Desde todos los púlpitos alemanes, el clero católico denunció el asesinato de “inocentes e indefensos discapacitados mentales”

Este 26 de septiembre de 2018 se conmemoran los 75 años de un capítulo histórico. Ese día los obispos alemanes en representación de toda la Iglesia católica del país condenaron abiertamente el programa de eutanasia que el Gobierno nazi estaba desarrollando.

Desde todos los púlpitos alemanes, el clero católico denunció el asesinato de “inocentes e indefensos discapacitados mentales, enfermos incurables y fatalmente heridos, rehenes inocentes, y prisioneros de guerra desarmados y delincuentes, personas de ascendencia extranjera o descendencia”.

La realidad es que el Gobierno liderado por Adolf Hitler desarrolló en aquella época programas de eliminación y limpieza de la raza aria. Para ello, esos programas asesinaban o esterilizaban a las personas consideradas disminuidas psíquicas o indeseables, según los preceptos nazis.

El primer estado en legalizar la eutanasia

La Alemania nazi fue el primer Estado del mundo en legalizar la eutanasia. Lo hizo en septiembre de 1939, cuando inició esos programas de eliminación. Esa práctica luego se convirtió en un recurso bélico para deshacerse de las personas consideradas como un lastre improductivo. Una política que afectó especialmente al pueblo judío, pero que, sin embargo, hizo muchas más víctimas por otras razones.

Uno de los programas más famosos que se encuadraban en esas políticas eutanásicas fue el Aktion T4. El programa Aktion T4 fue una primera aplicación de las teorías racistas en la Alemania nazi, pero a diferencia del exterminio racial éste se dedicaba exclusivamente a los propios alemanes.

El programa consistía en estimular la eutanasia e impedir los nacimientos; en definitiva, promover el exterminio de todos aquellos que presentaban deficiencias en su naturaleza: disminuidos, discapacitados, personas que no reflejaban el ideal de la perfección de la raza.

En los años treinta, que es cuando se aplicó este programa, en muchos lugares de Europa, y también en Estados Unidos, estaba de moda la eugenesia y, en su nombre, se hicieron verdaderas barbaridades en las sociedades que se presumían democráticas.

Solo el fin de la II Guerra Mundial y el descubrimiento de las atrocidades nazis, que llevaron hasta las últimas consecuencias este pensamiento, desautorizó una idea muy extendida y equiparada a la noción de progreso. Se trataba de evitar que se reprodujeran y que no nacieran personas imperfectas, como los ‘tontos’.

Los obispos alemanes, sin embargo, mucho antes del descubrimiento de las consecuencias extremas de esa ideología ya avisaron desde los púlpitos del problema, la desautorizaron y la condenaron.

POR FORUM LIBERTAS

Los populismos centroeuropeos interpretaron la crisis de los refugiados como la prueba definitiva de que el liberalismo debilitaba la capacidad de las naciones para defenderse ante un mundo hostil

El año1989 constituye un hito muy importante en la historia de la humanidad. Su símbolo es la caída del Muro de Berlín y es un año considerado por muchos historiadores como el fin del siglo XX. El historiador marxista británico, Eric Hobsbawn, suele referirse al siglo XX como “el siglo corto”. Argumenta que es un siglo que comenzó en 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, y terminó en 1989, con la caída del Muro de Berlín. Un siglo que, por tanto, sólo habría durado setenta y cinco años.

El politólogo estadounidense, Francis Fukuyama, bautizó 1989 con una expresión que ha hecho fortuna: “fin de la historia”. Él lo decía en sentido hegeliano de las palabras (plenitud de la historia). En su libro The end of History and the Last Man, publicado en 1992, escribe lo siguiente: “la caída del comunismo marxista-leninista como alternativa a la democracia liberal, producida a partir de 1989, indica el completo agotamiento de sistemas alternativos viables al liberalismo occidental; la democracia liberal occidental se puede definir en consecuencia como el punto final de la evolución ideológica de la humanidad”. Karl Marx estaba convencido de que con el comunismo, y no el liberalismo, llegaría “el fin de la historia”. Se equivocaba.

El año1989 señala el triunfo universal de Occidente con esta fórmula ganadora: democracia liberal más economía de mercado. A pesar de este triunfo de proporciones planetarias, a lo largo de los últimos treinta años, y muy especialmente a partir del año 2010, contrariamente a las expectativas, la victoria de Occidente se ha ido diluyendo y la democracia liberal ha ido disminuyendo.

Los datos que proporciona actualmente el prestigioso centro de investigaciones estadounidense Pew Research Center son demoledores. Más de la mitad de los ciudadanos en el mundo no están satisfechos con el funcionamiento de la democracia en su país. La frustración con la clase política y la inestabilidad económica son las causas principales que conducen a que el apoyo a los valores democráticos sean hoy tan débiles. La conclusión es que la democracia se encuentra hoy en decadencia en el mundo.

