Las iniciativas del gobierno español, que aumentan los conflictos políticos y tensan a la sociedad, son múltiples y se acumulan en poco tiempo en una vorágine que tiende a la locura.
No contentos con relanzar la ley sobre la eutanasia pocos días después de que precisamente el Comité de Bioética de España, órgano asesor del gobierno, aprobara por unanimidad el acuerdo de rechazar el proyecto actual, los dos partidos del gobierno han presentado enmiendas a su propio articulado que destruyen las garantías que podían existir en una ley ya de por si peligrosa: se podrán saltar los plazos a criterio del médico, de manera que los periodos de reflexión de si uno quiere o no que lo maten saltan por los aires; se flexibiliza tanto la voluntad previamente expresada del enfermo, si este no reúne la plenitud de facultades, que el volverse atrás, o lo que es peor el uso fraudulento de la ley es fácil. El hecho de que la eutanasia pueda practicarse en casa fuera de todo control y la total despenalización del delito, es una invitación a prescindir de vidas que a juicio de su entorno ya no merezcan ser vividas. Con esta ley la vida de gente mayor, sobre todo la más enferma y dependientes, estará en grave riesgo. Será fácil porque será legal llegar a la conclusión de que es mejor que se muera. Ante esta tesitura tan salvaje, lo mejor es que la nueva legislación, si llega a aprobarse, incluya un artículo que establezca que todo anciano que muera por la eutanasia no podrá haber testado en favor de los familiares cuidadores… para evitar tentaciones. Pero claro está que no se trata de esto sino de detener ese ejercicio inmoral de inhumanidad.
Pero es que además el gobierno pretende legislar que sólo con mayoría absoluta pueden ser elegidos los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Con esta medida el poder judicial, que en teoría es independiente de la política, permanecería en manos de la mayoría del gobierno de cada período, rompiendo el equilibrio, tal vez no del todo satisfactorio, pero equilibrio a fin de cuentas, al nombrarlo por la mayoría de las tres quintas partes de los diputados, lo que obliga a un amplio consenso. Se estableció constitucionalmente que 8 de sus miembros deben ser elegidos por aquella vía, pero no se dice nada de la docena restante, y es sobre esta mayoría que Sánchez quiere legislar, para elegirlos por mayoría simple. Pero no es tan fácil, el Tribunal Constitucional en 1986, cuando era presidente el juez Francisco Tomás y Valiente determinó que el Consejo no podía estar subordinado a las otras instancias del Estado y que, por tanto, la mayoría cualificada de las tres quintas partes del Congreso era en este sentido necesaria.
Vale la pena recordar la controversia de la UE con Polonia porque el gobierno legisla en términos que la Comisión Europea considera que resta la independencia a los jueces. Pues bien, el gobierno español, que no tiene una buena calificación en Europa por sus intromisiones sobre la independencia de la justicia, caso de la fiscal general del Estado, puede encontrarse con problemas en la UE en el delicado momento de la aprobación definitiva de los Fondos. De entrada, Polonia ya ha hecho oír su voz señalando a España en el sentido de que o “todos moros o todos cristianos”. Con su afán de dominio Sánchez complica la llegada de los fondos, y de paso aproxima a España a un modelo de democracia iliberal. Todo un precedente. Esto cada vez más se asemeja en términos postmodernos y por tanto light, al 1934 socialista como preludio del 1936.
Para mostrar que carecen de límites morales, y por tanto políticos, la ministra Irene Montero ha anunciado una enmienda a la ley del aborto que, entre otros cambios, introduciría la supresión de la conformidad de los padres cuando una menor quiere abortar. También reiteraron sus ataques a la monarquía en una conferencia de prensa oficial junto con la ministra de Hacienda, si bien esta última defendió la monarquía constitucional. Mas atrás en el tiempo, pero no mucho, el gobierno lanzó un globo sonda para aumentar el IVA al 21% para las escuelas y la atención médica privada, lo que sería un duro golpe para la ya dañada enseñanza concertada y las mutuas y seguros privados de asistencia sanitaria.. Antes, han habido las iniciativas de una ley de memoria histórica en términos muy beligerantes, y otra ley de enseñanza que elude por completo el consenso.