¿Se ha de favorecer en España, las condiciones de vida de la familia y de toda actividad económica, con un sistema bancario de reserva total?
El sistema bancario de reserva total obliga a los bancos a responder del 100% de los créditos con sus fondos, algo que en España no esta legislado de este modo, sino que solo se responde con un 8%.
” Los beneficiados del actual “sistema de reserva parcial” han sido el 1% de la sociedad compuesta por las oligarquías financieras, mientras que el 99% restante de la sociedad ha asumido las pérdidas. Esta es la injusticia del sistema actual.” Raphael Nagel.
El legislador ha de aplicar el principio de “subsidiariedad, en virtud del cual el Estado ejecuta una labor orientada al Bien Común cuando advierte que los particulares no la realizan adecuadamente, sea por imposibilidad sea por cualquier otra razón. Al mismo tiempo, este principio pide al Estado que se abstenga de intervenir allí donde los grupos o asociaciones más pequeñas pueden bastarse por sí mismas en sus respectivos ámbitos.” Wikipedia
Siendo la familia en particular y la sociedad española en general la beneficiada a corto plazo y a largo plazo ya que implicitamente se garantizan las pensiones y más en una sociedad con una tasa en el relevo generacional de 1.3 hijos por mujer, muy lejos del 2.1 de 1980 y con el agravante de que la mayor parte de la deuda pública española esta en manos extranjeras.
Por otra parte “hoy en día el 80% del patrimonio financiero es propiedad del 1% de la sociedad. Esto significa que para garantizar la jubilación y los ahorros de la clase trabajadora y media es necesario que este 20% restante de créditos sea sostenible. Así, aseguraríamos los ahorros del 99% de la población.” Raphael Nagel.
“La banca trabaja con un máximo de un 8% de fondos propios, cuando a cualquier empresario que no llegue al 20% ni se le escucha en ningún foro. Este es el ejemplo de que el sistema financiero se ha desvinculado totalmente de la economía real y hay que cambiarlo.” Raphael Nagel.
Tampoco queremos volver a la ley catalana de 1321, en que los banqueros que no respondían a sus acreedores eran decapitados en la plaza pública.
Editorial