“La vida no se discute se defiende”
“Si el aborto es progreso, ¿Por qué os esforzáis por esconder lo que realmente es?”
Con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, la Cámara Alta convirte en ley la interrupción voluntaria del embarazo.
Argentina: 29-12-20 Masiva concentración en el Congreso de la Nación Argentina
Informábamos este jueves de que el ministro del Interior francés, Gerald Darmanin, había amenazado con sanciones a los católicos en relación a las concentraciones de protesta contra el cierre de las misas, amparándose en que la oración en la vía pública no está permitida.
El presidente del European Center for Law and Justice y autor del libro Mi deseo es la ley. Los derechos del hombre sin naturaleza, Gregor Puppinck, ha reaccionado a la decisión del estado francés de prohibir, no sólo el culto, sino también las protestas contra esta decisión .
Puppinck escribe en Valeurs Actuelles:
“Al gobierno no le gusta la oración pública. Lo ha demostrado una vez más al prohibir el domingo cualquier «manifestación a favor de la misa» en la que estuviera prevista una oración pública o una misa al exterior. A los organizadores de las manifestaciones no prohibidas, las prefecturas les han dado órdenes expresas y amenazantes de no rezar, de no arrodillarse, de no cantar himnos, e incluso, en Estrasburgo, de no «rezar en silencio». Evidentemente, todas estas órdenes son manifiestamente ilegales. Son ilegales porque son contrarias a las leyes de la República (en particular a la ley de 1905), a los derechos humanos (en particular a la libertad de expresión y de religión) y, por encima de tdo, a la ley de Dios (en particular al primer mandamiento del Decálogo).
Por respeto a la legalidad y a las libertades, es un deber resistir a órdenes tan absurdas como ilegales, porque obedecerlas significa aceptar darles fuerza de ley, significa colaborar con ellas. Por otra parte, no cumplir con estas órdenes injustas es dar testimonio de la justicia, preservarla, restaurarla. Es pues por respeto a la ley de los hombres y de Dios que en Estrasburgo no hemos respetado la inicua y estúpida orden de no rezar en silencio, no cantar himnos y de no arrodillarse. La policía, que se sabía en la ilegalidad, no nos ha castigado. El derecho ha sido así respetado.
POR JORDI SOLEY PARA FORUM LIBERTAS
La despenalización del aborto en Andorra ha estado presente en la 36ª sesión del examen periódico universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, llevada a cabo este jueves.
Así, en el marco de las intervenciones de varios estados, donde han formulado preguntas y recomendaciones en el Principado, Francia y otros países europeos han pedido que se avance en la legalización del aborto. Además, desde Países Bajos también se han referido a la situación de la presidenta de la entidad feminista Stop Violencias, Vanessa Mendoza Cortés, denunciada a fiscalía por parte del gobierno andorrano.
Al respecto, la ministra andorrana de Asuntos Exteriores, Maria Ubach, ha asegurado que el Ejecutivo no ha intentado intimidarla.
En la presentación del tercer informe de Andorra, que se ha hecho por vía telemática, Ubach ha centrado su intervención en los mecanismos adoptados por el gobierno del Principado en materia de protección de los derechos humanos de los grupos más vulnerables durante la pandemia del Covid-19.
También ha hablado de los avances en este ámbito en los últimos cuatro años, en particular con respecto al plan nacional de la infancia y la adolescencia; la creación del servicio de atención integral a la mujer y la integración de las personas con discapacidades tanto en el ámbito escolar como laboral.
¿Podría aprobarse el aborto en Andorra sin desestabilizar el país? Andorra cuenta con dos copríncipes, uno de los cuales es el obispo de Urgell, en este momento monseñor Enric Vives y tal y como analizaba ForumLibertas en un artículo, sería una situación profundamente compleja.
El EPU es un procedimiento de supervisión periódica de la situación de los derechos humanos de cada estado miembro de las Naciones Unidas, especialmente diseñado para someterlos a una evaluación transparente en materia de derechos humanos.
Tiene lugar por ciclos de cuatro años en el marco del Consejo de Derechos Humanos y consiste en la presentación de cada estado de las políticas implementadas en materia de derechos humanos.