¿Cómo se explica este fenómeno inesperado? Un libro reciente, escrito por dos analistas de gran reputación, intenta explicarlo. Su título es The Light that Failed: A Reckoning. Ha sido traducido al castellano de esta manera: La luz que se apaga. Cómo Occidente gano la Guerra Fría pero perdíamos la paz (Debate, 2019). Sus autores son dos politólogos: el búlgaro Ivan Krastev y el profesor estadounidense de Harvard, Stephen Holmes.

Krastev y Holmes opinan que el fracaso inesperado se debe, en primer lugar, a la aparición de una serie de eventos también inesperados y de gran impacto a partir de 1989: Ataque del terrorismo islámico en Estados Unidos (2001), segunda guerra de Irak (2003), llegada de la Gran Recesión (2007) generadora de populismos (comparable a la Gran Depresión de 1929), guerra de Siria (2011), anexión de Crimea por Rusia más intervención rusa en el este de Ucrania (2014), crisis migratoria en Europa (2015/2016), referéndum del Brexit (2016), victoria de Donald Trump en Estados Unidos (2016), proliferación del nacionalpopulismo, gran reemergencia de China como potencia global a partir de su cambio de sistema económico del comunismo al capitalismo (1978), sin alterar su sistema político de carácter autoritario de partido único (el partido comunista) ni dar ninguna muestra de querer adoptar el modelo democrático de tipo occidental en el futuro, sino todo lo contrario: China se presenta como un modelo alternativo capitalista y autoritario al modelo occidental de carácter democrático y liberal.

Como consecuencia de todos estos eventos, se habría desencadenado a escala global una anarquía iliberal y antidemocrática  que estamos sufriendo en nuestros días.

Krastev y Holmes avisan de que los eventos, por más importantes que sean, no lo explican todo. Se deben buscar causas más profundas. Una de las diagnosticadas por estos analistas es el carácter excesivamente arrogante del principio triunfante en 1989: “no hay otro camino de futuro ni más alternativa viable que la conjunción necesaria de democracia liberal y economía de mercado“.

Fukuyama había previsto “un proceso de imitación inexorable y aburrido” del modelo occidental en todo el mundo, pero la historia es tozuda y no ha sido así.

Los países del Centro y del Este de Europa fueron los primeros en rebelarse contra la arrogancia de aquel planteamiento, abriendo paso a un nacionalpopulismo de carácter iliberal que se ha ido expandiendo a muchos otros lugares del mundo. Hacia el año 2010, la fórmula “democracia más economía de mercado” se veía atacada en los países centro y este europeos, después de dos décadas de corrupción y de aumento de las desigualdades sociales. Tres fenómenos adicionales acabaron empujando con fuerza el nuevo populismo en aquellos países: las consecuencias devastadoras de la Gran Recesión de 2007, el resentimiento popular generalizado por el menosprecio de ciertas élites internacionales hacia las dignidades nacionales de la región y, sobre todo, el factor demográfico. En el mismo momento que no se materializó como por arte de magia una rápida y tan deseada occidentalización de la región, comenzó a tomar fuerza una alternativa: emigrar con toda la familia hacia Occidente. Tras el colapso del comunismo, las personas que tenían una mentalidad más liberal optaron por marchar. La emigración se hizo irresistible. La salida masiva de personas, sobre todo de gente joven y con formación, tendría unas profundas consecuencias, económicas, políticas y sociológicas en toda la región, que se encuentran precisamente en las raíces de un nuevo nacionalpopulismo.

Los problemas de la emigración y de la pérdida de población coincidieron los años 2015 y 2016 con la crisis de los refugiados en Europa. Los cuatro países que forman el llamado Grupo de Visegrad – Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia – declararon enseguida que el sistema de cuotas propuesto por la UE era “inaceptable”. No admitían el discurso humanitario de Ángela Merkel, que permitió la entrada de más de un millón de refugiados en Alemania. Aquel fue el momento en que los nuevos populismos centroeuropeos declararon su autonomía no sólo de Bruselas, sino del liberalismo occidental y de su determinación aperturista en el mundo. Los populismos centroeuropeos interpretaron la crisis de los refugiados como la prueba definitiva de que el liberalismo debilitaba la capacidad de las naciones para defenderse ante un mundo hostil. La profunda reacción en contra de la crisis de los refugiados tuvo lugar en toda la región, a pesar de que muy pocos refugiados se acabaron trasladando e instalando.

El pánico demográfico desatado entre 2015 y 2018 fue especialmente virulento en Hungría, un país de diez millones de habitantes situado en el corazón de Europa. El pánico se explica por la combinación de estos factores: envejecimiento de la población, bajas tasas de natalidad, flujo amenazador de inmigración y altas tasas de natalidad de los inmigrantes. Hungría, un país que perdió dos tercios de su territorio nacional por el Tratado de Trianon, firmado tras la Primera Guerra Mundial, está preocupado por su posible colapso demográfico y por su futuro como nación, y no es el único caso de la región. Hungría experimenta un profundo temor a su extinción nacional.

