22/10/2020
La de la eutanasia es una ley orgánica, que se tramita por la puerta de atrás, evitando el dialogo público, a pesar de la importancia de la ruptura antropológica y moral que representa
El pasado martes día 13, la Mesa del Congreso de los Diputados puso fin a la congelación del proceso de aprobación de la ley de la eutanasia. Hasta ahora, semana tras semana, el procedimiento estaba paralizado mediante la prórroga del plazo de admisión de enmiendas. Ahora la comisión emprenderá sus tareas de debate del articulado. Se inician los trabajos pocos días después de que un órgano asesor del gobierno, el Comité de Bioética de España se pronunciase en contra por unanimidad, algo que no sucedió con temas tan conflictivos como el aborto, y la maternidad subrogada. La mayoría del PSOE y Podemos, no solo no le ha hecho ningún caso, sino que han presentado enmiendas a su propio texto, que liquidan los plazos garantistas, el tipo de declaración anticipada y la forma de confirmar el deseo de morir si la persona ya no posee todas sus facultades, así como la practica de la muerte legal en el domicilio privado. También despenalizan totalmente el delito. El resultado de todo esto sería una ley carente de garantías, sobre todo para las personas más dependientes y de facultades limitadas. Claro que tampoco han atendido a los argumentos de la declaración de ciento cincuenta catedráticos y profesores de Derecho, ni al manifiesto de Los 7000 firmado por más de cien personalidades de la vida civil española. Por la forma de tramitación, la ley (no era un proyecto del gobierno, sino una proposición de ley del grupo socialista) consigue saltarse el informe del Consejo de Estado, que previsiblemente hubiera expresado disconformidades y reservas. También han limitado al máximo las comparecencias de expertos y de sociedades concernidas, incluidas aquellas que expresan la opinión de personas que viven sus vidas en circunstancias difíciles y dolorosas a causa de la enfermedad. Nada extraño si se considera que lo mismo han hecho con otra importante ley en trámite, la de educación, que por primera vez ha prescindido de la comparecencia de la comunidad educativa.
Resumiendo, la de la eutanasia es una ley orgánica, que se tramita por la puerta de atrás, evitando el dialogo público, a pesar de la importancia de la ruptura antropológica y moral que representa, y el cambio que significa de los fines del estado, que pasa de preservar siempre la vida, a ser responsable de la muerte infringida en determinadas condiciones.
La hipocresía de la unidad
Sánchez y su gobierno claman incesantemente por la unidad ante la pésima situación que vive España, que si no la remedia puede acercarla a una situación de estado fallido. Pero se trata de una unidad que se exige en torno al presidente del Gobierno, para aprobar unos presupuestos perfectamente desconocidos, y para un programa de reconstrucción del que poco se sabe. La unidad debe pedirse en torno a concreciones y no puede ser una especie de voto de confianza para gobernar, al mismo tiempo que el gobierno multiplica las iniciativas que dividen a la sociedad y son creadoras de conflicto. La de la eutanasia es una de estas iniciativas. Dicho de frente, ¿es más importante un presupuesto que la legalización de la muerte solicitada a manos de un médico, convertida además en un derecho?
Estamos ante el abuso del reglamento para aprobar la eutanasia con la menor intervención posible de las instancias del Consejo, sin atender a ninguna de las consistentes críticas que desde la sociedad se han planteado, y la evitación de toda opinión de la comunidad educativa a la ley de educación. A este procedimiento abusivo de la letra de la norma se añade el uso injustificado del decreto ley. Y ahora el corolario más extremo: la voluntad de supeditar el tercer brazo del estado de derecho, el Consejo General del Poder Judicial, a la mayoría de gobierno, eliminando la obligación de que sus miembros sean elegidos por las tres quintas partes de los diputados, lo que fuerza al consenso. Recuerda las prácticas de los llamados gobiernos iliberales de Polonia y Hungría, con la diferencia a favor de estos últimas que allí, al menos, la mayoría gubernamental es mucho más amplia. Casi simultáneamente una ministra, Irene Montero, especializada en atizar enfrentamientos, anunciaba en sede parlamentaria la modificación de la actual ley del aborto (que por cierto está pendiente de un recurso de inconstitucionalidad en el TC desde hace diez años, diez), y pocos días después también en un acto oficial, una rueda de prensa conjunta con la ministra portavoz, arremetía contra la monarquía. Con anterioridad surgió del gobierno el globo sonda de aplicar un IVA del 21% a la enseñanza concertada. Y todo esto en el contexto de un gobierno que no sabe qué hacer con la pandemia, y que logra las peores previsiones económicas de Europa, que además empeoran mes tras mes.