POR FORUM LIBERTAS
Mural en la sede de la Organización Polaca para Niños con Síndrome de Down
El Tribunal Constitucional (TC) de Polonia ha emitido una sentencia en virtud de la cual las personas con discapacidad pueden sentirse, con toda propiedad, ciudadanos en igualdad de condiciones con el resto: ha declarado ilegal la práctica del aborto en el supuesto de que el no nacido presente alguna anomalía.
Según refiere el Wall Street Journal, el 97% de los abortos quirúrgicos que se efectuaron en 2019 en Polonia –1.074 de 1.100 casos– tuvieron como justificación la existencia de discapacidad fetal. Eliminada esta causa, quedan como supuestos de aborto la violación, el incesto o el riesgo para la vida de la madre.
Para el TC, la decisión se fundamenta en que la ley hasta ahora vigente “legalizaba prácticas eugenésicas en el campo del derecho a la vida del no nacido y hacía depender la protección de su derecho a la vida de su estado de salud, una forma de discriminación directamente prohibida”. La presidenta de la corte, Julia Przyłębska, señaló que todo ello implicaba negar a esos niños “el respeto y la protección de la dignidad humana”.
Para el presidente Andrzej Duda, “el aborto por razones eugenésicas no debe estar permitido”
La decisión del TC, inapelable, ha sido la meta de una petición ciudadana a favor de eliminar esa norma discriminatoria. La exigencia alcanzó las 830.000 firmas y fraguó en un proyecto de ley enviado a la Cámara Baja del Parlamento polaco, el cual está obligado a examinar las peticiones apoyadas por más de 100.000 personas. Además, casi 120 diputados del partido oficialista Ley y Justicia y otras formaciones menores solicitaron al TC que se pronunciara sobre si la ley del aborto de 1993, con esos sesgos perjudiciales a las personas con discapacidad, se ajustaba a derecho.
El resultado final ha concitado elogios y críticas. De una parte, el presidente Andrzej Duda dio la bienvenida al fallo, en el entendido de que “el aborto por razones eugenésicas no debe estar permitido”. También Mons. Stanisław Gądecki, arzobispo de Poznan y presidente de la Conferencia Episcopal, recordó que a los niños que quedan protegidos con esta decisión “se les debe rodear de una bondad y cuidado reales por parte del Estado, la sociedad y la Iglesia”.
De los que no están contentos con la sentencia, unos lo han hecho saber de modo bastante agresivo. El propio prelado ha denunciado las interrupciones, ataques, profanaciones y pintadas ofensivas que se registraron en las iglesias este fin de semana por parte de activistas proaborto. Desde el ámbito político, el exprimer ministro liberal Donald Tusk ha tildado el fallo del TC de “villanía política”. En su opinión, la sentencia en plena pandemia del que denominó “pseudotribunal” es “más que cinismo”, si bien no detalla en qué radica el nexo entre el azote del coronavirus y la decisión judicial.
Los niños polacos con discapacidad ganan la partida: abortarlos es ilegal
POR LUIS LUQUE PARA ACEPRENSA
Sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza / Crédito: Unsplash
23/10/2020
Este jueves, Estados Unidos fue el anfitrión de la ceremonia para la firma de la “Geneva Consensus Declaration” (Declaración de Ginebra: Consenso), un histórico documento que rechaza la afirmación de que el aborto es un derecho humano internacional.
“Hoy dejamos un marcador claro; las agencias de la ONU ya no pueden reinterpretar y malinterpretar el lenguaje acordado sin rendir cuentas”, dijo el Secretario de Servicios Humanos y de Salud (HHS) en Estados Unidos, Alex Azar, durante la ceremonia el 22 de octubre.
“Sin disculpas, afirmamos que los gobiernos tienen el derecho soberano de hacer sus propias leyes para proteger la vida de inocentes y redactar sus regulaciones sobre el aborto”, agregó Azar.
También dijo que “al firmar la declaración hoy, Estados Unidos tiene el honor de estar junto a Brasil, Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda, los copatrocinadores interregionales de la declaración”. Un total de 32 países firmaron la declaración, representando a más de 1.600 millones de personas.
Azar calificó la firma como el “punto culminante” de su tiempo al frente del departamento y señaló que los países que aún no han firmado el documento aún pueden hacerlo.