Los líderes políticos actuales de Polonia y Hungría, Kaczynski y Orban, piensan que la UE no entiende sus miedos y afirman que, en contra de lo que creen muchos en Bruselas, ellos son los verdaderos europeístas, y que son más europeístas que nadie. Consideran que Europa central es el último bastión de un continente amenazado demográficamente e ideológicamente. Una amenaza de la que Bruselas, según ellos, no es consciente. El antiliberalismo de Orban se alimenta, sobre todo, del resentimiento nacionalista contra una UE posnacional. El de Kaczynski tiende a comparar la UE y sus recomendaciones con la antigua dominación de Polonia por parte de la difunta URSS y se muestra muy activo contra la degradación de las costumbres basados en la gran tradición católica polaca.

El caso de Polonia indica que no se puede culpar a la economía de su populismo.  En Polonia le ha ido muy bien económicamente desde su adhesión a la UE (2004) y la Gran Recesión de 2007 ha tenido un efecto menor sobre su economía. El protagonismo en Polonia no corresponde a la economía sino a la ideología.

El distanciamiento de Hungría y Polonia de la UE obedece menos al incumplimiento de los pactos centrales de la UE que a posiciones nacionalistas relacionadas con el orgullo patriótico, religioso e identitario. 

En Hungría el chivo expiatorio es Georges Soros, un húngaro de origen judío y nacionalidad norteamericana, multimillonario y filántropo, abierto a muchos puntos de vista, que ha sido presentado por el partido de Viktor Orban como un individuo que pretende destruir la identidad de Hungría con la entrada de inmigrantes de Oriente Medio, principalmente de Siria. Soros ha tenido que desmontar parte de una universidad privada creada por él en su país de origen, ha sido insultado en los medios públicos húngaros y no es persona grata al Gobierno de Budapest.

Pasa lo mismo en Polonia con el caso de Smolensk, la trágica muerte en accidente aéreo del presidente Lech Aleksander Kaczynski (hermano gemelo de Jaroslavw Kaczynski, líder actual del partido dominante de la escena política polaca) y de algunos de sus ministros cuando en abril de 2010 iban a conmemorar el asesinato de miles de oficiales polacos por orden de Stalin al principio de la Segunda Guerra Mundial, masacre producida en la localidad de Katyn, cerca de la ciudad rusa de Smolensk. El “régimen” del partido dominante PIS (Partido Derecho y Justicia) ha conseguido que el accidente aéreo de Smolensk deba ser considerado como una conspiración contra Polonia, y todo patriota polaco debe entenderlo así. Igualmente procede con muchos aspectos derivados de su ideología nacionalpopulista y ultraconservadora, Por ejemplo quiere restablecer la pena capital, pone en peligro la independencia del poder judicial y la libertad de prensa, se opone a la eutanasia, los matrimonios homosexuales y la legalización de la droga.

Las instituciones europeas han reaccionado hasta ahora con contención contra el populismo iliberal y autoritario de los líderes políticos Kaczynski y Orban y de sus partidos respectivos, el PIS (Derecho y Justicia) y el Fidestz (Unión Cívica Húngara).

La Comisión Europea ha abierto un procedimiento por posible incumplimiento de normas comunitarias, que conllevaría una suspensión de transferencias provenientes de los fondos estructurales de la UE. Es un procedimiento contemplado en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que prevé sanciones a los Estados miembros si se constata un riesgo claro de violación grave de los valores sobre los que se fundamenta la UE: respeto de la dignidad humana, derechos humanos, democracia, libertades fundamentales, igualdad y estado de derecho (artículo 2 del Tratado de la Unión Europea). El Partido Popular Europeo (PPE) consideró varias veces la expulsión del partido Fidestz, sin que se haya acabado produciendo. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Úrsula von der Leyen, desde su nombramiento por el Parlamento Europeo en julio de 2019, siempre se ha mostrado más bien partidaria de construir puentes hacia el Este y de evitar un choque frontal entre Bruselas y los regímenes políticos vigentes en Polonia y Hungría.

POR FORUM LIBERTAS

La Responsabilidad de Proteger (R2P) -como mal menor- pasa a representar, probablemente, la mayor expectativa de acción eficaz, en defensa de la dignidad humana en Venezuela

En la entrega anterior (primera parte), realizamos algunas reflexiones de orden filosófico y teológico-moral, acerca de la justificación de medidas drásticas contra el régimen de Nicolás Maduro. En esta ocasión -tal como habíamos anunciado- procedemos a exponer algunas consideraciones que, en ese mismo sentido, encuentran asidero en los órdenes constitucional y político-internacional; ello, en los siguientes términos.