¿Por qué esta lluvia de legislación queridamente divisiva, sin capacidad para escuchar y dialogar? ¿Como puede pretenderse la unidad en estos términos? Lo responsable consistiría en aplazar toda ley divisiva hasta que no superemos la pandemia y el derrumbe económico, dando prioridad al aunar voluntades y esfuerzos para afrontar ambos retos.
La desigualdad y la eutanasia
La eutanasia va bien como mal ejemplo. El gobierno alza la bandera de la lucha contra la desigualdad. Pues bien, la eutanasia en las condiciones sociales de España es un terrible instrumento que la aumenta, como ha razonado el Partido Comunista de Portugal ante una ley parecida a la española. Y esto es así porque los más débiles, los más abandonados, quienes poseen menores recursos, son los más propensos a terminar sus días de aquella manera. Esta debilidad ya se manifestó de manera escandalosa con el cribaje de los ancianos de las residencias, impedidos por la propia Administración pública de acceder al hospital, y muriendo en sus camas sin otro tratamiento médico que no fuera la sedación terminal, si acudían a la sanidad pública. Y eso sin ley de la eutanasia.
En España hay un total de 1.346.369 de personas dependientes. De ellas, 234.577personas no reciben ninguna prestación a pesar de que han sido reconocidas como dependientes. El resultado es trágico La Covid-19 y sus efectos colaterales se ha ensañado con ellos: el 31 de mayo de 2020 había en España 31.225 personas menos con derecho a una prestación por dependencia que el 29 de febrero del mismo año.
Al menos 4,2 millones de personas se encuentran en pobreza severa, medida como el 40% de la mediana de renta del país por unidad de consumo.
Hay más de 2 millones de personas mayores de 65 años que viven solas. De ellos 850.000 tienen 80 o más años y la gran mayoría son mujeres: 662.000. Sobre este grupo social, el XXV Congreso de la Sociedad Catalana de Geriatría y Gerontología (2019) de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña, advirtieron precisamente de su vulnerabilidad.
Todos estos millones de personas son mucho más susceptibles de incurrir en la eutanasia, que los grupos de población con más medios. Y es que como en todo -solo que aquí es más extremo- las condiciones de vida son decisivas para optar por la muerte. ¿Se puede llamar libertad a esto?
España posee uno de los peores sistemas de cuidados paliativos de Europa, en términos de sanidad pública. Cada año más de 80.000 personas mueren sin poder recibirlos según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. A menos que, claro está, pueda pagárselos. Lo que se platea como un derecho en la actual ley no es tal, porque la alternativa a que te mate el médico es el sufrimiento, y eso no es una opción, ni un derecho, sino el forzamiento de la voluntad; un castigo. ¿No sería lo más lógico buscar un punto de acuerdo, mediante una ley de cuidados paliativos que comprendiera al cien por cien de la población? Esto en definitiva evitaría la cuestión principal: el sufrimiento, y no dividiría, uniría. Entonces, ¿por qué eligen la vía del enfrentamiento?
La sociedad acabará asumiendo que son gobernados por unas gentes que fundamentan su política en la búsqueda de la crisis y el conflicto. Y es así porque quien tiene el poder es el principal responsable del clima político y de sus consecuencias. El rechazo a tal acusación es muy sencillo: retiren las leyes e iniciativas divisivas, y sustitúyanlas por propuestas inclusivas y de consenso. Entonces quien se quede fuera quedará retratado como provocador. Mientras esto no suceda, el provocador es el gobierno de Sánchez.
Artículo publicado en La Vanguardia
POR JOSEP MIRÓ I ARDÈVOL PARA FORUM LIBERTAS