Solo cinco estados soberanos tenían leyes parecidas, y de ellos cuatro la supeditan o disponen de un programa nacional de cuidados paliativos
ForumLibertas ha iniciado el especial informativo «De Zapatero a Sánchez». Una serie que sirve para repasar la ingeniería social basada en unas leyes que atentan contra la dignidad humana, la vida y la igualdad entre todas las personas, que se iniciaron con la Presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero y que prosigue la de Pedro Sánchez. Es el caso de una tendencia a la antimaternidad.
Esas leyes de las que ha ido haciendo seguimiento este ForumLibertas empezaron con la Ley orgánica contra la violencia de género y prosiguen en la actualidad con leyes como la de la reforma del aborto y la conocida como ‘Ley trans’. Esa ingeniería social se ha apoyado en leyes que han desconectado al ser humano de su naturaleza y a la sociedad de la convivencia y el consenso.
Estas Leyes hacen de España una anomalía en el panorama Occidental. La razón es que leyes como la del aborto, la eutanasia, la igualdad de género, la del matrimonio homosexual, la de violencia de género, la de antidiscriminación LGTBI, y otras muchas, se pueden ir encontrando en diferentes países en mayor o menor medida. Sin embargo, solamente España las ha aprobado todas constituyendo un país profundamente guiado por las ideologías relativistas que han irrumpido con fuerza en el siglo XXI.Hoy repasamos la inseminación artificial de mujeres solteras y un marco muy generoso de convertir a España en destino de la fecundación asistida de toda Europa.
La eutanasia: una ley indigna
El 17 de marzo de 2022 el Gobierno bicéfalo del PSOE y Podemos proseguía con la ingeniería social iniciada por el Gobierno de Zapatero aprobando la Ley de la eutanasia.
España se unía así a solo 4 países que habían regulado la eutanasia en el mundo: Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá. El Congreso de los Diputados, con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones, aprobó la ley promovida por el PSOE, que entró en vigor tres meses después. Para solicitarla, el afectado debe “sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que le cause un “sufrimiento intolerable”.
Así se despenalizaba la eutanasia y se permitía el suicidio asistido, aunque este concepto no se formulara ni una sola vez.
Se trata de una ley injusta e indigna que constituye una ley de excepción. Solo cinco estados soberanos tenían leyes parecidas, y de ellos cuatro la supeditan o disponen de un programa nacional de cuidados paliativos.
La Ley desafía el hecho de que el Estado no puede autorizar a nadie a matar. La vida humana no está a disposición de los poderes públicos. Lo que sí es su deber, que incumple, es aportar todos los medios posibles para curar, aliviar o cuidar a los pacientes ante situaciones de dolor o sufrimiento insoportable.
Además, la tramitación de la ley se llevó a cabo en un Congreso limitado por la declaración del estado de alarma, sin comparecencias ni debates. Ni tan solo se llamó al Comité de Bioética de España, ni tan siquiera se remitió el texto al Consejo de Estado.
En las condiciones que establece la ley, la eutanasia ni es un derecho ni es signo de libertad, porque no existe tal cualidad cuando la opción es sufrir o que el médico te mate. En estas condiciones, la ley de la eutanasia fue criticada porque aumentará la ya de por si grave desigualdad social, porque quienes puedan pagarlos acudirán a los cuidados paliativos, mientras que los ciudadanos con menos ingresos se verán reducidos a la opción a que los condena la ley: sufrir o la muerte a manos de un médico.
La ley que legaliza la eutanasia rompió la igualdad de los españoles, clasificándolos de manera que a unos se les puede matar con su consentimiento, y a otros no, trasladando a la sociedad la idea de que hay personas que no merecen el esfuerzo de ser cuidadas.
Finalmente, la eutanasia no es un acto médico, como proclama la ley, porque liquida la relación de confianza entre médico y enfermo. Al contrario, supone una amenaza grave para la profesión sanitaria y para el sistema sanitario, como lo constatan el Código deontológico de la profesión médica y la Organización Médica Mundial, las advertencias unánimes del Comité de Bioética de España, el Consejo General de Médicos de España y la Sociedad Española de Psiquiatría, entre otras muchas. Es contraria a lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos en sus artículos 3 y 30. Y el texto añade:
«La aprobación de esta ley indigna no es el final de nada, sino el principio de la respuesta ciudadana a favor de la vida digna y la evitación del sufrimiento, y el ejercicio real de la libertad».
Por Ricard Mestres para ForumLibertas.com