El derecho a emigrar y a no emigrar: claves de una política cristiana de inmigración

5 de septiembre de 2025. Por Forum Libertas

Lo último que puede hacer la Iglesia es traicionar su propia doctrina. La amenaza permanente que se cierne sobre ella desde los poderes de este mundo es domeñarla, subordinarla. Y entre estos poderes, naturalmente, se encuentran los políticos; en particular, la militancia política.

Lo último que puede hacer la Iglesia es traicionar su propia doctrina. La amenaza permanente que se cierne sobre ella desde los poderes de este mundo es domeñarla, subordinarla. Y entre estos poderes, naturalmente, se encuentran los políticos; en particular, la militancia política.

La inmigración será cada vez más un tema de enfrentamiento político por dos razones básicas.

La primera es que el Gobierno de Sánchez la instrumentaliza en beneficio propio: es la única vía que ha encontrado para que crezca el PIB —aunque no lo haga la renta per cápita— y para paliar, de manera precaria, las consecuencias de sus políticas que destruyen a la familia y agravan la crisis de nacimientos. Este es el primer hecho objetivo.

El segundo, derivado del primero, es que hay partidos que consideran —con razón— que la inmigración desordenada y generadora de problemas objetivos constituye un caballo de batalla electoral, la cuestión es que a partir de ahí se den respuestas que ignoren la dignidad del inmigrante.

Estas son las coordenadas del escenario. Y ante ello, la Iglesia tiene una doctrina bien asentada y reiterada.

La doctrina de la Iglesia sobre migraciones

En el orden universal destacan:

  • Exsul Familia de Pío XII (1952).
  • Pastoralis migratorum curade de Pablo VI y su instrucción de 1969.
  • Erga migrantes caritas Christi del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes (2004).

Se suman además el Código de Derecho Canónico, los textos del Concilio Vaticano II, y campañas y orientaciones de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Tres denominadores comunes aparecen siempre: el derecho a emigrar, la dignidad de la persona y la integración en las comunidades de acogida.

En España, la Conferencia Episcopal ha elaborado documentos clave:
  • Comunidades acogedoras y misioneras (2024), que actualiza la pastoral con migrantes.
  • La Iglesia en España y los inmigrantes (2007), una reflexión teológico-pastoral de gran calado.

La base bíblica de esta doctrina es amplia. Basta recordar:

  • Éxodo 22:2 y Levítico 19:33–3: prohibición de oprimir al extranjero y mandato de tratarlo como al nacido en la tierra.
  • Deuteronomio 10:18–19: Dios ama al extranjero; Israel debe imitar ese amor.
  • Números 15:15–16: “una misma ley para nativo y extranjero”.
  • Mateo 25:3: acoger al forastero es acoger a Cristo.
  • Efesios 2:19: ya no extranjeros, sino conciudadanos de los santos.

El derecho a no emigrar

Junto al derecho a emigrar, la Iglesia subraya otro principio inseparable: el derecho a no emigra. Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Francisco y el Compendio de Doctrina Social lo reiteran: el desarrollo integral de los pueblos es la verdadera solución. Sin desarrollo, las migraciones son forzadas, no libres.

Como escribió Pablo VI en Populorum Progressio (1967): la obligación moral es promover el desarrollo integral para superar desigualdades que obligan a emigrar. O como recuerda Francisco: “Debería existir el derecho a no emigrar para permanecer en la propia tierra” (Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2023).

España: un límite real

Los principios no son abstractos. En España el problema es concreto: la imposibilidad de integrar adecuadamente a la inmigración masiva. La capacidad de atención de las administraciones públicas está desbordada; la sanidad y la educación se deterioran; la vivienda es inasequible; la seguridad ciudadana se resiente. En Cataluña, la lengua y la cultura propia retroceden hasta niveles de sustitución poblacional: solo un tercio de Barcelona tiene el catalán como lengua materna.

Hay además una raíz interna: la falta de nacimientos y la destrucción de estructuras familiares. Y otro problema estructural: la inmigración masiva sostiene sectores de baja productividad —hostelería, turismo, cuidados personales—, consolidando salarios bajos y alejándonos de la renta media europea. Desde 2006 hemos perdido 13,5 puntos porcentuales, pasando de estar por encima de la media (105) a situarnos por debajo (93,5).

Mientras tanto, España y la UE han renunciado a una verdadera política de desarrollo para los países emisores de emigración.

Una propuesta integral

La única política razonable pasa por cuatro ejes y un principio:

  1. Moratoria migratoria temporal, que reduzca al mínimo las llegadas mientras se recupera la capacidad de integración.
  2. Política de integración social, mejorando las condiciones de vida de los más vulnerables, de todos, de manera que no existe la posibilidad del agravio comparativo.
  3. Ayuda internacional al desarrollo, coordinada a escala española y europea, que actúe sobre las causas de la emigración.
  4. La capacidad de aplicar el ordo amoris en todos los criterios anteriores.

Y el principio es sencillo de entender: el derecho a emigrar debe integrarse; supeditarse al bien común de la sociedad receptora.

A esto deben añadirse dos condiciones imprescindibles: políticas familiares y de natalidad que reviertan la tendencia regresiva, y la recuperación cultural de nuestra identidad cristiana, entendida como cultura común y fundamento racional de convivencia.

El verdadero peligro

España no tiene un problema de islamización —eso es una “parida cósmica”—. El verdadero peligro es la descristianización y la deriva que impulsa una sociedad desvinculada.

Y una última observación: a quienes atacan a la Iglesia por su postura equilibrada y humana, conviene recordarles algo: guarden sus críticas para los sectores económicos que promueven activamente la inmigración como lobby organizado, porque sobre ellos, curiosamente, guardan un silencio atronador.

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