El Parlamento canadiense, en Ottawa.
El pasado 9 de marzo, el Partido Liberal del primer ministro canadiense Justin Trudeau presentó a trámite parlamentario el proyecto de ley C-8, cuyo objetivo es prohibir las denominadas “terapias de conversión” y, con ello, impedir que los padres busquen ayuda profesional si un hijo menor de edad dice experimentar atracción por los de su propio sexo, o manifiesta sentirse del sexo opuesto y querer cambiarse los genitales.
El mencionado texto da inicialmente una definición de los procedimientos que se censurarán: serán aquellos “diseñados para cambiar la orientación sexual de una persona a heterosexual” o enfocados en “reprimir o reducir la atracción no heterosexual”. Cabe añadir –“para mayor certeza”, apunta el documento–, que los tratamientos destinados a favorecer la “transición de género”, o sea, el paso del menor al sexo opuesto, no entran en la definición de “terapia de conversión”. O sea, que el progenitor sí puede solicitar ayuda de un experto… siempre que sea para apoyar la disforia de género (DG) y “convertir” al menor en lo que no es.
Una vez aclarado esto, se introduce una reforma en el Código Penal para castigar con hasta cinco años de cárcel a cualquiera que someta a un menor de 18 años a las mencionadas terapias. Asimismo, aquel que las ofrezca como un servicio o tan siquiera las anuncie, puede acabar dos años entre rejas.
POR LUIS LUQUE PARA ACEPRENSA