El Gobierno del presidente Sánchez ha comenzado una guerra cultural. La ha empezado deliberadamente, negando el derecho constitucional de los padres a la educación moral y religiosa de sus hijos, tal y como establece el artículo 27.2  de la Constitución, que asimismo les faculta para intervenir en la gestión escolar en el artículo 27.7.

Por su parte la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 26.3 establece que Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que deberá darse a sus hijos.

Desconocemos las razones que impulsan al Gobierno a tal conflicto. Pueden ser diversas. Puede obedecer al interés en polarizar el país, en dividirlo en dos frentes, pensando que de esta manera mantiene movilizado a su electorado.

Puede considerar también que, dado que su programa de Gobierno pactado con Unidas Podemos (UP) no es realizable, en la medida de que carecerán de los recursos económicos necesarios, impulsa conflictos en el ámbito de los principios y la moral para desviar el eje del debate.

También puede suceder que se considere tan seguro de la prepotencia de la ideología que lo cimienta, la perspectiva de género, que no admita la más mínima réplica del adoctrinamiento que van desarrollando con los escolares de edad infantil y adolescente. Incluso puede ser que se haya visto arrastrado a la actual beligerancia por el radicalismo de UP.

En definitiva, desconocemos los motivos, pero sabemos que la guerra ha sido declarada y que se intenta erradicar de una vez por todas la prioridad educadora de los padres, para asignarla en exclusiva al estado. De esta manera mis padres serían los responsables del cuidado y alimentación de sus hijos, de proveerles de los aspectos materiales, pero sus conciencias quedarían en manos del estado. Y esto es muy grave, por esta razón hay que dar la batalla, pero hay que darla con sentido de la unidad y la inteligencia.

El Gobierno de Sánchez por boca de sus ministras siembra deliberadamente la confusión cuando aborda el tema del derecho de los padres. Porque no se trata de que se enseñen determinadas materias, sino del cómo se enseñan, incluyendo el vocabulario específico.

El Gobierno juega a la confusión en este punto y las dos ministras, Celáa y Montero, practican la demagogia de vuelo gallináceo, presentando a los padres que defienden su derecho fundamental, reconocido por la Constitución, como homófobos, machistas y partidarios de la violencia contra la mujer. Ambas ministras marcan con una cruz a todos los padres que se niegan a que sus hijos los eduque el estado, y para ser más exactos, el gobierno Sánchez, para que sean acribillados por la opinión publicada y las redes sociales. A ella al gobierno hay que recordarles que quien siembra vientos recoge tempestades.

El Gobierno español debe asumir en todo esto que posee una visión ideológica, es decir de parte, para nada universal, y que debe reconocer a la otra parte, y respetar la responsabilidad educadora de los padres, como un derecho y una práctica buena, a la vez que debe reconocer que el  intento de robarles este derecho solo acarrea resultados malos que se añaden a los que registra este país en el que la  enseñanza es un desastre, comparado con el resto de los países de su entorno.

Y esta es la cuestión, la otra gran cuestión, junto con el derecho a la educación moral y religiosa que poseen los padres, que el Gobierno y en concreto la señora Celáa, intenta eclipsar con esta polémica: la del desastre, en realidad una emergencia educativa, que vive España desde hace años y que el Gobierno socialista se ha manifestado antes y también, ahora incapaz de resolver.

No podemos permitir que el gobierno usurpe la educación moral y religiosa de nuestros hijos.  Esto es pura y llanamente totalitarismo. Ninguna ley, ningún programa puede robar a los padres sus derechos, ningún retorcimiento legal puede secuestrar a sus hijos y formar sus mentes de acuerdo con las ideas de los gobernantes de turno. Hay más: la perspectiva de género es una ideología como otras más.  No forma parte del cuerpo constitucional, y  las leyes que tratan sobre ella han sido aprobadas por una mayoría parlamentaria y pueden ser derogadas por otra mayoría, no constituyen el fundamento de nuestra convivencia en común, y no pueden ser presentados de esta manera sin traicionar a dicha convivencia, y mucho menos pueden pretender limitar el ejercicio de un principio constitucional que no tiene nada que ver con la objeción de conciencia, sino con la responsabilidad primera y última de los padres para la formación de la conciencia de sus hijos.

Es su deber y su derecho, que ahora Sánchez intenta arrebatárselo convirtiendo los hogares en una simple hospedería, y a los padres en solo simples proveedores de bienes y servicios.

Todo esto significa ir destruyendo la familia, y reduciéndola a individuos aislados que dependen en todo y para todo del estado.

Se ha iniciado también una guerra cultural simplemente como consecuencia de la lógica, de la forma de pensar y propósitos del gobierno, que también conlleva la destrucción de la familia.

Esta otra, derivada de la guerra cultural, se hace evidente en el anuncio de que el estado debe prepararse y asignar recursos para acoger a millones de inmigrantes que son necesarios para ocupar los puestos de trabajo. Lo grave de este anuncio del ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, no nace de la voluntad de atacar a nada ni a nadie, sino de la mentalidad.

El desequilibrio de las finanzas de la Seguridad Social a largo plazo, guardan una estrecha relación con la aguda crisis de natalidad que vive España. Un país en el que, a diferencia del común europeo, no existen políticas familiares dignas de este nombre. Este grave vacío responde a un sesgo ideológico específico de la socialdemocracia española, que no es común en Europa, y también de la visión liberal autóctona.

Y ante este escenario la respuesta es gastar para favorecer la inmigración y ni una palabra en relación con la ayuda a las familias y a la natalidad, que para que sea efectiva a largo plazo ha de actuar desde ahora. No solo esto. La política pública antinatalista española llega al extremo que mientras se dedican recursos económicos y atenciones para incentivar el aborto se niega todo tipo de ayuda a las organizaciones no gubernamentales que socorren a las madres en dificultades que, a pesar de ello, intentan y desean tener el hijo. Y esto es así porque para la perspectiva de genero y su feminismo es mejor abortar que dar a luz, para la emancipación de la mujer.

Todo esto exige una cumplida respuesta desde la sociedad, desde las familias. Hemos de exigir respeto por parte de los gobernantes a nuestros derechos como padres, y también hacia nuestros puntos de vista como ciudadanos. El gobierno, aunque no los comparta, debe respetarlos, porque la democracia se basa en ello. En este sentido, las declaraciones de la ministra de educación, de la ministra de igualdad y del vicepresidente del Gobierno, acusando a los padres que quieren ejercer sus derechos, son ofensivas y deben ser retiradas públicamente, porque el poder que ostentan no les da derecho a menospreciar a los ciudadanos. Si no lo hacen estos ministros dejan de representarnos, con todas las consecuencias que ello comporta.

POR FORUM LIBERTAS