En la cumbre mundial de 2005, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que instituye la Responsabilidad de Proteger (R2P, por sus siglas en inglés) como un deber moral de la comunidad internacional. Este deber moral, inspirado en la doctrina de la guerra justa (Bellum Iustum), implica que la comunidad internacional debe actuar en defensa de las poblaciones, que estuvieren siendo sometidas a delitos de la humanidad, cuando sus respectivos estados no pudieren protegerlas.

La R2P ha sido concebida como un deber compartido entre la comunidad internacional y cada estado en concreto. Se trata de una auténtica corresponsabilidad entre las esferas nacional e internacional del poder político; esferas éstas que, en apego al Principio de Subsidiariedad, han de ir respondiendo y accionando contra el agresor, de una manera ordenada.

Primero, debe actuar el estado cuya población se encuentra amenazada o afectada; en segundo término, en caso de que tal estado se vea rebasado en sus capacidades, se activa la responsabilidad de la comunidad internacional; la cual debe entrar en acción, colaborando con el estado de que se trate; y en tercer término, cuando resulte evidente que tal estado carece de toda capacidad o disposición alguna en este sentido; la R2P pasa a recaer completamente sobre la comunidad internacional, la cual ya podrá y deberá actuar en solitario; incluso contra las fuerzas del estado que estuviere agrediendo a su propia población.

Con esta resolución de la ONU -y pese a que la figura no ha alcanzado aún la naturaleza bilateral, es decir, la de una norma jurídica que, además de prever una obligación, contemple un correlativo derecho a exigir su cumplimiento- la R2P ha dado un gran salto evolutivo en beneficio de la humanidad; pues ha pasado de ser un deber moral meramente basado en la especulación filosófica y teológica, para convertirse en una institución internacional formalmente reconocida.

De tal manera, desde el punto de vista jurídico-internacional, si bien los venezolanos no tenemos un derecho que esgrimir ante el concierto de las naciones, para exigir su intervención de fuerza contra el régimen de Nicolás Maduro; ello no implica que la comunidad internacional no esté obligada a ello, pues el deber de actuar en ese sentido (R2P) se encuentra en pleno vigor.

En este orden de ideas, siendo que en Venezuela coexisten dos gobiernos: uno ilegítimo y genocida (el de Maduro); y otro legítimo, pero sin capacidad alguna para proteger a la población (el de Juan Guaidó); y siendo que el primero de éstos -en toda forma y manera- se ha burlado de los distintos intentos y mecanismos para procurar una salida pacífica y electoral; la R2P -como mal menor- pasa a representar, probablemente, la mayor expectativa de acción eficaz, en defensa de la dignidad humana en Venezuela: una nación que se encuentra a merced de un régimen comprobadamente narcotraficante, terrorista, genocida y violador sistemático de todo derecho humano.

Ya en el orden interno, es de destacar que la Constitución venezolana aporta suficiente base normativa, para que las legítimas autoridades de la República soliciten a la comunidad internacional, el cumplimiento de su deber subsidiario de proteger a la población venezolana. El Presidente Guaidó, en su carácter de Jefe del Estado (Artículo 226), garante de la Constitución (Artículo 236, num. 1), Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional (Artículo 236, num. 5)  y director de las relaciones exteriores de la República (Artículo 236, num., 4); debe solicitar autorización a la Asamblea Nacional, para -en pro de la liberación del pueblo venezolano- proceder a solicitar ayuda internacional, materializada en una misión militar en territorio venezolano, con capacidad de fuerza para deponer al régimen genocida. Y, por su parte, la Asamblea Nacional, sin mayor dilación y representando la soberanía nacional (Artículo 5); debe proceder a acordar la respectiva autorización (Artículo 187, num. 11).

La culpa no es sólo del homicida ni del genocida; lo es también de quién, pudiendo hacer algo por evitar tales crímenes, no actúa en consecuencia. Se trata de una falta moral, y también de un delito conocido como “omisión en el socorro“. Quien, estando en capacidad, no socorre o no solicita ayuda para quien está al borde de la muerte, es también culpable en hipótesis de omisión.

En el indignante genocidio venezolano, hay distintos grados de responsabilidad, y tantos culpables como en la famosa novela de Gabriel García Márquez (“Crónica de una Muerte Anunciada“).

Obviamente, el primer responsable es el régimen genocida (actor intelectual y material); pero también hay culpas concurrentes, a saber:

1. La de un sector del electorado venezolano que -ya demostrado el talante genocida del régimen- siguió entronizando al chavismo en el poder (culpa in eligendo).

2. La de la Fuerza Armada Nacional, que al día de hoy es el único factor interno que sostiene al régimen en el poder (grave incumplimiento del deber, y complicidad necesaria).

3. La de las autoridades legítimas (Gobierno Interino y Asamblea Nacional), por su tardanza en dar tan indispensable paso detener este genocidio (negligencia constitucional).

