POR GONZALO VELARDE EN EL ECONOMISTA
26/01/2021
Alejandro Macarrón, director general y fundador de la Fundación Renacimiento Demográfico: “Necesitamos un 70% más de nacimientos en España para garantizar el sistema de pensiones”
El director y creador de la Fundación Renacimiento Demográfico, Alejandro Macarrón, es una de las voces autorizadas en nuestro país acerca de la evolución de la población y de los efectos socioeconómicos de la tendencia de envejecimiento que experimentan las principales potencias desarrolladas a nivel internacional
En plena negociación entre el Gobierno y los agentes sociales sobre la reforma de pensiones, Alejandro Macarrón, director de la Fundación Renacimiento Demográfico, atiende a elEconomista Pensiones y argumenta las carencias de las recomendaciones emitidas recientemente por el Pacto de Toledo al eludir el problema de natalidad en España y el efecto que tendrá en el medio plazo sobre la viabilidad financiera del sistema público. Así, Macarrón reclama medidas enfocadas a incrementar el número de nacimientos en forma de beneficios fiscales para los progenitores.
El envejecimiento demográfico es una realidad en España y Europa, ¿cuáles serán los efectos más inmediatos sobre el sistema de pensiones en nuestro país?
De forma directa, una tendencia a la reducción de la proporción entre activos y pensionistas, lo que implica, o bien un déficit creciente del sistema de pensiones tradicional (las cotizaciones a la Seguridad Social pagan las pensiones actuales), o menores pensiones, o ambas cosas a la vez. Y si se suben los tipos de las cotizaciones sociales, ya muy altos en España, se penaliza la creación de empleo. De forma indirecta, por el efecto depresivo sobre la economía que entraña el envejecimiento social, también cabe esperar que se recaude menos con el resto de figuras impositivas del Estado. Por consiguiente, lo de que “si las cotizaciones no alcanzan para pagar las pensiones, las complementamos con más impuestos” podría acabar siendo, o bien una quimera, o una forma moderna de malherir la gallina de los huevos de oro: la economía productiva.
¿Qué le parece que el Gobierno estudie la eliminación del Factor de Sostenibilidad que iba a entrar en vigor en 2023?
Es consecuencia del enorme poder de voto del colectivo pensionista. De hacerse, la lógica política electoralista se impondría a la racionalidad económica, aunque a la larga eso empeore la salud económica de España, y con ello, la propia sostenibilidad futura de las pensiones.
¿Cree que el aumento de esperanza de vida comporta un problema para las pensiones en términos de financiación?
Si no se retrasa la edad de jubilación de forma correlativa a ese aumento, sí. Y si además -como sucede- la población en edad laboral tiende a reducirse por la menor natalidad en las décadas previas, aún peor.
¿Cómo valora las propuestas del Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones? ¿Qué medidas echa en falta entre las recomendaciones de la Comisión?
Es incomprensible que la bajísima fecundidad española -que implica que cada nueva generación de españoles sea un 40% menos numerosa que la anterior, o menos-, que socava a la larga la base demográfica del sistema de pensiones y de la economía en general, no ocupe un lugar destacadísimo en las preocupaciones, actividades y recomendaciones del Pacto de Toledo. En sus 25 años de existencia, la Comisión no ha prestado la atención que merece a nuestra escuálida y suicida tasa de natalidad. Lamentable.
¿Qué solución se puede ofrecer desde la Administración para revertir el grave problema de natalidad que hay en España? ¿Qué tipo de medidas se pueden impulsar?
Lo primero que debe hacer la Administración es incluir en su agenda el problema de la natalidad como uno de los principales de España, y concienciar a la sociedad española de esto mismo. Debería fomentar investigaciones serias y rigurosas sobre cuáles son las razones de que se tengan tan pocos hijos y sobre las posibles soluciones. Indudablemente, debería revisar todo su código fiscal y de prestaciones públicas para dar, donde tenga sentido (como en IRPF, cotizaciones sociales y pensiones), un tratamiento más favorable al contribuyente o perceptor de prestaciones en función de su número de hijos. Y debe repensar y reformar un buen número de leyes que afectan negativamente a la natalidad en España. Pero esto no es solo cosa de la administración. La sociedad civil -incluyendo las empresas, en sus programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)-, los intelectuales y los medios de comunicación también deben participar en un gran empeño nacional -y regional, y local- por recuperar la natalidad perdida. Esto es cosa de todos, de mujeres, hombres, ricos, pobres y mediopensionistas.
