La ministra de Igualdad Irene Montero cuela la prostitución como actividad laboral en la asignación del Ingreso Mínimo Vital que prepara el Gobierno
Irene Montero, ministra de Igualdad está aprovechando la circunstancia actual provocada por la crisis sanitaria del coronavirus para intentar colar la legalización de la prostitución.
El Ministerio de Igualdad anunció recientemente que el refuerzo de las medidas sociales y asistenciales dirigidas a mujeres “en contexto de prostitución”, entre las que planteó la posibilidad de acceder al Ingreso Mínimo Vital que prepara el Gobierno. Ese controvertido ingreso podría ser efectivo en el plazo de un mes.
El Ministerio afirma que las prostitutas son uno de los colectivos “en mayor riesgo de ser afectadas de manera desproporcional por la crisis de COVID-19“. Trata de aguantar su argumentación con el hecho de que “las entidades y ONGs especializadas en la detección, atención e intervención psicosocial han tenido que paralizar en la mayoría de los casos su actividad asistencial y ambulatoria, exponiendo a las mujeres a un escenario de vulnerabilidad y desprotección de derechos”, según afirma el propio Ministerio.
Legalizar la prostitución considerándola actividad laboral
La estrategia de Irene Montero es clara: si las prostitutas acceden al Ingreso Mínimo Vital se estaría legalizando indirectamente la actividad que realizan considerándola veladamente una actividad laboral.
La manera que tiene el Ministerio de explonerlo es mezclándolo todo, afirma que “con objeto de garantizar las condiciones mínimas de subsistencia, y cuando se adapten a los criterios acordados, las víctimas de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual, así como los casos de extrema vulnerabilidad de mujeres en contexto de prostitución, serán incluidas como beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital”. ¿Qué tiene que ver una víctima de trata y explotación sexual con una mujer que ejerce la prostitución desde su voluntad?
Así, la propia cartera de Montero reconoce que “se asegurará también que las mujeres en situación administrativa irregular, que son en la mayoría de los casos las principales víctimas de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual, tengan acceso a este derecho”. Por lo tanto, se asegurará también que se contemplen como trabajadoras legales.
La ministra Irene Montero está intentando colar la legalización de la prostitución con otra medida. Una estrategia de ocultación aprovechando la situación de desconcierto y de ruido mediático masivo que se vive en la actualidad por el COVID-19.
POR FORUM LIBERTAS