4. La de la comunidad internacional, que no debería esperar al llamado de socorro, pues el genocidio es un crimen de lesa humanidad y, por tanto, su persecución no depende de la voluntad de la víctima.

En los términos expuestos (partes I y II de este artículo); se encuentran algunos de los más importantes fundamentos racionales, morales, jurídico-constitucionales y de orden internacional, para impulsar una acción de fuerza que detenga el genocidio contra la nación venezolana. Nos quedan pocos meses antes de que la Asamblea Nacional termine de ser disuelta mediante un fraudulento proceso electoral ya anunciado. El tiempo transcurre, y cada día son miles y miles los seres humanos que van muriendo o huyendo de Venezuela.

“Ti-tac” es una onomatopeya que se ha puesto de moda, al hablar del caso Venezuela. Suele ser utilizada por quienes envían un mensaje a Maduro, indicando que se acerca su caída, su búsqueda y su captura. Pero antes de ello, y para que tal cadena de sucesos sea posible; las autoridades legítimamente constituidas de Venezuela, deben hacer que esté a su alcance para viabilizarlo.

A día de hoy, ese tictac también comienza a oírse para el Gobierno Interino y para la Asamblea Nacional que, en respeto a la Constitución, deben tramitar las acciones para el uso de la fuerza en pro de la liberación de Venezuela, de manos de la ocupación cubana, así como de agentes de la narcoguerrilla colombiana y del extremismo islámico. Ello no significará que la intervención deba ocurrir porque sí, ni mucho menos que sea de manera inmediata. Seguirá tratándose de una posibilidad futura e incierta; pero que ahora pasaría a contar con el andamiaje jurídico interno e internacional, para facilitar su eventual activación. En pocas palabras: Guaidó y la Asamblea Nacional colgarían una espada de Damocles sobre la silla de Maduro.

Ciudadanos, Presidente de la República y diputados de la Asamblea Nacional, escuchen el reloj de la historia: TICTAC.

POR JONATHAN A. GARCÍA NIEVES PARA FORUM LIBERTAS

El Comité Secundario de Escrutinio Legislativo, de la Cámara de los Lores del Reino Unido, ha publicado un informe en el que expresa serias reservas a la ley del aborto impuesta por el Parlamento británico en Irlanda del Norte, en temas como la objeción de conciencia, el aborto selectivo según el sexo del feto, y el poco caso que se ha hecho de la opinión de la gente sobre un asunto tan controvertido.

La nueva ley permite el aborto libre hasta las 12 semanas; hasta las 24 en caso de riesgo para la salud física o mental de la madre, y sin límite de tiempo en caso de que el no nacido presente alguna enfermedad severa o alguna anomalía. Pero el Comité –integrado por legisladores conservadores, laboristas, liberales y de otras fuerzas políticas–, en su documento de finales de abril, tomó nota de algunas irregularidades, tanto del texto legislativo como del proceso que se siguió para ponerlo en vigor el pasado 31 de marzo.

Entre las últimas, sobresale el caso omiso que el Parlamento hizo de los resultados de una consulta pública efectuada en el Ulster entre noviembre y diciembre de 2019, y que arrojó que una inmensa mayoría de los encuestados se oponía a modificar la normativa vigente en el territorio (que hasta ahora autorizaba el aborto solo en caso de peligro para la vida de la madre).

“De las más de 21.000 respuestas recibidas, el 79% manifestó un rechazo general a cualquier cambio en la posición ya establecida en Irlanda del Norte [sobre el tema del aborto]”, refiere el documento de los lores.

https://www.aceprensa.com/ciencia/aborto/irlanda-del-norte-cuando-en-el-tema-es-el-aborto-la-opinion-de-la-gente-no-cuenta/

POR ACEPRENSA

Como una manera de contribuir al discernimiento, con respecto a la justificación de medidas drásticas contra el régimen genocida de Nicolás Maduro; compartiré con mis lectores algunas reflexiones de orden filosófico, teológico-moral y científico-jurídico; y de las cuales haré entrega en dos partes; siendo esta primera la de orden filosófico y teológico-moral.

Algunos sistemas de creencias conciben el uso de la fuerza como un proceder intrínsecamente bestial: como algo propio de seres irracionales; y, por tanto, como un acto siempre cuestionable en el obrar humano. No obstante, la razón indica que, en determinados casos, es absolutamente lógico -por justo y necesario- el recurrir al uso de la fuerza. Hipótesis como la salvaguarda de la vida del inocente, así como el respeto al orden legítimamente establecido, son claros ejemplos en este sentido. Y, en relación con ello, la Historia nos obsequia con muchísimos casos ilustrativos.

El uso de la fuerza es un derecho natural, ejercitable cuando se está en circunstancias que ponen en riesgo la integridad de la persona humana y/o de los pueblos. Instituciones jurídicas como la legítima defensa, el derecho de rebelión popular y el derecho a la guerra justa, así como la norma moral internacional (el Deber de Proteger); tienen fundamento en este derecho natural.

