El anteproyecto de ley trans que ha publicitado la ministra Irene Montero es muy grave por su naturaleza y consecuencias
Significa convertir, en muchos casos, una disfunción objetiva del ser humano en un privilegio que otorga derechos singulares, como el incentivar su contratación en tiempos de paro y crisis. No se entiende muy bien por qué un transexual, por el simple hecho de serlo, debe tener más ventajas que cualquier otra persona que tenga más necesidades objetivas de trabajar. Este es un ejemplo claro de cómo la creación in vitro de presuntos derechos establece en realidad privilegios. Es la misma metodología que se ha utilizado para los grupos LGBTI, que diversas autonomías han desarrollado.
La ley no establece ninguna diferencia entre las personas que presentan estados intersexuales de las disforias de género. Solo esta cuestión ya la sitúa al margen de toda validación médico-científica, y en este sentido se trata también de una ley peligrosa.
Significa también otro recorte más de la patria potestad, que convierte al menor y al estado en soberanos ante el padre y la madre. Esto, unido a la reciente ley de educación, que va a liquidar el derecho constitucional de los padres a elegir la educación moral y religiosa de sus hijos, si el Tribunal Constitucional no lo remedia, constituye una ofensiva en toda regla para convertir a los padres en puros proveedores de servicios, y al estado en garante y educador de sus hijos.
El hecho de que las personas con una simple manifestación de su deseo ante el Registro Civil cambien de sexo, destruye todo principio de realidad objetiva y tendrá consecuencias nefastas en sí mismo y como precedente. Este hecho unido a la adscripción desde la perspectiva de género bulteriana, de la naturaleza multiforme y cambiante a gusto del consumidor de la identidad sexual, y a la inexistencia de toda transformación acreditada, abre la puerta a conflictos, abusos, escándalos y usos fraudulentos.
La ley legitima una gran confusión antropológica. Por ejemplo, hombres trans embarazados, parejas trans en las que el hombre es capaz de parir y la mujer no. Este caos social crece si se considera que todos estos estadios son reversibles, y que el cambio de un estado a otro no deja sin efecto los deberes y obligaciones alcanzados en el estadio precedente.
Su singularidad en el contexto internacional significa, además, que figuras que existirán en España, carecerán de reconocimiento en el resto de Europa y del mundo. Por otra parte, el hecho de que la ley prevea que se aplicará a residentes extranjeros, aunque no dispongan de la condición legal de tales, constituirá un efecto llamada, como ya lo ejerce la legislación LGBTI. Esta perspectiva no puede separarse de los privilegios que la nueva normativa otorgaría a toda persona trans.
La condición de estado de derecho regido por una democracia liberal dejará ya de existir con esta ley, que se añade a toda la legislación ideológica precedente. En efecto, un estado liberal es aquel que no asume ninguna ideología, ni utiliza ninguna creencia; es neutral para justificar sus leyes. En la medida que la ideología de género, también llamada perspectiva por sus defensores, es el fundamento de una serie de leyes del estado, España ha dejado de ser una democracia liberal, porque no es el tipo de ideología que asume el estado lo que la caracteriza, sino el hecho de que sea una ideología basada en una creencia, una fe, la ideología de genero, en este caso. Esta cuestión ha de constituir un doble caballo de batalla, primero para denunciarlo y crear conciencia de ello, y segundo para erradicarlo.
POR FORUM LIBERTAS