El pasado mes de junio, el gobierno de España aprobó remitir al Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. La normativa abarca los diferentes ámbitos en que pueden ocurrir situaciones de este tipo, confiere mayores poderes a los funcionarios públicos que les hacen frente, marca nuevos plazos a la prescripción de delitos violentos contra los menores, pone énfasis en la formación de los progenitores, e introduce la perspectiva de género en distintos puntos del articulado.
¿Se precisaba una ley así? Para Javier Urra, primer Defensor del Menor en España, el país siempre ha tenido una muy buena legislación en general y de protección a la infancia en particular, ya desde el año 1996, y posteriormente con las normas promulgadas por las comunidades autónomas.
Para proteger a la infancia, un proyecto de ley con claroscuros
POR ACEPRENSA