Como todo derecho, el uso de la fuerza tiene un marco regulatorio. Son universalmente conocidas las circunstancias que han de concurrir, para que la víctima -individual o colectiva- resulte legitimada para el uso de la fuerza. Existe normación constitucional y legal en Venezuela, así como abundante doctrina universal sobre la materia; tanto en el orden científico-jurídico, como filosófico y teológico.

El uso de la fuerza es algo lógico, correcto, legítimo, justo y necesario en determinados casos. Y, precisamente por ello, resultan loables tanto las instituciones jurídicas que lo contemplan, como los sujetos (personas, autoridades y países) que, por principio de Bien Común, accionan oportuna y contundentemente en este sentido.

Pensando en quienes defienden un pacifismo extremo, fundado en una concepción reductivista (meramente espiritualista) del ser humano; que son los mismos que confunden la paz internacional con la mera ausencia de guerra, y la paz inter-personal con la pusilanimidad de quien, indebidamente, tolera la violación de su propia dignidad de persona humana; vale preguntarnos: ¿por qué cuentan los países con academias militares y con escuelas de policía? ¿Es un oficial armado un salvaje por antonomasia? Si el uso de la fuerza es algo siempre irracional e indebido ¿por qué rendimos honor a los próceres militares, o a nuestros efectivos policiales cuando cumplen fielmente su deber? ¿Acaso las operaciones militares para combatir a Hitler y Mussolini, fueron actos deplorables per se? ¿Actuó, acaso, la ONU como un cenáculo de salvajes, al reconocer la existencia de la responsabilidad de proteger? Las respuestas son obvias y surgen de la sola razón.

En Venezuela, millones de personas están siendo sometidas a un genocidio sui generis. El narco-régimen de Maduro perpetra una combinación sistemática de muertes intencionalmente causadas (mediante represión y exterminio selectivo), con tantas otras causadas de manera culposa (mediante la gestión de políticas públicas absurdas y aberrantes, que conducen al hambre y la escasez de medicinas, así como a la ineficacia total y absoluta de los sistemas de salud y seguridad ciudadana, entre otros). En Venezuela, el régimen siempre mata; unas veces porque quiere hacerlo, y otras tantas porque no sabe lo que hace; pero el régimen siempre mata en una retorcida mezcla de maldad, torpeza e ignorancia.

Desde el punto de vista de la Moral Cristiana, el uso de la fuerza resulta legitimado cuando hay una agresión intrínsecamente inmoral, y cuando todos los demás medios para poner fin a la agresión han resultado impracticables o ineficaces (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. No. 500). El pueblo venezolano está siendo agredido por el régimen genocida de Maduro, y la comunidad internacional es testigo de que se han agotado todos los esfuerzos para una salida pacífica y electoral. A un régimen delincuente, a un estado narcotraficante y terrorista no se le convence; se le vence; y luego se juzga y condena a los responsables.

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POR JONATHAN A. GARCÍA NIEVES

PARA FORUM LIBERTAS

El Parlamento lituano aprobó el pasado 25 de junio por abrumadora mayoría de votos (54 contra 4 y 3 abstenciones) una “Resolución que condena todas las formas de maternidad sustitutiva“. Presentada por diputados democratacristianos, el texto fue apoyado por miembros de otros partidos, en particular los verdes y los socialdemócratas.

La resolución señala en primer lugar que la práctica de los vientres de alquiler es contraria a muchos tratados internacionales: los que prohíben la venta de niños, la trata y la esclavitud, los que garantizan los derechos de la mujer, en particular contra la explotación de sus órganos reproductivos, los que protegen los derechos del niño o rigen la filiación, la adopción o incluso la biomedicina. También recuerda una serie de resoluciones del Parlamento Europeo e informes internacionales que ponen de relieve la violación de la dignidad de las mujeres y los niños afectados, que son tratados como mercancías, y los altos riesgos de trata de personas asociados a esta práctica. Por último, el Parlamento lituano pide que se prohíba la gestación subrogada en la legislación lituana.

El Parlamento hace hincapié en la diferencia entre la adopción, que se practica en interés del niño y tiene por objeto poner remedio a una situación dolorosa existente, y la gestación subrogada, que se centra en el deseo de los adultos de “tener” un hijo concebido con ese fin, y que supone poner fin deliberadamente a una relación familiar. Observa que la disociación de la maternidad entre sus dimensiones genéticas, biológicas y sociales y la multiplicación de las reivindicaciones sobre el niño que provoca, conducen al desorden y a la inseguridad jurídica.

El Parlamento observa además que todos los intentos de regular la maternidad sustitutiva sólo han fomentado el turismo reproductivo y la explotación de las mujeres en los países pobres. También subraya que esta práctica -ya sea abiertamente comercial o supuestamente altruista- es una forma moderna de esclavitud y trata de personas y no puede justificarse ni legal ni éticamente.