“La Declaración de Consenso de Ginebra es un documento histórico, que establece claramente nuestra posición como naciones sobre la salud de las mujeres, la familia, el honor a la vida y la defensa de la soberanía nacional”, dijo Azar, calificándola de “mucho más que una declaración de creencias”.
“Es una herramienta crítica y útil para defender estos principios en todos los organismos de las Naciones Unidas y en todos los entornos multilaterales, utilizando un lenguaje previamente acordado por los estados miembros de esos organismos”, explicó.
La declaración fue escrita parcialmente en respuesta a una “tendencia inquietante” en las Naciones Unidas, dijo.
“Cada vez con mayor frecuencia, algunas naciones ricas y agencias de la ONU en deuda con ellas afirman erróneamente que el aborto es un derecho humano universal”, agregó.
Azar dijo que estas políticas tienen el efecto de obligar a los países a implementar leyes de aborto “progresivas” o enfrentar la pérdida de financiamiento o prestigio internacional. Acusó a algunas naciones de tener un “enfoque miope en una agenda radical que es ofensiva para muchas culturas y hace descarrilar el acuerdo sobre las prioridades de salud de la mujer”.
La coalición de países firmantes “responsabilizará a las organizaciones multilaterales”, explicó, al denunciar a estas organizaciones por “promover posiciones que nunca podrán obtener consenso”.
“Declararemos inequívocamente que no existe el derecho internacional al aborto. Con orgullo, pondremos la salud de la mujer en primer lugar en cada etapa de la vida”, señaló.
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, también habló en la ceremonia y calificó la declaración como un “compromiso profundo y personal para proteger la dignidad humana” y “la culminación de mucho trabajo duro”.
Pompeo destacó la “defensa sin precedentes de los no nacidos en el extranjero” del Gobierno de Donald Trump y dijo que “Estados Unidos ha defendido la dignidad de la vida humana en todas partes y siempre” durante los últimos cuatro años.
“Es histórico estar aquí. Es la primera vez que se crea una coalición multilateral en torno al tema de la defensa de la vida”, dijo,
La Declaración del Consenso de Ginebra, dijo Pompeo, es un “compromiso de trabajar juntos en la ONU y en otros escenarios internacionales para lograr resultados tangibles”, algo que él “confía” que sucederá. Añadió que estaba “verdaderamente orgulloso” del trabajo que se estaba realizando.
Valerie Huber, Representante Especial para la Salud Global de la Mujer en el HHS de Estados Unidos, proporcionó los antecedentes de la declaración.
La declaración, explicó Huber, estaba destinada a firmarse en la culminación de la cumbre mundial de la salud de la mujer de la Asamblea Mundial de la Salud, que fue cancelada debido a la pandemia de COVID-19.
“Decidimos seguir adelante con la declaración ahora, porque acelerar los avances en salud para las mujeres no puede esperar”, dijo.
“Apoyar el valor intrínseco de la familia no puede esperar. La protección de la vida, nacida y no nacida, y la soberanía de las naciones para hacer sus propias leyes sobre este tema no puede esperar”, concluyó.
Traducido y adaptado por Diego López Marina. Publicado originalmente en CNA.
https://www.aciprensa.com/noticias/estados-unidos-y-31-paises-firman-declaracion-que-rechaza-el-derecho-humano-al-aborto-78518
POR ACIPRENSA
Este 26 de septiembre de 2018 se conmemoran los 75 años de un capítulo histórico. Ese día los obispos alemanes en representación de toda la Iglesia católica del país condenaron abiertamente el programa de eutanasia que el Gobierno nazi estaba desarrollando.
Desde todos los púlpitos alemanes, el clero católico denunció el asesinato de “inocentes e indefensos discapacitados mentales, enfermos incurables y fatalmente heridos, rehenes inocentes, y prisioneros de guerra desarmados y delincuentes, personas de ascendencia extranjera o descendencia”.
La realidad es que el Gobierno liderado por Adolf Hitler desarrolló en aquella época programas de eliminación y limpieza de la raza aria. Para ello, esos programas asesinaban o esterilizaban a las personas consideradas disminuidas psíquicas o indeseables, según los preceptos nazis.
