EL GOBIERNO SÁNCHEZ INICIA SU OFENSIVA ANTICATÓLICA: ¿NUEVA LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA?

La presidenta del Consejo de Estado advierte que la Iglesia “está llamada a no salirse de las atribuciones que le son propias porque es al Estado al que le corresponde legislar”

La que fuera la mujer más poderosa de España en la época del Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero (sólo superada en la democracia española por la popular Soraya Sáen de Santamaría) ha afirmado que España necesita una nueva Ley de libertad religiosa.

La socialista María Teresa Fernández de la Vega ostenta en la actualidad la Presidencia del Consejo de Estado y tuvo la oportunidad de hablar ante representantes eclesiásticos en la Fundación Pablo VI donde defendió paradójicamente un Estado laico, algo que en la praxis ya existe aunque en la constitución se defina a España como un estado aconfesional.

“No es sólo una exigencia política irrenunciable. Es también un requisito para la convivencia en libertad. Cuando se confunden los ámbitos de cada cual es cuando llegan los problemas”, afirmó la ex vicepresidenta del Gobierno. De la Vega resucita así antiguos fantasmas a los que la izquierda del PSOE le ha sabido sacar rédito electoral y político en los últimos años, ya que esa separación no sólo existe, sino que, incluso, ha conseguido desplazar el debate de ideas propuesto por los católicos en la vida pública.

En la conferencia estaban presentes el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez, el nuncio apostólico en España, Renzo Fratini, y la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.

Según De la Vega, “queda pendiente la elaboración y aprobación de una nueva ley integral de libertad religiosa que aborde hoy, de manera completa, el proceso de separación entre Iglesia y Estado y actualice sus previsiones a los nuevos tiempos”. Sin llegar a pronunciarse en detalle a qué se refería con actualizar la separación entre Iglesia y Estado, puede leerse entre líneas que se refería a temas como la exención del impuesto del IBI por parte de la Iglesia católica, una exención que no es privilegio de la Iglesia, sino de todas las religiones, los sindicatos, las sedes de los partidos políticos, las fundaciones y todos los edificios gubernamentales. ¿Eliminará esa exención el Gobierno también para todos esos colectivos? También se podría entender que De la Vega se refería a los Acuerdos Santa Sede-Estado de 1979, unos acuerdos entre dos países que se dotaron de unas normas básicas para su relación y que deberían ser abordados como tales.

Una “creciente” aconfesionalidad

La presidenta del Consejo de Estado también quiso romper una lanza a favor de esa relación al afirmar que “la sociedad española y la Iglesia deben seguir trabajando juntas sobre todo en resolver los problemas de desigualdad, la xenofobia y los populismos que surgen ante los intensos flujos migratorios” tras resaltar el papel fundamental que jugó la Iglesia española durante la Transición. Para ello destacó el reto de los fundamentalismos religiosos provenientes del extranjero ligados al terrorismo.

“Estamos hablando -explicó De la Vega- del peligro que entrañan los etnicismos nacionalistas para nuestro sistema de convivencia. En palabras del profesor Arjun Appadurai, ya que los mayores criminales y tiranos del mundo han aprendido los lenguajes de la democracia“.

La presidenta aprovechó para volver a advertir a los responsables de la Iglesia que la institución “está llamada a no salirse de las atribuciones que le son propias porque es al Estado al que le corresponde legislar” y afirmó que “guste o no”, en España hay “una creciente aconfesionalidad”. En este sentido, el catolicismo no está llamado a hacer política, pero sí a inspirar ideas a las personas que ejerzan la política, por lo que De la Vega haría bien en aplicarse a ella misma la afirmación de Appadurai.

POR FORUMLIBERTAS

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