería la construcción de más vivienda social, ahora bien, limando algunos aspectos de esta política como sería la realización de más vivienda social para alquiler, en lugar de propiedad, para poder crear un mercado más dinámico que podría permitir que más gente tuviera la opción de disfrutar de la vivienda protegida de forma temporal.
También sería necesario que la vivienda social fuera permanente en el tiempo, es decir, que la administración no pudiera vender a fondos privados (un 40% de la vivienda protegida ha hecho esta transición según Carme Trilla, presidenta del Observatorio de la Vivienda de Barcelona), un mayor control hacia ocupaciones o alquileres fraudulentos realizados a terceros por los mismos inquilinos y un mejor filtrado para que quienes más lo necesiten tengan prioridad.
Esta política de vivienda pública está enfocada a la oferta. Una alternativa es hacerlo a la demanda, es decir, que el Estado dé subvenciones a familias de renta baja para que puedan hacer frente a un alquiler a precio de mercado. Esta segunda política es más aplaudida por los economistas, ya que la consideran menos costosa y permite generar una mayor equidad.
Estas han sido sólo algunas pinceladas sobre dos de las mayores problemáticas que viven los jóvenes. Tanto el Estado, como la sociedad deben reaccionar de forma decidida, el primero aportando políticas rigurosas y efectivas y el segundo situando las dificultades de los jóvenes dentro del debate público.
Nos jugamos el futuro.
POR MARC MIRÒ PARA FORUM LIBERTAS