La Alemania nazi fue el primer Estado del mundo en legalizar la eutanasia. Lo hizo en septiembre de 1939, cuando inició esos programas de eliminación. Esa práctica luego se convirtió en un recurso bélico para deshacerse de las personas consideradas como un lastre improductivo. Una política que afectó especialmente al pueblo judío, pero que, sin embargo, hizo muchas más víctimas por otras razones.
Uno de los programas más famosos que se encuadraban en esas políticas eutanásicas fue el Aktion T4. El programa Aktion T4 fue una primera aplicación de las teorías racistas en la Alemania nazi, pero a diferencia del exterminio racial éste se dedicaba exclusivamente a los propios alemanes.
El programa consistía en estimular la eutanasia e impedir los nacimientos; en definitiva, promover el exterminio de todos aquellos que presentaban deficiencias en su naturaleza: disminuidos, discapacitados, personas que no reflejaban el ideal de la perfección de la raza.
En los años treinta, que es cuando se aplicó este programa, en muchos lugares de Europa, y también en Estados Unidos, estaba de moda la eugenesia y, en su nombre, se hicieron verdaderas barbaridades en las sociedades que se presumían democráticas.
Solo el fin de la II Guerra Mundial y el descubrimiento de las atrocidades nazis, que llevaron hasta las últimas consecuencias este pensamiento, desautorizó una idea muy extendida y equiparada a la noción de progreso. Se trataba de evitar que se reprodujeran y que no nacieran personas imperfectas, como los ‘tontos’.
Los obispos alemanes, sin embargo, mucho antes del descubrimiento de las consecuencias extremas de esa ideología ya avisaron desde los púlpitos del problema, la desautorizaron y la condenaron.
POR FORUM LIBERTAS
El año1989 constituye un hito muy importante en la historia de la humanidad. Su símbolo es la caída del Muro de Berlín y es un año considerado por muchos historiadores como el fin del siglo XX. El historiador marxista británico, Eric Hobsbawn, suele referirse al siglo XX como “el siglo corto”. Argumenta que es un siglo que comenzó en 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, y terminó en 1989, con la caída del Muro de Berlín. Un siglo que, por tanto, sólo habría durado setenta y cinco años.
El politólogo estadounidense, Francis Fukuyama, bautizó 1989 con una expresión que ha hecho fortuna: “fin de la historia”. Él lo decía en sentido hegeliano de las palabras (plenitud de la historia). En su libro The end of History and the Last Man, publicado en 1992, escribe lo siguiente: “la caída del comunismo marxista-leninista como alternativa a la democracia liberal, producida a partir de 1989, indica el completo agotamiento de sistemas alternativos viables al liberalismo occidental; la democracia liberal occidental se puede definir en consecuencia como el punto final de la evolución ideológica de la humanidad”. Karl Marx estaba convencido de que con el comunismo, y no el liberalismo, llegaría “el fin de la historia”. Se equivocaba.
El año1989 señala el triunfo universal de Occidente con esta fórmula ganadora: democracia liberal más economía de mercado. A pesar de este triunfo de proporciones planetarias, a lo largo de los últimos treinta años, y muy especialmente a partir del año 2010, contrariamente a las expectativas, la victoria de Occidente se ha ido diluyendo y la democracia liberal ha ido disminuyendo.
Los datos que proporciona actualmente el prestigioso centro de investigaciones estadounidense Pew Research Center son demoledores. Más de la mitad de los ciudadanos en el mundo no están satisfechos con el funcionamiento de la democracia en su país. La frustración con la clase política y la inestabilidad económica son las causas principales que conducen a que el apoyo a los valores democráticos sean hoy tan débiles. La conclusión es que la democracia se encuentra hoy en decadencia en el mundo.
¿Cómo se explica este fenómeno inesperado? Un libro reciente, escrito por dos analistas de gran reputación, intenta explicarlo. Su título es The Light that Failed: A Reckoning. Ha sido traducido al castellano de esta manera: La luz que se apaga. Cómo Occidente gano la Guerra Fría pero perdíamos la paz (Debate, 2019). Sus autores son dos politólogos: el búlgaro Ivan Krastev y el profesor estadounidense de Harvard, Stephen Holmes.