El Parlamento llega a la conclusión de que sólo la condena completa y definitiva de todas las formas de maternidad subrogada puede eliminar esta práctica, que viola los derechos y la dignidad del ser humano. Por lo tanto, pide al Presidente de la República, al Gobierno y al Ministro de Relaciones Exteriores que condenen todas las formas de maternidad sustitutiva. Además, les pide que adopten medidas eficaces a nivel europeo, del Consejo de Europa y de la Unión Europea, para garantizar que esta práctica esté prohibida como forma de trata de mujeres y niños, y que los Estados sean libres de negarse a reconocer las falsas filiaciones establecidas en el extranjero sobre la base de la subrogación. Asimismo pide que se impongan fuertes multas a quienes participen en contratos internacionales de subrogación, incluidos los organismos médicos y jurídicos y los intermediarios.

En el plano internacional, el Parlamento lituano está haciendo propuestas muy concretas. Aboga por presentar dos enmiendas a los tratados existentes al Secretario General de las Naciones Unidas. En el primero, el Protocolo Facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía reconocería expresamente la maternidad sustitutiva como un caso de venta de niños. La segunda incorporaría a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para prohibir esta práctica. Por último, los diputados piden al Consejo de Europa que inicie una investigación sobre la violación por parte de los Estados miembros de sus compromisos en virtud del Convenio europeo sobre el estatuto jurídico de los niños nacidos fuera del matrimonio.

Es la primera vez que un parlamento nacional europeo se ha dado cuenta de la gravedad de las violaciones no sólo del derecho internacional sino, aún más, de los derechos y la dignidad de las mujeres y los niños causados por la subrogación y ha propuesto medidas concretas para prohibir esta práctica.

A diferencia de la Conferencia de La Haya, que trata de lograr la aceptación de la subrogación afirmando que la regula, el Parlamento lituano ha entendido que no hay diferencia de naturaleza según los métodos adoptados y que la regulación sólo agrava el problema en los países pobres.

Parece que ha llegado el momento de que la comunidad internacional prohíba la maternidad subrogada. Varios organismos internacionales ya han advertido de las violaciones que comporta. La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la venta y la explotación sexual de niños, Sra. de Boer-Buquicchio, ha dedicado su informe de 2018 a la venta de niños en el contexto de la subrogación. El Parlamento Europeo ya había planteado la cuestión en 2011 y ha condenado esta práctica, que constituye una explotación de los cuerpos y órganos reproductivos de las mujeres, varias veces desde entonces. Por su parte, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, a pesar de las intensas presiones y después de largos debates, rechazó en 2016 un proyecto de informe y recomendación que habría tenido el efecto de admitirlo.

Las preocupaciones de los parlamentarios lituanos también convergen con las de sus homólogos de otros países europeos. Así pues, tras el escándalo de los “bebés subrogados” bloqueados en Ucrania, el diputado sueco Alexander Christiansson presentó a finales de junio al Comité de Ministros del Consejo de Europa una pregunta escrita basada en el Convenio europeo sobre el estatuto jurídico de los niños nacidos fuera del matrimonio, que establece que “la filiación materna de todo niño nacido fuera del matrimonio se establecerá por el solo hecho de su nacimiento”, al igual que en el caso de los hijos de una mujer casada, pero Ucrania registra a la mujer que ha pagado por el bebé como madre en el certificado de nacimiento, en violación de la legislación europea.

Publicado en Le Figaro por Claire de la Hougue.

POR FORUM LIBERTAS

Las religiosas han obtenido una gran victoria en la Corte Suprema sobre el mandato que las obligaba a proporcionar cobertura anticonceptiva para los empleados

Las Hermanitas de los Pobres han obtenido una victoria en la Corte Suprema, nueve años después de la oposición de la orden religiosa a aplicar el “mandato de anticoncepción” de la era Obama, que obligaba a los empleadores a proporcionar cobertura anticonceptiva para los empleados a través de sus planes de atención médica.

“Durante más de 150 años, las Hermanitas se han dedicado al servicio fiel y al sacrificio, motivadas por una llamada religiosa a entregar todo por el bien de su hermano”, declaró el juez Clarence Thomas.

“Pero durante los últimos siete años, ellas, al igual que muchos otros objetores religiosos que han participado en los litigios y la reglamentación que condujeron a la decisión de hoy, han tenido que luchar por la capacidad de continuar en su noble trabajo sin violar sus creencias religiosas sinceras”.

En una decisión de 7-2, la mayoría de la Corte se puso del lado de las hermanas en la última ronda de demandas contra ellas por el mandato, esta vez presentada por los estados de Pennsylvania y California, quienes argumentaron que la exención creada por la administración Trump para organizaciones con Las objeciones religiosas o morales al mandato cambiaron el costo de proporcionar cobertura anticonceptiva a los estados y fue defectuoso en el procedimiento.