¿Cree que el envejecimiento general de la población hará cambiar los patrones de consumo? ¿Qué importancia tendrá en el medio plazo la conocida como ‘silver economy’ (economía de plata)?
Sin duda. Excepto algunos bienes y servicios como los sanitarios, en general, los más mayores consumen menos que las personas jóvenes y de mediana edad de casi todo. La silver economy tendrá una importancia creciente, porque el segmento de población que la protagoniza está creciendo y lo seguirá haciendo durante varias décadas. Pero el florecimiento de la “economía de plata”, aunque valioso, no podrá compensar globalmente la alarmante disminución del número de adultos jóvenes y de mediana edad.
¿Cómo valora la propuesta del Ministerio de Seguridad Social de ampliar a 35 años cotizados el periodo de cálculo para la base reguladora de la pensión?
Me parece muy correcta. Es inaceptable que cobren una pensión apreciablemente distinta dos jubilados que cotizaron en total lo mismo cuando estaban en activo, pero uno lo hizo sobre todo de joven y el otro de más mayor.
Desde la perspectiva demográfica, ¿cuánto porcentaje o volumen de nacimientos sería necesario aumentar para garantizar el sistema de pensiones?
Necesitamos aproximadamente 70% más nacimientos para llegar a 2,1 hijos por mujer, el nivel de reemplazo (realmente, los sistemas de pensiones actuales fueron diseñados y eran sostenibles con tasas de fecundidad mayores que esa, pero con 2,1 ya nos podríamos dar por satisfechos). Porcentualmente parece mucho, pero en realidad bastaría con que nueve de cada diez mujeres españolas tuvieran un hijo más que ahora.
¿Qué factor debe desempeñar la inmigración en el proceso demográfico? ¿Será necesaria para sostener las aportaciones al sistema y las futuras pensiones?
Si se gestiona bien, la inmigración juega un papel positivo, sin duda (otra cosa es si se gestiona mal, como hasta ahora en España, donde siguen llegando inmigrantes extracomunitarios en masa pese a haber tasas de paro altísimas, y especialmente entre los de fuera de la UE). Pero no es suficiente en ningún caso para cubrir del todo el hueco demográfico que crea la baja fecundidad nativa. Con excepción de los europeos occidentales que trabajan aquí, al ser poco cualificados la gran mayoría de los inmigrantes, y tener muy altas tasas de paro por el efecto llamada -y de retención aquí, aunque el inmigrante no tenga empleo- que produce nuestro Estado de Bienestar, los extranjeros en España aportan poco en cotizaciones sociales e IRPF al Estado. Y a la larga, también cobrarán su propia pensión. Es hacerse trampas en el solitario -además de moralmente cuestionable, porque implica fomentar desarraigos familiares-personales- basar la política demográfica de España en la idea de que “no pasa nada si los españoles no tenemos suficientes niños, que ya vendrán inmigrantes a trabajar aquí para pagarnos las pensiones”. ¿Y si no vienen casi en una o dos décadas, cuando la sociedad española tienda a la decrepitud? ¿Y si también en el futuro, como ocurre ahora, los inmigrantes no comunitarios -los únicos que podrían venir en números apreciables- aportan de media la tercera o cuarta parte de lo que un español promedio en ingresos fiscales y cotizaciones sociales? Así pues, inmigración bien gestionada, sí. Pero no basta, ni de lejos. Sí o sí, España necesita más nacimientos, o las pensiones -y muchos más elementos esenciales de nuestro bienestar material y afectivo- corren un grave riesgo en el futuro.
26/01/2021
POR GONZALO VELARDE PARA EL ECONOMISTA