Krastev y Holmes opinan que el fracaso inesperado se debe, en primer lugar, a la aparición de una serie de eventos también inesperados y de gran impacto a partir de 1989: Ataque del terrorismo islámico en Estados Unidos (2001), segunda guerra de Irak (2003), llegada de la Gran Recesión (2007) generadora de populismos (comparable a la Gran Depresión de 1929), guerra de Siria (2011), anexión de Crimea por Rusia más intervención rusa en el este de Ucrania (2014), crisis migratoria en Europa (2015/2016), referéndum del Brexit (2016), victoria de Donald Trump en Estados Unidos (2016), proliferación del nacionalpopulismo, gran reemergencia de China como potencia global a partir de su cambio de sistema económico del comunismo al capitalismo (1978), sin alterar su sistema político de carácter autoritario de partido único (el partido comunista) ni dar ninguna muestra de querer adoptar el modelo democrático de tipo occidental en el futuro, sino todo lo contrario: China se presenta como un modelo alternativo capitalista y autoritario al modelo occidental de carácter democrático y liberal.
Krastev y Holmes avisan de que los eventos, por más importantes que sean, no lo explican todo. Se deben buscar causas más profundas. Una de las diagnosticadas por estos analistas es el carácter excesivamente arrogante del principio triunfante en 1989: “no hay otro camino de futuro ni más alternativa viable que la conjunción necesaria de democracia liberal y economía de mercado“.
Los países del Centro y del Este de Europa fueron los primeros en rebelarse contra la arrogancia de aquel planteamiento, abriendo paso a un nacionalpopulismo de carácter iliberal que se ha ido expandiendo a muchos otros lugares del mundo. Hacia el año 2010, la fórmula “democracia más economía de mercado” se veía atacada en los países centro y este europeos, después de dos décadas de corrupción y de aumento de las desigualdades sociales. Tres fenómenos adicionales acabaron empujando con fuerza el nuevo populismo en aquellos países: las consecuencias devastadoras de la Gran Recesión de 2007, el resentimiento popular generalizado por el menosprecio de ciertas élites internacionales hacia las dignidades nacionales de la región y, sobre todo, el factor demográfico. En el mismo momento que no se materializó como por arte de magia una rápida y tan deseada occidentalización de la región, comenzó a tomar fuerza una alternativa: emigrar con toda la familia hacia Occidente. Tras el colapso del comunismo, las personas que tenían una mentalidad más liberal optaron por marchar. La emigración se hizo irresistible. La salida masiva de personas, sobre todo de gente joven y con formación, tendría unas profundas consecuencias, económicas, políticas y sociológicas en toda la región, que se encuentran precisamente en las raíces de un nuevo nacionalpopulismo.
Los problemas de la emigración y de la pérdida de población coincidieron los años 2015 y 2016 con la crisis de los refugiados en Europa. Los cuatro países que forman el llamado Grupo de Visegrad – Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia – declararon enseguida que el sistema de cuotas propuesto por la UE era “inaceptable”. No admitían el discurso humanitario de Ángela Merkel, que permitió la entrada de más de un millón de refugiados en Alemania. Aquel fue el momento en que los nuevos populismos centroeuropeos declararon su autonomía no sólo de Bruselas, sino del liberalismo occidental y de su determinación aperturista en el mundo. Los populismos centroeuropeos interpretaron la crisis de los refugiados como la prueba definitiva de que el liberalismo debilitaba la capacidad de las naciones para defenderse ante un mundo hostil. La profunda reacción en contra de la crisis de los refugiados tuvo lugar en toda la región, a pesar de que muy pocos refugiados se acabaron trasladando e instalando.
El pánico demográfico desatado entre 2015 y 2018 fue especialmente virulento en Hungría, un país de diez millones de habitantes situado en el corazón de Europa. El pánico se explica por la combinación de estos factores: envejecimiento de la población, bajas tasas de natalidad, flujo amenazador de inmigración y altas tasas de natalidad de los inmigrantes. Hungría, un país que perdió dos tercios de su territorio nacional por el Tratado de Trianon, firmado tras la Primera Guerra Mundial, está preocupado por su posible colapso demográfico y por su futuro como nación, y no es el único caso de la región. Hungría experimenta un profundo temor a su extinción nacional.