“Sostenemos hoy que los Departamentos tenían la autoridad legal para elaborar esa exención, así como la exención moral emitida al mismo tiempo”, afirmó la mayoría del jurado. “Además, sostenemos que las reglas que promulgan estas exenciones están libres de defectos de procedimiento”.

La larga batalla judicial de las Hermanitas de los Pobres

La batalla judicial de las Hermanitas de los Pobres, que duró casi una década, se remonta a 2011, cuando la administración Obama exigió a los empleadores que proporcionaran cobertura gratuita para anticonceptivos, esterilizaciones y “control de natalidad de emergencia” en los planes de salud de los empleados bajo el Cuidado de Salud a Bajo Precio Ley (ACA).

Aunque el gobierno de Obama otorgó una “acomodación” a las Hermanitas y otras organizaciones religiosas sin fines de lucro que objetaron, las hermanas demandaron al gobierno en 2013 diciendo que el proceso todavía requería que esencialmente dieran un “permiso” para que la cobertura anticonceptiva se entregue a través de su planes de salud

En 2016, un Tribunal Supremo dividido devolvió el caso a los tribunales inferiores e instruyó tanto a la administración como a las organizaciones sin fines de lucro a llegar a un compromiso en el que la cobertura anticonceptiva gratuita todavía se pudiera ofrecer a los empleados respetando las objeciones morales de los grupos religiosos.

En 2017, la administración Trump otorgó una exención religiosa y moral al mandato de las hermanas y otros grupos de objeción, pero luego los estados de Pensilvania y California presentaron demandas que decían que la carga de proporcionar cobertura se trasladaba a los estados y alegaban que La administración violó la Ley de Procedimiento Administrativo al establecer la exención.

La Corte Suprema tomó su caso contra los estados en enero, escuchando los argumentos por teléfono en abril después de la pandemia de coronavirus.

POR FORUM LIBERTAS

La Cámara de Representantes lanza esta propuesta de ley que prohíbe el aborto después de las seis semanas, momento en el que el corazón de un bebé empieza a latir

El estado de Tennessee ha aprobado un proyecto de ley pro vida denominada “ley de latidos” que prohíbe la práctica del aborto en esta área estadounidense después de las seis semanas de vida del feto.

La Cámara de Representantes y el Senado de Tennessee ha lanzado esta propuesta de ley que sustancialmente prohíbe el aborto después de las seis semanas, momento en el que el corazón de un bebé empieza a latir.

Tennessee: el aborto no puede discriminar

Asimismo, otra de las novedades de la norma es que no se puede abortar por razón de sexo o raza. Además, cualquier “diagnóstico prenatal, prueba o evaluación que indique el síndrome de Down o la posibilidad de síndrome de Down en el feto” ya no es una razón suficiente para un aborto.

El objetivo de la iniciativa está ligada a la toma de consciencia por parte de las madres del hijo que llevan en su interior. Es por eso que la norma propuesta exige a los médicos que determinen la edad gestacional del feto y se lo informen a la madre.

Según el texto de la propuesta de ley las madres que se encontraran en esa situación en Tennessee, tienen derecho tanto a “una ecografía obstétrica como a mostrar las imágenes para que la mujer embarazada pueda verlas”, y a escuchar “el latido fetal del feto, si lo hay”. Además, si deciden finalmente abortar deben firmar un documento por medio del cual afirman que se les presentó esa información o se negaron ellas mismas a recibirla activamente.

Con previsión ante a una eventual apelación legal, los promotores de la norma han implementado en el texto de la ley una medida de seguridad que, según The Tennessean, “promulgará automáticamente prohibiciones de aborto a las ocho, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23 y 24 semanas de gestación, Si un tribunal elimina la prohibición de seis semanas, junto con la detección de un latido fetal”.

“Si bien hay una excepción a las restricciones si la vida de una mujer está en peligro, no habrá excepciones por violación o incesto“, sostiene el diario de Tennessee.

El gobernador Bill Lee, un republicano pro vida, publicó en Twitter: “Una de las cosas más importantes que podemos hacer para ser pro familia es proteger los derechos de los más vulnerables en nuestro estado, y no hay nadie más vulnerable que el no nacido”.

“Hemos aprobado la ley pro-vida más fuerte en la historia de nuestro estado”, agregó Lee, llamando a varios legisladores que ayudaron a pasar el proyecto de ley a través de la Cámara y el Senado.

A las 6 semanas, el corazón de un bebé late 110 veces por minuto, en solo dos semanas más, ese número aumentará a 150-170 latidos por minuto. Con ese crecimiento, es probable que se pueda escuchar los latidos del corazón de un bebé por primera vez alrededor de la semana 9 o la semana 10 de embarazo, aunque puede variar un poco.

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