Por una nueva política integral para la familia

13 de junio de 2025. Editorial Forum Libertas

Los debates públicos están dejando fuera una pieza clave del sistema: la familia. No como símbolo ideológico, ni como reducto sentimental, sino como infraestructura social y económica esencial.

En medio del vértigo demográfico, la polarización política y las desigualdades que genera el modelo económico, resulta cada vez más evidente que los debates públicos están dejando fuera una pieza clave del sistema: la familia. No como símbolo ideológico, ni como reducto sentimental, sino como infraestructura social y económica esencial.

La familia, entendida como comunidad de vida, memoria, proyecto y trabajo que persigue una condición de estabilidad, transmisora de capital humano, social y moral, es el principal activo estructural de cualquier sociedad que aspire a la prosperidad, la equidad y la sostenibilidad fiscal. Y, sin embargo, sigue ausente de las prioridades públicas, tratada con una mezcla de indiferencia técnica y prevención política, posiblemente porque la familia, formada por un padre y una madre, que tiene y busca cuidar y educar a sus hijos, es ya una realidad contracultural.

Por eso, hoy no basta con protegerla, cosa que tampoco se hace. Hay que reconstruirla, reforzarla y convertirla en el eje transversal de las políticas públicas. Eso exige una mirada estratégica, no asistencialista. Una visión integral, no sectorial. Una agenda ambiciosa, no fragmentada.

Más que afecto: capital estructural

Durante décadas, el discurso oficial ha reducido la familia a una esfera privada de afectos, decisiones personales y preferencias. Pero los datos empíricos ya no permiten sostener esa visión. Sabemos que 10 de los 12 principales determinantes del rendimiento escolar están vinculados al entorno familiar, que el 60% del ahorro privado nacional procede de los hogares, y que las familias estables actúan como «seguros sociales informales» que reducen los costes del Estado en justicia, salud mental o protección infantil.

También sabemos que las sociedades con mayor confianza interpersonal —que nace en la familia— son más productivas, más innovadoras y cohesionadas. Y que el capital moral, sin el cual la economía de mercado degenera en abuso, oportunismo o corrupción, se fragua primero en el hogar.

Una política pública sin familia es ineficiente y cara

No hay política fiscal que aguante si la natalidad se hunde. No hay sistema de pensiones viable si no hay hijos. No hay igualdad real si cuidar a los hijos penaliza laboralmente. No hay capital humano de calidad sin educación moral, hábitos y afecto estructurado. Y no hay productividad sostenible si los vínculos familiares se rompen y el Estado debe sustituir a precio de oro lo que antes hacían los hogares. Y no hay, aunque el gobierno crea lo contrario, substituto de la natalidad en la inmigración.

Pero lo más grave es que el sistema sigue ignorando todo esto, diseñando políticas como si las familias no existieran. Esa ceguera institucional no solo es injusta. Es costosa, ineficaz y autodestructiva.

Hacia una política integral de familia

Frente a esta omisión estructural, vale la pena estimular la reflexión y el debate en el espacio público con propuestas para una Política Pública Integral de la Familia, compuesta, por ejemplo, por estas medidas concretas, organizadas en siete ejes.

Estas medidas no buscan privilegios. Buscan alinear la política fiscal, educativa, laboral, territorial y cultural con la realidad objetiva de que la familia es un bien público de alto retorno.

Entre las propuestas destacan:

  • La educación en virtudes desde la infancia, para reconstruir el capital moral que sostiene la confianza institucional.
  • Una cuenta satélite de capital social y moral, para cuantificar los “costes evitados” por hogares funcionales.
  • Una cláusula de impacto familiar en todas las leyes, al mismo nivel que la de género.
  • Una reforma fiscal que reconozca la unidad familiar como sujeto tributario real.
  • Un sistema universal de educación infantil 0–3 años con copago simbólico, de alto retorno fiscal y social.
  • Un pacto intergeneracional que grave las sucesiones altas, pero bonifique las donaciones inter-vivos ligadas a educación y emprendimiento juvenil.
  • El sello Empresa Familiarmente Responsable, con incentivos laborales, fiscales y contractuales.
  • Un plan de repoblamiento rural basado en familias jóvenes, con vivienda, servicios y deducciones específicas.

Y, sobre todo, una convicción: lo que no se mide, no se gobierna. Por eso se propone crear un Índice Sintético de Función Familiar, que integre natalidad, capital humano, ahorro, cohesión y confianza, como variable anticipadora del crecimiento.

No es ideología: es racionalidad política

Hablar de familia no es volver al pasado. Es mirar con seriedad el presente y planificar con responsabilidad el futuro. Es salir de la lógica de los parches y entrar en la lógica de la sostenibilidad.

No hay contradicción entre igualdad y familia, entre libertad y vínculo, entre derechos sociales y estabilidad afectiva. Al contrario: sin una estructura familiar sólida, todos los demás derechos se vuelven inestables, ineficientes y desiguales.

La hora de decidir

España no puede permitirse una política pública que trate a la familia como un residuo emocional o un tabú ideológico. Necesita una estrategia que entienda que invertir en familia es invertir en capital humano, ahorro nacional, cohesión social, salud mental, natalidad, educación, productividad y democracia.

Cada euro bien orientado a favor de la familia devuelve más de un euro en recaudación, productividad y ahorro público. Ignorarlo es condenar al país a menos población activa, más déficit, más dependencia, más polarización y menos libertad real.

Por eso, esta es una propuesta de regeneración nacional.

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