Los líderes políticos actuales de Polonia y Hungría, Kaczynski y Orban, piensan que la UE no entiende sus miedos y afirman que, en contra de lo que creen muchos en Bruselas, ellos son los verdaderos europeístas, y que son más europeístas que nadie. Consideran que Europa central es el último bastión de un continente amenazado demográficamente e ideológicamente. Una amenaza de la que Bruselas, según ellos, no es consciente. El antiliberalismo de Orban se alimenta, sobre todo, del resentimiento nacionalista contra una UE posnacional. El de Kaczynski tiende a comparar la UE y sus recomendaciones con la antigua dominación de Polonia por parte de la difunta URSS y se muestra muy activo contra la degradación de las costumbres basados en la gran tradición católica polaca.
El caso de Polonia indica que no se puede culpar a la economía de su populismo. En Polonia le ha ido muy bien económicamente desde su adhesión a la UE (2004) y la Gran Recesión de 2007 ha tenido un efecto menor sobre su economía. El protagonismo en Polonia no corresponde a la economía sino a la ideología.
En Hungría el chivo expiatorio es Georges Soros, un húngaro de origen judío y nacionalidad norteamericana, multimillonario y filántropo, abierto a muchos puntos de vista, que ha sido presentado por el partido de Viktor Orban como un individuo que pretende destruir la identidad de Hungría con la entrada de inmigrantes de Oriente Medio, principalmente de Siria. Soros ha tenido que desmontar parte de una universidad privada creada por él en su país de origen, ha sido insultado en los medios públicos húngaros y no es persona grata al Gobierno de Budapest.
Pasa lo mismo en Polonia con el caso de Smolensk, la trágica muerte en accidente aéreo del presidente Lech Aleksander Kaczynski (hermano gemelo de Jaroslavw Kaczynski, líder actual del partido dominante de la escena política polaca) y de algunos de sus ministros cuando en abril de 2010 iban a conmemorar el asesinato de miles de oficiales polacos por orden de Stalin al principio de la Segunda Guerra Mundial, masacre producida en la localidad de Katyn, cerca de la ciudad rusa de Smolensk. El “régimen” del partido dominante PIS (Partido Derecho y Justicia) ha conseguido que el accidente aéreo de Smolensk deba ser considerado como una conspiración contra Polonia, y todo patriota polaco debe entenderlo así. Igualmente procede con muchos aspectos derivados de su ideología nacionalpopulista y ultraconservadora, Por ejemplo quiere restablecer la pena capital, pone en peligro la independencia del poder judicial y la libertad de prensa, se opone a la eutanasia, los matrimonios homosexuales y la legalización de la droga.
La Comisión Europea ha abierto un procedimiento por posible incumplimiento de normas comunitarias, que conllevaría una suspensión de transferencias provenientes de los fondos estructurales de la UE. Es un procedimiento contemplado en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que prevé sanciones a los Estados miembros si se constata un riesgo claro de violación grave de los valores sobre los que se fundamenta la UE: respeto de la dignidad humana, derechos humanos, democracia, libertades fundamentales, igualdad y estado de derecho (artículo 2 del Tratado de la Unión Europea). El Partido Popular Europeo (PPE) consideró varias veces la expulsión del partido Fidestz, sin que se haya acabado produciendo. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Úrsula von der Leyen, desde su nombramiento por el Parlamento Europeo en julio de 2019, siempre se ha mostrado más bien partidaria de construir puentes hacia el Este y de evitar un choque frontal entre Bruselas y los regímenes políticos vigentes en Polonia y Hungría.
POR FORUM LIBERTAS
En la entrega anterior (primera parte), realizamos algunas reflexiones de orden filosófico y teológico-moral, acerca de la justificación de medidas drásticas contra el régimen de Nicolás Maduro. En esta ocasión -tal como habíamos anunciado- procedemos a exponer algunas consideraciones que, en ese mismo sentido, encuentran asidero en los órdenes constitucional y político-internacional; ello, en los siguientes términos.
En la cumbre mundial de 2005, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que instituye la Responsabilidad de Proteger (R2P, por sus siglas en inglés) como un deber moral de la comunidad internacional. Este deber moral, inspirado en la doctrina de la guerra justa (Bellum Iustum), implica que la comunidad internacional debe actuar en defensa de las poblaciones, que estuvieren siendo sometidas a delitos de la humanidad, cuando sus respectivos estados no pudieren protegerlas.
