Los políticos españoles discuten si las ayudas extraordinarias a las escuelas por la pandemia han de ser solo para las públicas o también para las concertadas. Sin contar con eso, el gasto público por alumno en los centros concertados es sustancialmente menor que en los de titularidad estatal. Y esta desigualdad no se debe solo a factores que podríamos llamar “estructurales” (relacionados con la mayor necesidad de recursos en algunas escuelas públicas por el tipo de alumnado que atiende), sino también, y sobre todo, a otras diferencias de trato difícilmente justificables.
El nuevo proyecto de ley educativa pretende conceder discrecionalidad completa a la Administración para diseñar la oferta de puestos escolares cada año, sin necesidad de tener en cuenta la demanda de los padres. La oposición augura que esta prerrogativa servirá al gobierno para ahogar a la escuela concertada poco a poco y de forma disimulada: bastaría con ir aumentando la capacidad de los colegios públicos de manera artificial, para luego justificar la necesidad de ocupar esas nuevas plazas –y no las que podrían ofertar los centros concertados– por una cuestión de “eficiencia del gasto”.
No obstante, más allá de la dudosa legalidad de esta actuación (las últimas sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional van en dirección opuesta), el Estado debería ser el primer interesado en fomentar los colegios concertados si de verdad estuviera preocupado por no derrochar recursos.
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POR FERNANDO RODRÍGUEZ-BORLADO PARA ACEPRENSA