Cataluña no renovará el concierto a los colegios que separan por sexo a partir del próximo curso

El departamento de Educación de la Generalitat tiene listo ya el borrador del decreto de admisiones y escolarización que va a traer cola. Para empezar porque en el punto uno avisa de que no renovará el concierto a los colegios que separan por sexo. Literalmente, dice que «los centros integrados en el Servicio de Educación de Cataluña –públicos y concertados–, no pueden establecer diferencias en el acceso del alumnado por razón de género».

El concierto a las escuelas que separan a niños y niñas en las aulas se retirará progresivamente. En ningún caso afectará a las familias que ya tienen a sus hijos escolarizados. Esto quiere decir que si el decreto entra en vigor el próximo semestre, cuando toque renovar los conciertos, los centros que segregan por sexo no recibirán ayudas públicas.

Los conciertos en las etapas de infantil y primaria se renovaron en 2018 y tienen una vigencia de cuatro años. Pero los conciertos educativos de primaria vencen en 2020. Según fuentes de la conselleria de Educación, en enero se empezará a negociar su renovación. Por lo tanto, a partir del próximo curso, las escuelas que segregan por sexo podrían perder las ayudas públicas en esta etapa. Sin embargo, habrá matices que debatir. Educación dice que el proceso será progresivo y sólo afectará a las nuevas matriculaciones, la mayoría son en P3, que corresponde a la etapa de Infantil, cuyo concierto no se renegociará hasta 2022.

En Cataluña, hay 16 centros que ofrecen educación segregada de facto –12 sobre papel, porque escuelas como Mestral (niños) y Montclar (niñas), o Turó (niños) y Aura (niñas) se han unido a nivel administrativo–. Todos vinculados al Opus Dei.

El borrador del nuevo decreto de admisión, que aún debe superar la fase de audiencia pública, trae más novedades. Educación pasará a programar la oferta educativa de los centros concertados, además de los públicos. Hasta ahora, los colegios concertados tenían acordado un número de plazas. Y si no llenaban todas las líneas un curso, al siguiente podían volver a ofertarlas. Y así, hasta que se renovaba el convenio. Esto perjudicaba a las escuelas públicas con mucha demanda, porque no podían ampliar plazas. Cuando entre en vigor el nuevo derecho de admisión, será Educación quien otorgue el número de plazas a cada centro en función de la demanda del curso anterior.

Además, la distribución de los alumnos dejará de estar en manos de la demanda social. La conselleria de Educación refuerza su liderazgo y el de los ayuntamientos, que en cada municipio integrarán las mesas locales de planificación educativa. Estos órganos servirán para delimitar las áreas de escolarización, reservar plazas a alumnos con necesidades específicas derivadas de un proceso migratorio o de una situación de vulnerabilidad social y supervisar que se cumpla y que no haya fraude en los procesos de preinscripción.

Para garantizar una escolarización equilibrada se revisarán las áreas de escolarización a partir de un informe. Como sistema educativo no puede cambiar la segregación residencial, la idea es que las aulas reflejen la heterogeneidad del área donde viven los niños. Además, los centros no podrán tener un 10% más de alumnos con necesidades específicas de soporte educativo (NESE) que los de su alrededor. Estos alumnos son niños con alguna discapacidad o de entornos vulnerables. La concertada deberá participar para cumplir con esta proporción. Queda por ver quién pagará las cuotas que estos colegios cobran de manera «voluntaria», a través de fundaciones, extraescolares… Para poner orden, será obligatorio publicar y justificar las cuotas.

El siguiente paso será revisar las cuotas que se exigen en los colegios concertados. Educación está auditando el precio real de una plaza escolar. Una vez tengan el estudio, si se considera que un centro cobra una cuota abusiva, también se le podría retirar el concierto.