La R2P ha sido concebida como un deber compartido entre la comunidad internacional y cada estado en concreto. Se trata de una auténtica corresponsabilidad entre las esferas nacional e internacional del poder político; esferas éstas que, en apego al Principio de Subsidiariedad, han de ir respondiendo y accionando contra el agresor, de una manera ordenada.
Primero, debe actuar el estado cuya población se encuentra amenazada o afectada; en segundo término, en caso de que tal estado se vea rebasado en sus capacidades, se activa la responsabilidad de la comunidad internacional; la cual debe entrar en acción, colaborando con el estado de que se trate; y en tercer término, cuando resulte evidente que tal estado carece de toda capacidad o disposición alguna en este sentido; la R2P pasa a recaer completamente sobre la comunidad internacional, la cual ya podrá y deberá actuar en solitario; incluso contra las fuerzas del estado que estuviere agrediendo a su propia población.
Con esta resolución de la ONU -y pese a que la figura no ha alcanzado aún la naturaleza bilateral, es decir, la de una norma jurídica que, además de prever una obligación, contemple un correlativo derecho a exigir su cumplimiento- la R2P ha dado un gran salto evolutivo en beneficio de la humanidad; pues ha pasado de ser un deber moral meramente basado en la especulación filosófica y teológica, para convertirse en una institución internacional formalmente reconocida.
De tal manera, desde el punto de vista jurídico-internacional, si bien los venezolanos no tenemos un derecho que esgrimir ante el concierto de las naciones, para exigir su intervención de fuerza contra el régimen de Nicolás Maduro; ello no implica que la comunidad internacional no esté obligada a ello, pues el deber de actuar en ese sentido (R2P) se encuentra en pleno vigor.
En este orden de ideas, siendo que en Venezuela coexisten dos gobiernos: uno ilegítimo y genocida (el de Maduro); y otro legítimo, pero sin capacidad alguna para proteger a la población (el de Juan Guaidó); y siendo que el primero de éstos -en toda forma y manera- se ha burlado de los distintos intentos y mecanismos para procurar una salida pacífica y electoral; la R2P -como mal menor- pasa a representar, probablemente, la mayor expectativa de acción eficaz, en defensa de la dignidad humana en Venezuela: una nación que se encuentra a merced de un régimen comprobadamente narcotraficante, terrorista, genocida y violador sistemático de todo derecho humano.
Ya en el orden interno, es de destacar que la Constitución venezolana aporta suficiente base normativa, para que las legítimas autoridades de la República soliciten a la comunidad internacional, el cumplimiento de su deber subsidiario de proteger a la población venezolana. El Presidente Guaidó, en su carácter de Jefe del Estado (Artículo 226), garante de la Constitución (Artículo 236, num. 1), Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional (Artículo 236, num. 5) y director de las relaciones exteriores de la República (Artículo 236, num., 4); debe solicitar autorización a la Asamblea Nacional, para -en pro de la liberación del pueblo venezolano- proceder a solicitar ayuda internacional, materializada en una misión militar en territorio venezolano, con capacidad de fuerza para deponer al régimen genocida. Y, por su parte, la Asamblea Nacional, sin mayor dilación y representando la soberanía nacional (Artículo 5); debe proceder a acordar la respectiva autorización (Artículo 187, num. 11).
La culpa no es sólo del homicida ni del genocida; lo es también de quién, pudiendo hacer algo por evitar tales crímenes, no actúa en consecuencia. Se trata de una falta moral, y también de un delito conocido como “omisión en el socorro“. Quien, estando en capacidad, no socorre o no solicita ayuda para quien está al borde de la muerte, es también culpable en hipótesis de omisión.
Obviamente, el primer responsable es el régimen genocida (actor intelectual y material); pero también hay culpas concurrentes, a saber:
1. La de un sector del electorado venezolano que -ya demostrado el talante genocida del régimen- siguió entronizando al chavismo en el poder (culpa in eligendo).
2. La de la Fuerza Armada Nacional, que al día de hoy es el único factor interno que sostiene al régimen en el poder (grave incumplimiento del deber, y complicidad necesaria).
3. La de las autoridades legítimas (Gobierno Interino y Asamblea Nacional), por su tardanza en dar tan indispensable paso detener este genocidio (negligencia constitucional).
4. La de la comunidad internacional, que no debería esperar al llamado de socorro, pues el genocidio es un crimen de lesa humanidad y, por tanto, su persecución no depende de la voluntad de la víctima.
En los términos expuestos (partes I y II de este artículo); se encuentran algunos de los más importantes fundamentos racionales, morales, jurídico-constitucionales y de orden internacional, para impulsar una acción de fuerza que detenga el genocidio contra la nación venezolana. Nos quedan pocos meses antes de que la Asamblea Nacional termine de ser disuelta mediante un fraudulento proceso electoral ya anunciado. El tiempo transcurre, y cada día son miles y miles los seres humanos que van muriendo o huyendo de Venezuela.
“Ti-tac” es una onomatopeya que se ha puesto de moda, al hablar del caso Venezuela. Suele ser utilizada por quienes envían un mensaje a Maduro, indicando que se acerca su caída, su búsqueda y su captura. Pero antes de ello, y para que tal cadena de sucesos sea posible; las autoridades legítimamente constituidas de Venezuela, deben hacer que esté a su alcance para viabilizarlo.
A día de hoy, ese tictac también comienza a oírse para el Gobierno Interino y para la Asamblea Nacional que, en respeto a la Constitución, deben tramitar las acciones para el uso de la fuerza en pro de la liberación de Venezuela, de manos de la ocupación cubana, así como de agentes de la narcoguerrilla colombiana y del extremismo islámico. Ello no significará que la intervención deba ocurrir porque sí, ni mucho menos que sea de manera inmediata. Seguirá tratándose de una posibilidad futura e incierta; pero que ahora pasaría a contar con el andamiaje jurídico interno e internacional, para facilitar su eventual activación. En pocas palabras: Guaidó y la Asamblea Nacional colgarían una espada de Damocles sobre la silla de Maduro.
Ciudadanos, Presidente de la República y diputados de la Asamblea Nacional, escuchen el reloj de la historia: TICTAC.
POR JONATHAN A. GARCÍA NIEVES PARA FORUM LIBERTAS
Un grupo de intelectuales norteamericanos –o vinculados a Estados Unidos por su actividad– ha publicado un manifiesto para criticar el clima de censura ideológica que sufren quienes se oponen al pensamiento dominante en determinados temas polémicos.
Se suceden los pronunciamientos en defensa de la libertad de expresión y contra la denominada “cultura de la cancelación”, término con el que algunos intelectuales anglosajones se refieren al ambiente de censura sobre los puntos de vista políticamente incorrectos que se está produciendo en determinados ámbitos, especialmente la universidad. Hace un mes 154 pensadores, mayoritariamente progresistas, dieron la voz de alarma en una carta abierta (ver Aceprensa, 8-07-2020) que criticaba los comportamientos intolerantes de cierta izquierda identitaria. Ahora han sido otros 46 intelectuales quienes han suscrito la Declaración de Filadelfia, en la que defienden el libre intercambio de ideas como principal medio para alcanzar una sociedad justa y plural. Entre ellos se cuentan algunos de perfil conservador, como Robert P. George, Mary Eberstadt (ver Aceprensa, 4-09-2013) o Christina Hoff Sommers (ver Aceprensa, 18-02-2009) pero también otros de ideas liberales -incluso libertarias-, o la activista somalí Ayaan Hirsi Ali, autodeclarada feminista y atea, además de líderes religiosos de distintas confesiones.
Volver al espíritu constitucional
La elección de Filadelfia para dar nombre al texto no es casual. Allí se produjo, en 1787, la reunión de la que saldría la Constitución norteamericana. Los firmantes de la actual declaración consideran que en el momento presente se ha vuelto necesario reivindicar la idea fundacional de libertad de expresión, que entienden como uno de los baluartes de la Carta Magna (aunque, en rigor, hay que decir que este derecho solo fue explícitamente protegido con la adición de la primera enmienda, unos años después).
La Declaración de Filadelfia subraya la necesidad de mantener “una cultura pública en que la libertad y el civismo coexistan”
POR FERNANDO RODRÍGUEZ-BORLADO PARA ACEPRENSA